Yolanda Díaz llega a su segundo 1 de mayo, día del trabajador, sin tener en vigor, ni si quiera atada, su anhelada reducción de la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas semanales, sin reducción de salario y con el nuevo registro de la jornada como segunda modificación legal de peso. El Consejo de Ministros debía aprobar su proyecto de ley este martes, se pospuso al miércoles para centrar todos los esfuerzos en la crisis del apagón eléctrico del 28-A, y finalmente ha vuelto a retrasarlo hasta el próximo martes.
Desde la Vicepresidencia Segunda asumen esta nueva espera ante la magnitud de la crisis, entre otras cosas porque una semana más o menos, una vez han logrado el acuerdo político con el PSOE, no altera el difícil escenario al que se enfrenta la norma.
Está abocada a una compleja negociación parlamentaria que sólo puede resolverse de dos formas. Una, que incluso algunos dirigentes de Sumar dan por imposible, es evitar el rechazo del PP. Y otra, que sitúa a Díaz y a Junts per Catalunya caminando por el mismo laberinto.
Los siete escaños del partido de Carles Puigdemont son absolutamente necesarios para Díaz, y las presiones a las que se enfrenta el expresident fugado de la Justicia son ya públicas y notorias. Puigdemont, que ha recibido en Bélgica a distintos representantes políticos y empresariales, tuvo que escuchar esta semana un aviso severo y público de la patronal catalana, Foment del Treball.
Su presidente es Josep Sánchez Llibre, también vicepresidente de la CEOE y exdiputado (durante 23 años) de Convergència i Unió, alianza que mutó al PDeCAT y después a Junts, que hoy está dividido entre varias facciones.
Un veterano dirigente político que los conoce bien sintetiza que Junts simplemente “obedece a Foment”, y que el futuro que puede anticipar es que los neoconvergentes tumbarán la reducción de jornada, “con PP y Vox”, “sin manías”. La cercanía entre Junts y la patronal es reconocida y lamentada por la dirección de Sumar, y el líder de Foment no les ha dado mucho margen.
“Va a afectar gravemente. Va a suponer un incremento de los costes laborales del 7%, y un coste para las empresas de 23.000 millones de euros. Va a erosionar los intereses de la mayoría de los trabajadores”. Será “la decisión errónea más grande que puede tomar un Gobierno desde el inicio de la democracia”, disparó en un desayuno informativo.
Sánchez Llibre también distinguió entre las dos almas del Gobierno: la del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es la “dialogante”, según sus cánones. La de Díaz, que ha tenido serios encontronazos con Cuerpo y con la vicepresidenta primera para recorrer este camino, es la que “responde a planteamientos electoralistas e ideológicos”.
No escondió ninguna carta: reconoció que trabajarán, junto con la CEOE, para que “este proyecto de ley naufrague en el Congreso”. “Vamos a intentar incluir una enmienda a la totalidad”, dijo, admitiendo que intentarán “influir” en los grupos parlamentarios.
Junts lleva tiempo mostrando resistencias. Fuentes del Gobierno apuntan a que el principal problema que han planteado los de Puigdemont es el impacto en la medida en las pymes, que representan casi el 99% del tejido empresarial. Cuatro de cada 10 convenios ya recogen una jornada inferior a las 38,5 horas, según la patronal catalana.
Díaz conversa con Puigdemont
Las conversaciones discretas se suceden, de momento bajo la batuta de Sumar. Díaz ha presumido en varias ocasiones de tener línea directa con Puigdemont, y se muestra optimista. En el PSOE, básicamente son María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas, quienes manejan la interlocución con el expresident. Al hablar de Junts, todo pasa por Waterloo.
La reducción de la jornada laboral es la piedra angular de la estrategia política de la vicepresidenta. Díaz desbloqueó su tramitación y anunció su remisión al Consejo de Ministros minutos después de ganar el pulso a Fernando Grande Marlaska, a través del presidente del Gobierno. El Ejecutivo anunció entonces la anulación del contrato con una empresa israelí para adquirir 15 millones de balas por 6,6 millones de euros, el mismo que llevó a IU a amenazar con romper la coalición.
Este episodio, que todavía no se ha traducido en la suspensión efectiva de otros contratos con empresas de ese país, amortiguó mediáticamente el incremento del gasto en defensa y seguridad en 10.500 millones de euros, una cesión que Sumar tuvo que asumir ante el PSOE por los compromisos con la OTAN y la UE. Ahí se desbloqueó la reducción de jornada.
Una de las normas más complejas para la vicepresidenta
La travesía, sin embargo, ha sido larga: la mesa de diálogo social se ha reunido durante 11 meses, y Sánchez llegó a dar orden de contar, sí o sí, con el aval de la patronal española. La también ministra de Trabajo constató que los representantes empresariales seguían una estrategia que consideró dilatoria, y acabó alcanzando un acuerdo en diciembre únicamente con los sindicatos.
Los beneficios empresariales que habían llegado a poner encima de la mesa fueron descartados por la retirada de la patronal, pero nadie puede hoy garantizar que no sea necesario volver a debatirlos durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
Después llegaría el pulso con el ala socialista, personificado en Cuerpo pero con Montero jugando un destacado papel, según el entorno de la vicepresidenta. El texto fue a Consejo de Ministros como anteproyecto, en primera vuelta, el 4 de febrero, después de semanas de tensiones, y por la vía urgente. Hoy está a punto de lograr su segundo aval, para después aterrizar en una Cámara en la que le espera un futuro incierto.
El siguiente hito de Díaz será la reforma del despido, y Trabajo también aspira a impulsar, por fin, el estatuto del becario. Quiso llevarlo al Consejo de Ministros hace casi dos años (junio de 2023). Sánchez adelantó las elecciones a julio, y Díaz logró los votos necesarios para reeditar la coalición con el PSOE.
Desde entonces, el CIS apunta a un desplome electoral que alarma a varios dirigentes del espacio. Díaz cuenta con recobrar su brillo político con esta norma. En el ala socialista del Ejecutivo son mucho menos optimistas.