Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil ha reactivado un conflicto que parecía encauzado: el reconocimiento de profesión de riesgo podría llegar únicamente para los agentes que cotizan en Seguridad Social, dejando fuera a miles de funcionarios integrados en Clases Pasivas, el régimen al que pertenecen la mayoría de guardias civiles y los policías nacionales incorporados antes de 2011.
La advertencia es directa: “No aceptaremos un acuerdo dividido”. El mensaje llega después de que Interior trasladara avances técnicos únicamente para el colectivo de Seguridad Social, lo que ha encendido las alarmas entre las asociaciones profesionales, especialmente en la Guardia Civil, donde el malestar es creciente.

Dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil conviven hoy dos realidades que explican buena parte del conflicto: el régimen de Clases Pasivas y el de Seguridad Social. No es un tecnicismo, sino una frontera administrativa que divide a miles de agentes según el año en que ingresaron y que ahora condiciona directamente el reconocimiento de la profesión de riesgo.
Agravio comparativo
Los funcionarios incorporados antes de 2011 pertenecen a Clases Pasivas, un sistema histórico en el que el Estado asume directamente el pago de las pensiones. Es un modelo antiguo, heredado de la función pública tradicional, que no depende de cotizaciones mensuales sino de los años de servicio acumulados. La mayoría de guardias civiles y muchos policías veteranos están en este grupo.
A partir de 2011, los nuevos agentes pasaron a integrarse en la Seguridad Social, igual que cualquier trabajador del régimen general. Cotizan mes a mes y su jubilación se calcula con las reglas comunes del sistema. Esta dualidad -dos agentes, mismo uniforme, distinto régimen- ha permanecido latente durante años, pero ha estallado ahora con la negociación de la profesión de riesgo.

Interior ha avanzado en los últimos meses únicamente en la parte que afecta a Seguridad Social, donde la implantación de coeficientes reductores es técnicamente más sencilla. Para Clases Pasivas, en cambio, no hay calendario, ni propuesta concreta, ni un mecanismo claro que permita equiparar la jubilación anticipada a la del resto de cuerpos policiales. El resultado es una desigualdad que las asociaciones consideran inaceptable. Y es que, agentes que realizan las mismas funciones, afrontan los mismos riesgos y trabajan bajo las mismas órdenes podrían jubilarse en condiciones distintas solo por pertenecer a un régimen u otro.
