El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, regulador del régimen lingüístico del sistema educativo catalán, según la resolución consultada por Europa Press.
La decisión del tribunal, que ha estimado parcialmente el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), implica que, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación presentados, los preceptos anulados total o parcialmente del Decreto quedan sin aplicación.
El TSJC anuló en septiembre del año pasado total o parcialmente más de una decena de artículos de este decreto, aprobado por el Govern en mayo de 2024 para dar seguridad jurídica a las escuelas en sus proyectos lingüísticos y blindar el catalán como lengua normalmente utilizada como vehicular al “contravenir” los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución.
Los artículos que fueron declarados nulos de pleno derecho fueron los 2c, 2d y 2e relativo a finalidades, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.5 de uso de las lenguas, el artículo 6 excepto el apartado relativo a rotulación, 7.2 de lengua castellana, 9.3b de lenguas extranjeras y el 10.1 y 10.2 de acogida y atención lingüística del alumnado recién llegado.
También se anuló el 8a relativo a finalidades del proyecto lingüístico, 19.1e, 19.1f, 19.2a, 19.2b y 19.2d de contenidos del proyecto lingüístico y el 24.2a, 24.2b y 24.2f de mecanismos e indicadores para el seguimiento del proyecto lingüístico, 33 sobre centros educativos y 34.1 de centros privados sostenidos con fondos privados.
La ejecución provisional afecta a los proyectos lingüísticos de los centros y la AEB ha instado al Departamento de Educación a cumplir de forma inmediata la ejecución provisional de la sentencia, según ha informado la entidad en un comunicado.
AEB
La AEB ha solicitado en diversos centros educativos la revisión de los proyectos lingüísticos y recuerda que, tras la ejecución de la sentencia, no se puede sancionar ni a profesores ni a alumnos por utilizar el castellano en el ámbito educativo: “Cualquier intento de hacerlo carecería de base legal, al apoyarse en normas que han sido anuladas por el Tribunal”.
Además, anuncia que está prestando apoyo jurídico a profesores que han sido expedientados y sancionados por impartir sus clases y facilitar materiales en castellano a sus alumnos.
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