Los incendios del verano y la avalancha migratoria de Ceuta han vuelto a demostrar que la profesión de riesgo “ya no es un debate teórico, sino una realidad” diaria advierten los guardias civiles. En apenas unos días, los agentes han sostenido la primera línea de los incendios más graves de la temporada y han tratado de contener una entrada masiva que ha desbordado la frontera sur y ha obligado a movilizar a decenas de unidades. Dos crisis simultáneas que han puesto de nuevo en evidencia que Interior sigue sin garantizar un reconocimiento que el cuerpo considera imprescindible.
La paradoja se ha hecho más evidente tras la reunión del 28 de julio, en la que sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil reafirmaron su unidad de acción y recibieron un mensaje que ya genera inquietud dentro del cuerpo: la propuesta definitiva no llegará hasta septiembre.
Tras el encuentro los guardias civiles hablan de “diálogo”, “responsabilidad” y “unidad”, pero también de expectación y vigilancia. Las organizaciones han trasladado a Interior sus conclusiones finales después de semanas de análisis técnico, y han reiterado que la inclusión de Clases Pasivas es una prioridad absoluta. No aceptarán un texto “troceado” ni una “compensación parcial” que deje fuera a los guardias civiles más veteranos, integrados en un régimen que Interior sigue sin saber cómo encajar en el nuevo modelo de jubilación.
Mientras tanto, sobre el terreno, la realidad es otra. Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo obligaron a evacuar decenas de municipios y pusieron a prueba a los agentes de Seguridad Ciudadana, que fueron -una vez más- los primeros en llegar. Evacuaron viviendas, auxiliaron a personas con movilidad reducida, cortaron carreteras y colaboraron en la extinción cuando la situación lo exigía. Muchos doblaron turnos, renunciaron a descansos y acudieron a los avisos sin mirar el reloj. Todo ello sin el reconocimiento de profesión de riesgo que Interior sigue aplazando.
La avalancha migratoria de Ceuta ha añadido una nueva dimensión al debate. “La profesión de riesgo es una realidad. Basta con ver lo que ocurre cada verano con los incendios o, en el caso de Ceuta, lo que viven a diario nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, explican a Artículo14 agentes de la Guardia Civil. “Hay profesionales que salen a trabajar sin saber con qué situación se van a encontrar y que asumen un riesgo físico y psicológico que va mucho más allá de lo que implica cualquier otro empleo”.
Los guardias civiles insisten en que ese riesgo debe tener un reconocimiento real. “No solo cuando ocurre una tragedia o cuando vemos imágenes impactantes en televisión, sino todos los días. Porque cuando un agente interviene en un salto a la valla, en una operación contra el narcotráfico o sufre una agresión, también está poniendo en juego su integridad”, recuerdan.
La presión migratoria, además, está dejando zonas críticas desprotegidas, especialmente frente al narcotráfico. “Cuando concentramos a decenas de agentes en rescates y atención humanitaria, la frontera queda desprotegida para todo lo demás”, advierten.
En Ceuta, esa falta de recursos tiene un impacto directo, avisan, se traduce en menos patrullas, menos vigilancia marítima y menos capacidad para detectar embarcaciones rápidas o movimientos de las redes criminales que operan en el Estrecho. “El riesgo no es solo para quienes intentan llegar a nado; también para la seguridad de la frontera sur, porque los narcos aprovechan cualquier hueco operativo”, advierten.
El debate, subrayan, “no va de privilegios”. “Estamos hablando de reconocer una realidad objetiva y de que ese reconocimiento tenga consecuencias en términos de protección, derechos y condiciones laborales. Si todos coincidimos en que son quienes están en primera línea cuando hay una emergencia o una situación de especial peligro, lo lógico es que ese compromiso también se refleje en la legislación”, subrayan agentes que están sobre el terreno.
Costear el cambio
Pero uno de los mayores escollos sigue siendo el coste. Interior no aclara si podrá costear el cambio normativo. La vía presupuestaria que impulsa la Secretaría de Estado de Seguridad, por ahora, no convence a nadie y es en la que se parapetan para alargar en el tiempo la decisión. El Gobierno no ha logrado aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura y el departamento de Grande-Marlaska ni siquiera habría incluido el coste de la profesión de riesgo en la propuesta de gasto enviada a Hacienda por lo que muchos creen que solo están en la fase de escenificación. Aun así, se mantienen “expectantes”.
Los guardias civiles ya han advertido de que quieren que esa partida sea aprobada mediante un Real Decreto, una fórmula ya se ha utilizado con otros colectivos. Pero tampoco esa vía parece sencilla en un contexto político incierto. Mientras, miles de agentes que arriesgan su vida cada día siguen sin saber si podrán prejubilarse en condiciones dignas.
Aun así, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles intentan transmitir calma: “No vamos a dejar a nadie atrás”. Pero dentro del cuerpo, la pregunta es otra: ¿Cuánto más tendrá que pasar para que Interior reconozca el riesgo real de quienes la protegen?
Septiembre será la nueva fecha clave y los guardias civiles, una vez más, seguirán en la primera línea mientras esperan una decisión que lleva años aplazándose.
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