El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado como investigados el próximo 3 de diciembre a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, vinculados a la empresa Acciona, tras los ocho registros efectuados el pasado viernes en varias sociedades, incluida la constructora, en el marco de las pesquisas por la presunta trama de amaño de contratos públicos a cambio de comisiones.
Además, el magistrado Puente ha levantado el secreto de la pieza separada de la causa judicial donde guardó lo relativo a estas diligencias de entrada y registro. Cabe recordar que la Unidad Central operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao y se incautó de material de uno de sus directivos, Manuel José García Alconchel, director de Zona Sur y África de Acciona Construcción.
En paralelo, otros funcionarios de la UCO entraron en las empresas Tecade y Freyssinet, que obtuvieron en noviembre de 2020 un contrato de la Dirección General de Carreteras para reformar, junto a Acciona, el Puente del V Centenario de Sevilla con un presupuesto de 88 millones de euros.
En esta pieza, ahora integrada en el procedimiento principal, se reflejan esas diligencias de investigación practicadas por la Guardia Civil. Unas actuaciones, contenidas en un nuevo informe policial, que también muestran la presunta adjudicación irregular de determinadas obras públicas. En ese supuesto ilícito, indica el juez, podrían haber participado Pelegrini, Olarte y García Alconchel.
La implicación de Acciona
La UCO halló indicios que sitúan al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la cúspide de un entramado mercantil que recibía presuntos sobornos de constructoras y que se apoyó en otros dirigentes socialistas para manipular concursos de infraestructuras en España, según señaló El Confidencial.
La información intervenida por la Benemérita indica que la organización tenía una tarifa estándar del 2% por proyecto adjudicado. Numerosas empresas pagaron ese precio, pero la principal de Servinabar 2000 SL -empresa de la que Cerdán posee un 45%- fue Acciona, que transfirió casi seis millones de euros a la sociedad entre 2015 y 2024 para asegurarse la concesión de equipamientos públicos, edificios singulares, carreteras y líneas de ferrocarril de alta velocidad de los gobiernos de Pedro Sánchez y María Chivite.
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