La ley de lobbies bloqueada en el Congreso habría obligado a Zapatero a registrar su actividad como ‘consultor’

“¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?”, preguntó ayer el portavoz de ERC, Gabriel Rufián a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. La acusación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como “presunto líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo” pone de nuevo en el foco la necesidad de regular la actividad de lobby. 

El proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, conocida como ley de lobbies, lleva prácticamente bloqueada en el Congreso desde marzo de 2025, cuando el proyecto de ley del Gobierno superó el debate de totalidad. La Comisión de Hacienda y Función Pública prorrogó en 21 ocasiones el plazo para presentar enmiendas, y finalmente se registraron 115.

Fuentes parlamentarias culpan al PSOE del bloqueo, de que no hayan sido capaz de aprobar el dictamen correspondiente pese a haber reunido a la ponencia al menos en dos ocasiones. Y desde el grupo socialista sostienen que no han dejado de intentar amarrar los apoyos para la norma, aunque la realidad parlamentaria a la que se enfrentan a diario haga que resulte muy difícil.

Urgencia

“Falta voluntad política en un Congreso fragmentado”, advierten desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). La asociación de los lobbistas considera “urgente” su avance. Una petición que han señalado reiteradamente, pero que ante el caso ZP es más acuciante porque perjudica la reputación e imagen de la actividad legítima de representación de intereses. “La indefinición contribuye a la confusión y lesiona la reputación de una profesión necesaria y honorable como es el lobby”, añaden.

Con la ley de lobbies en vigor, José Luis Rodríguez Zapatero habría estado obligado a registrar su actividad como ‘consultor’. La norma prevé el registro obligatorio de quienes se dedican a la actividad, además de la publicidad de todas las reuniones. Así, habría registro oficial de la reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una cita que sirvió para que este departamento perdonara la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social y pudiera acceder al rescate, según revela el auto del juez José Luis Calama.

¿Habría evitado la ley el caso ZP?

“No puede afirmarse que hubiera evitado este caso, pero habría elevado el coste de la opacidad y facilitado distinguir entre una actividad legítima de lobby y una intermediación irregular”, asegura a Artículo14 Irene Matías, vicepresidenta de APRI.

Si existiera una regulación estatal -como reclama APRI y ya aplican las instituciones europeas-, el sujeto que realizara actividades de influencia debería actuar de forma identificable, inscribirse en un registro, declarar los intereses representados y someter sus contactos con responsables públicos a mayores exigencias de transparencia. “Eso no impediría automáticamente que alguien utilizara sociedades interpuestas, pagos indirectos o canales informales para ocultar la verdadera naturaleza de sus gestiones. Pero haría mucho más claro cuándo una persona está actuando fuera del marco permitido“, puntualiza.

Para Matías, la regulación del lobby no sustituye al Código Penal, que tipifica el tráfico de influencias como un delito, pero ayuda a prevenir zonas grises.

Profesionales de los Asuntos Públicos lanzan un manifiesto por la regulación del lobby en nuestro país.

España no puede perder esta oportunidad histórica ni seguir a la cola.

👉 Invitamos a todos los colegas de profesión a #firmar el manifiesto aquí: https://t.co/kuh3IkX7gw

— APRI (@Lobby_ES) January 15, 2026

Sanción de hasta dos años

A su vez, con la ley de lobbies en vigor, el ejercicio de la actividad de Rodríguez Zapatero como ‘consultor’ defendiendo los intereses de Plus Ultra sin haber inscrito en el Registro o falseando datos y documentos podría suponer una sanción de hasta dos años de suspensión de la actividad. Se prevé la cancelación de la inscripción en el Registro, sin la cual no se puede desarrollar la representación de intereses.

Para APRI, la existencia de un régimen sancionador es determinante para hacer cumplir la norma. Una buena prueba de ello es que hasta ahora el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene carácter voluntario y hay inscritas como consultoras profesionales 114 entidades, incluyendo también personas físicas. Ninguna de las entidades relacionadas con el caso figura como tal, ni hay rastro formal de las reuniones mantenidas.

Algo similar ocurre en la propia Cámara, con el Código de Conducta adoptado por las Cortes Generales en octubre de 2020. Este obliga a sus señorías a incluir en sus agendas parlamentarias las reuniones que mantengan con lobbies o grupos de interés, siempre que tengan “conexión directa” con su actividad en las Cámaras. Según el informe de la Oficina de Conflicto de Intereses, que impulsa el registro público de los encuentros de los parlamentarios, en 2024 apenas un 13% de los diputados y un 24% de los senadores cumplieron con este mandato.

Oficina de Conflicto de Intereses

Según explican a Artículo14 fuentes conocedoras, una de las cuestiones críticas que bloquean la ley, es la Oficina de Conflicto de Intereses. Un organismo que el Gobierno en su proyecto de ley mantiene ligada al Ministerio de Función Pública. En su redacción actual, en el proyecto se prevé su adscripción al ministerio competente a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, y el nombramiento de su director general correspondería al Gobierno en Consejo de Ministros, previa comparecencia en el Congreso de los Diputados.

“Si tienes un organismo que es juez y parte, difícilmente, aunque haya conflicto de interés, lo va a evaluar con independencia. Si eres un órgano independiente, te guiarás por una serie de parámetros y será más fácil que haya imparcialidad”, puntualizan desde APRI.

Falta de voluntad

El caso ZP revitaliza mediáticamente este proyecto, como en su día lo hizo el caso Montoro. El pasado verano, el Ejecutivo planteó impulsar la ley de lobbies. Sin ir más lejos, el pasado 12 de mayo, durante un encuentro con representantes del sector, Óscar López pidió a los partidos que apoyen la ley de lobbies.

Con la Ley de Lobbies damos un salto en la calidad democrática de España.

Una norma que ha sido consensuada con el sector y con los grupos parlamentarios, a los que pido su apoyo.

Si sale adelante, será un mérito de país. pic.twitter.com/vSXY6hEUf5

— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) May 12, 2026

Sin embargo, como reconoce otra fuente consultada, esta es una iniciativa que no otorga un rédito político desde el punto de vista electoral. Una explicación que ayuda a entender la falta de voluntad política en el Congreso de los Diputados.