Alba y Laura Rodríguez Espinosa arrancan el curso con una cita pendiente en la Audiencia Nacional. En los próximos días, el juez José Luis Calama las llamará a declarar como imputadas en la causa en la que expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también está imputado por tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos contra la Hacienda Pública.
El juez sospecha que Zapatero intermedió en el rescate de Plus Ultra aprovechándose de su condición de expresidente para favorecer a empresas de su esfera de las que cobraba comisiones supuestamente ilegales. Para dar a las mordidas apariencia de legalidad, según las pesquisas del juez, Zapatero habría emitido facturas falsas justificando servicios de asesoría que no existieron. Ahí entraría el papel de Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero dedicada a labores de marketing.
La compañía habría creado “facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Por “poner bonitos” unos documentos de Word ingresaron más de 800.000 euros. De ahí que los investigadores creen que, para canalizar las mordidas, emitían sus facturas bajo el concepto genérico de “servicios agencia” y “sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones realizadas”.
Zapatero intentó defender la labor de sus hijas durante su declaración: “Tienen una empresa, trabajan bien, y quiero subrayar que por ser quienes son nunca contrataron con la Administración Pública”, argumentó ante el juez.
En teoría, enmoquetaban informes que elaboraba Análisis Relevante, la asesoría del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, también imputado. A través de Análisis Relevante las hijas de Zapatero habrían recibido dinero de Plus Ultra, la empresa a la que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató después de la pandemia por un valor de 53 millones de euros públicos, gracias en teoría a la intermediación del expresidente. A cambio de la gestión, se habría llevado 530.000 euros de comisión que habrían llegado a su bolsillo utilizando Whathefav como instrumento para canalizar los pagos.
De Inteligencia Prospectiva, la empresa de los hermanos Amaro Chacón, amigos del expresidente, también habrían ingresado dinero. En cuatro años, los hermanos pagaron a Whathefav 561.440 euros por sus supuestos servicios. Según la versión de Zapatero, fue iniciativa de los empresarios contratar los servicios de la empresa de sus hijas.
Por otro lado, las hijas del expresidente también ingresaron de Agropecuaria Lucena, otra sociedad de Julio Martínez que realizó pagos a Whathefav en el ejercicio 2020 por valor de 20.993,50 euros. La UDEF sostiene que Agropecuaria también servía para canalizar fondos opacos. Resulta que un bróker venezolano llamado Danilo Alfonso Diazgranados realizó transferencias tanto a Agropecuaria Lucena como a Whathefav “sin declarar esos pagos” de espaldas a la Hacienda Pública.
Las gestiones se las ejecutaba Miguel Palomero, abogado imputado por participar en el entramado. Los agentes de la UDEF reseñaron una conversación en la que Diazgranados le ordenaba enviar dinero a la empresa de las hijas de Zapatero evitando entrar en detalles. “A esta segunda mándale 20.000 en persona, te cuento de quién es”, le dice.
Ahora, Alba y Laura Rodríguez Espinosa tendrán que demostrar en sus declaraciones que las facturas eran reales. Y también por qué su padre aparecía como autorizado de sus cuentas bancarias, las cuales el juez ha pedido también investigar.
Asimismo, Calama citará como investigada a Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente, a quien Zapatero también defendió durante su declaración exultándole de toda actividad ilícita. En su auto de imputación, el juez situó a Gertrudis como “colaboradora de confianza”, con “un papel operativo esencial dentro de la red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias”, puesto que en sus manos está “la elaboración y la cobertura formal de documentación” que usa la estructura.
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