La jubilación de Peinado y los tiempos para sentar en el banquillo a Begoña Gómez

La carrera judicial del juez Juan Carlos Peinado llega a su fin. El 27 de septiembre cumple 72 años, la edad límite para poder estar al frente de un juzgado. Septiembre será un mes crucial para poner fin a su trayectoria. Tiene que volver a elaborar el auto de apertura de juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez. Si bien, apenas tendrá quince días para hacerlo porque antes ha de recibir el escrito de defensa del abogado de Gómez, que solicitó ampliar el plazo ya que se acaba de incorporar a la causa.

Durante toda la instrucción defendió a la esposa del presidente el abogado y exministro Antonio Camacho. Cuando la Audiencia Provincial avaló que Begoña Gómez se sentara ante un jurado popular, quien asumió su defensa fue Jaime Campaner, un penalista especializado en este tipo de juicios.

Así las cosas, la fecha límite para entregar el escrito es el ocho de septiembre. Ahí empieza la cuenta atrás en la que Peinado tiene que redactar un nuevo auto de apertura de juicio oral con las últimas correcciones que le hizo la Audiencia Provincial y además convocar a las partes a una vista oral donde todos expongan sus conclusiones finales.

“No sabemos cómo lo va a hacer”, admiten fuentes del caso consultadas por Artículo 14. Durante los dos años de instrucción, Peinado ha demostrado ser un juez poco predecible, por eso todo el mundo está expectante ante este acto final.

En principio, en el nuevo auto solo tiene que subsanar aquellos extremos que le echó para atrás la instancia superior. Gómez y Álvarez serán juzgadas por dos delitos en vez de cuatro: tráfico de influencias y malversación. Los magistrados de la Audiencia Provincial consideran que Gómez se benefició de su condición de esposa del presidente del Gobierno para desarrollar su carrera en la Universidad Complutense.

Además, ven indicios de que utilizó su condición para conseguir financiación para la cátedra. También cree la Audiencia que hubo malversación al intentar beneficiarse de un software que desarrolló la Complutense con financiación privada que había gestionado Gómez. Considera que eso causó un perjuicio a las arcas de la entidad pública. Por último, cree que se benefició del trabajo de Álvarez para que le ayudara en sus actividades privadas cuando estaba ganando un sueldo público.

Por todo ello, las acusaciones populares piden ahora para Begoña Gómez 13 años de prisión y para Cristina Álvarez 11 porque creen que fue cooperadora necesaria de todas estas actividades presuntamente ilícitas. En su escrito de acusación pidieron la declaración durante un juicio de un centenar de testigos. Entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez “por su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto”.

Las sanciones a Peinado

A lo largo de la polémica instrucción, Peinado ha sido denunciado en numerosas ocasiones ante el Consejo General del Poder Judicial que, recientemente, ha decidido archivar tres de las cinco quejas que había interpuestas y proponer una sanción leve que puede suponer una multa de hasta 500 euros para dos de ellas.

Por ello, envío al Tribunal Superior de Justicia de Madrid los casos para que tome la decisión final, ya que le compete por la ley orgánica del Poder Judicial. Son las denuncias relativas a un retraso injustificado en la emisión de una resolución de un caso de una persona anónima y la que interpuso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por el trato que recibió durante su testificación en el caso de Begoña Gómez. Se quejó de 19 reproches del juez: “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, fue uno de los comentarios que soliviantó al juez.

Sin embargo, estas quejas terminarán diluidas en los titulares sobre ellas porque, al estar tan próxima la jubilación, en el Consejo General del Poder Judicial no tienen ninguna esperanza de que el TSJM vaya a resolver a tiempo.