Han pasado seis meses desde que la vida de 46 personas y la de sus familiares se parara para siempre. El 18 de enero un tren de alta velocidad operado por Iryo y un tren Alvia de Renfe colisionaron en el municipio de Adamuz, Córdoba. El Iryo descarriló por la rotura de un carril e invadió la vía contigua, provocando el choque frontal con el Alvia.
Pasa también medio año desde que el Gobierno prometiera celebrar un funeral de Estado por las víctimas mortales del accidente. Un acto que se anunció y se acabó cancelando por el miedo de Moncloa a los abucheos y la petición de algunas víctimas, que consideraron inviable celebrarlo 15 días después del accidente dado que algunas de ellas todavía estaban en el hospital o enterrando a sus seres queridos.

El Gobierno se comprometió entonces a organizarlo más adelante con la Junta de Andalucía pero, de momento, “no hay noticias” al respecto. De hecho, las víctimas ya no esperan ni que tenga lugar. “Quizás sea un poco tarde”, reflexiona Mario Samper, presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, en conversación con Artículo14. “Nadie nos ha llamado para preguntarnos fechas”, incide.
El Gobierno sí ha celebrado un “homenaje” a las personas fallecidas, heridas y afectadas en el mes de marzo coincidiendo con la XXXVI Cumbre Hispano-Lusa que se celebró en La Rábida (Huelva). Un acto de recuerdo estrictamente gubernamental en el que participó Pedro Sánchez y ocho ministros y que tuvo lugar en la Universidad Internacional de Andalucía donde daban clase dos profesores fallecidos en el accidente.

Al hablar con el portavoz de las víctimas y también con algunas de ellas, la sensación que se palpa es la de desánimo respecto al trato recibido por parte de las instituciones. Reconocen que han sufrido en “silencio” y “sin el apoyo de las administraciones”.
Oficialmente solo han sido recibidas una vez –una pequeña representación de ellas- por parte del Gobierno central. Fue el 10 de marzo en el Ministerio de Transportes. Y fue Óscar Puente quien propició el encuentro, que llegaba casi dos meses y medio después del accidente. En esa cita, tal y como desveló Artículo14, las víctimas exigieron al ministro su dimisión por la gestión de la tragedia. “Yo no he soldado el raíl”, contestó a unas víctimas que se quedaron atónitas.

El ministro sí se comprometió con las víctimas a viajar a Huelva para mantener un encuentro personal con todos los afectados y familiares. A día de hoy, esa cita no ha tenido lugar. “No ha cumplido”. “No ha vuelto a hablar con nosotros”, explica Samper. Desde el Gobierno aseguran que no se cierran a que esa reunión tenga lugar pero sin especificar cuando. “Damos por hecho que no viene”, admite Samper.
Pero no solo es voluntad o presencia política lo que reclaman las víctimas. Lo que piden, al hablar con ellas, son soluciones prácticas a sus problemas derivados del fatídico accidente como una modificación urgente del baremo de indemnizaciones vigente, al considerar que no ofrece una reparación justa ni completa para las personas afectadas por este tipo de siniestros.
El colectivo insiste en la necesidad de que el sistema reconozca de forma expresa el daño psicológico y emocional derivado del accidente, estableciendo criterios de evaluación multidisciplinares y cuantías acordes a la gravedad de las secuelas.

Una de las últimas reclamaciones que con más voz se oye entre las víctimas es la de la suspensión del tráfico ferroviario en España hasta tener una certificación técnica que garantice la plena seguridad y “fiabilidad del sistema”, después de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) advirtiera de que no había un sistema dirigido a la detención de roturas de carril. Sobre esa petición, Samper explica a Artículo14 que el Gobierno no ha contestado oficialmente. “Ni ADIF ni la CIAF”, recalca. “Lo que conseguimos es a golpe de nota de prensa”, lamenta.
En este balance sobre las carencias o necesidades tras el semestre del accidente, Samper también denuncia que las oficinas de atención creadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía no están cumpliendo su función: “Quieren que contactemos nosotros con las víctimas”, denuncia.
Pese a las críticas a la gestión del Gobierno, las víctimas piden a los partidos no convertirse en “arma arrojadiza” contra Moncloa. “Nos dan igual los colores políticos”, aseguran.
El apoyo ciudadano
¿Qué han tenido durante este medio año? Una red de apoyo. Entre ellas continúan comunicándose a través de un grupo de WhatsApp. “Son muchas las dudas todavía, las carencias… Desde la asociación tratamos de ayudar, solventar problemas burocráticos…”, explica Samper. Hay ya una web y redes sociales para visibilizar y no olvidar a las víctimas.
Sin homenajes de Estado, lo que no cesa es la ayuda ciudadana. El próximo 23 de julio, el Ayuntamiento de Punta de Umbría y la Asociación celebrará una Gala Musical Benéfica cuyos fondos serán destinados a sufragar los gastos que asume la entidad en su actividad de apoyo a las familias afectadas. Por su parte, la cantante malagueña Diana Navarro ofrecerá el próximo 16 de agosto, a partir de las 22:00 horas, un concierto solidario en la Plaza de la Iglesia de San Andrés de Adamuz.

