Los trágicos accidentes de Adamuz y Gelida han puesto bajo el punto de mira al Ministerio de Transportes, actualmente en manos de Óscar Puente, pero que anteriormente dirigió José Luis Ábalos, así como a todos los órganos encargados del buen funcionamiento de la red ferroviaria de nuestro país, entre ellos la empresa pública Ineco (que ostenta el monopolio de la supervisión en el mantenimiento de la alta velocidad).
Ineco, cabe recordar, tuvo su momento de protagonismo cuando se desenredaba el caso Koldo, ya que fue la empresa pública que Ábalos usó para forzar la contratación de su novia Jésica Rodríguez, que recibió 34.477,86 euros entre marzo de 2019 y diciembre de 2021 aunque no fue a trabajar, tal y como ella misma reconoció ante los tribunales.
Vox y sus satélites no han dudado en vincular “los fallos” en las infraestructuras al caso Koldo, toda vez que algunos de los protagonistas tuvieron responsabilidades importantes relacionadas con esta Cartera. Cabe retrotraerse a la inversión realizada en la red años atrás, no solo durante la gestión de Óscar Puente. Y ahí es donde afloran las dudas sobre el papel de la trama.
Así, no han tardado en personarse en la investigación judicial del accidente las asociaciones de ultraderecha habituales en ejercer la acción popular en los casos de corrupción que acorralan al Gobierno. Hazte Oír presentó esta semana su escrito de personación y Liberum fue más allá presentado una querella aparte.
Vox también ha emprendido acciones legales por el accidente. Su presidente Santiago Abascal ha llegado a asociar el siniestro con el caso Koldo: “El luto y el silencio no pueden servir para tapar la corrupción, que destruye la confianza en las instituciones”, aseveró.
De la Peña y Pardo de Vera
Desde el partido han presentado una querella contra el actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y su ex presidenta, Isabel Pardo de Vera, por presuntos delitos de homicidio imprudente o imprudencia grave, un delito contra los trabajadores y delitos de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión, entre otros.
La formación les achaca una “grave negligencia en la falta de mantenimiento y cuidado de las vías ferroviarias”. Creen que es necesario que más allá de la investigación del accidente se indague en “la situación y evolución previa del estado de la red ferroviaria en todo el trayecto”.
De esta forma, consiguen involucrar a Pardo de Vera, imputada en el caso Koldo, por “el favorecimiento, de manera recurrente, de diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública a cambio de una contraprestación económica tanto para el entonces ministro José Luis Ábalos, como para su asesor Koldo García”, según reza el auto del juez Ismael Moreno.
El magistrado abrió una investigación a la ex presidenta de Adif por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
Los nombres vinculados
Lo cierto es que existen nombres en los informes de la UCO de la Guardia Civil relacionados con obras de mejora en la ruta ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Son el que fuera director general de Construcción, Juan Pablo Villanueva, y el ex director de Conservación y Mantenimiento, Ángel Contreras.
Ambos figuran en el comité que otorgó una adjudicación pública para la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama, valorada en 54 millones de euros.
Villanueva también está vinculado en las adjudicaciones que otorgó el ministerio a Acciona. En concreto en una adjudicación relativa al tren de Barcelona. Cuando se abrió el concurso para la adjudicación, Pardo de Vera informó a Koldo García del inicio del trámite. Villanueva fue destituido por Puente en julio de 2025 un mes después de que salieran estas conversaciones en los informes de la UCO que lo señalaban.
Asimismo, Koldo García celebró el nombramiento de Contreras y también acudió a él para la adjudicación de un contrato a Levantina Ingeniería, una de las empresas afines a la trama.
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