Alberto Núñéz Feijóo siempre ha defendido otorgar el pasaporte a los nietos de los españoles que emigraron de España por la Guerra Civil o por el franquismo, incluso por razones económicas. Así lo corrobora su hemeroteca. Por eso sorprendieron en su partido y en la opinión pública las dudas que sembró esta semana sobre la nacionalización de este colectivo a través de la Ley de Nietos. “Sánchez hace ingeniería electoral” y “quiere fabricar nuevos votantes”, dijo en una entrevista en Esradio.
Las palabras del presidente del PP del lunes revolvieron al PP, que cambiaba el tercio del discurso seguido los días anteriores, centrados en denunciar la corrupción socialista y la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Feijóo no cayó en las tesis del pucherazo que abona Vox o incluso Isabel Díaz Ayuso, pero sí dudaba del proceso.
El debate rápidamente se extendió en las filas del partido. “Si habíamos cogido la linde de la corrupción no sé por qué la hemos soltado”, lamenta un alto cargo popular consultado por este periódico. “Hemos desviado el foco del PSOE cuando está cociéndose por la corrupción”, añade otro. “No podemos generar desconfianza hacia nuestro sistema electoral”, se reflexiona desde otra comunidad.
Consciente de la polémica provocada, Génova ha tratado de explicar que sus dudas están no tanto en el fondo sino en las formas que versan sobre la ejecución de la nacionalización de los descendientes del franquismo. En total, 2,6 millones que podrán votar en las próximas elecciones generales según sus cálculos.
(El equipo de Feijóo señala la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia introducida en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática para ampliar los supuestos para acogerse a la nacionalidad, más allá de los exiliados y ampliando el espacio temporal para ello. Una modificación no debatida en el Congreso, pero que lleva en vigor cuatro años sin que el PP haya puesto el foco ahí.
“Tenemos obligación de dudar de todo lo que haga el sanchismo”, sentencian las fuentes consultadas en la dirección nacional. “Hay que estar vigilantes”. Así, en Génova buscan explicaciones y piden un proceso “garantista”, aunque cuidándose de hablar de fraude electoral.
Para poner claridad en el proceso, el PP ha pedido explicaciones en Pleno al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, conocer cómo funcionan los registros consulares civiles, el sistema de cita previa y los plazos en los que se resuelven los expedientes. Quieren conocer el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas y denegadas y un informe sobre la externalización que el Gobierno ha llevado a cabo para el apoyo del trabajo de los consulados. “Pedimos que se haga con limpieza, con garantías y sin arbitrariedad”, en palabras de Feijóo.
Así, por voluntad propia, Feijóo ha introducido esta cuestión en sus discursos. El jueves, aseguró no estar en contra de que un nieto que acredite parentesco pueda tener la nacionalidad española, sino que está en contra de que “sea un trágala con nocturnidad y alevosía”. Y el viernes pasó a hablar de “ingeniería electoral” a “ingeniería social”, remarcando que no tiene “objetivos inocentes”.
Los barones se mantienen al margen
Mientras, a excepción de Ayuso que ha ido dos pasos por delante, el resto barones han optado por no entrar en el debate público. Solo lo hicieron el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mauñueco, pero sin llegar tan lejos y poniendo el foco en la necesidad de legislar una Ley de Nietos con “consenso”.
Para Feijóo, la política migratoria del Gobierno está provocando un “impacto enorme” en los servicios sociales. “¿Han preparado el país para esto? ¿Han preparado el parque de vivienda, la sanidad pública, el conjunto de los servicios públicos? Está claro que no”, avisó.
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