La disputa tradicional de contribuyentes y asesores con la Agencia Tributaria (AEAT) por la entrada en el domicilio se extiende a los dispositivos electrónicos y entorno digital, según ha advertido la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en la presentación de un Observatorio de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes. El profesor Bernardo Olivares, de la UCM, está estudiando la contratación pública del software del que se estaría sirviendo el Fisco para rastrear en redes y plataformas actividades de los contribuyentes que pueden entrar en la esfera de su intimidad con el fin de crear perfiles de riesgo tributario, herramientas que está utilizando sin que lo sepa el contribuyente, alerta Daniel Sánchez-Olano, coordinador del Consejo Asesor Institucional de Aedaf.
La AEAT le encarga al consultor informático (el adjudicatario) que cree las identidades digitales que sean necesarias para recabar esta información. Se trata de identidades digitales para poder participar en Tik Tok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, Onlyfans, Patreon –las dos últimas, añadidas en 2024-, y analizar los perfiles solicitados.
Se trata de avatares de la AEAT que interactúan con el ciudadano sin desvelar su identidad para obtener información, ha alertado Alejandro Miguélez Freire en Fiscalblog. “De crearse identidades falsas, tengo serias dudas sobre la licitud de la actuación de la AEAT, pues los empleados públicos no pueden actuar de forma encubierta o con identidad falsa. Los únicos que pueden hacerlo son los funcionarios de la Policía Judicial, bajo el amparo del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite las actuaciones con “identidad supuesta” o “identidad falsa”, con autorización del juez o del Ministerio Fiscal, y es patente que no es el caso”, explica, y recuerda que “el personal de la AEAT debe identificarse cuando actúa fuera de sus dependencias”.
Lo que dice el Supremo
A esto se añade que la posible intromisión de Hacienda en el domicilio ya exige “protección virtual” y salvaguardar dispositivos, alerta Daniel Sánchez-Olano, que recuerda la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de octubre de 2023 que ha establecido que Hacienda no puede entrar en dispositivos electrónicos de un ciudadano si vulnera su intimidad. En este caso, en el ordenador personal de un contribuyente tras su negativa, en una sentencia que sienta jurisprudencia.
El Supremo acaba de admitir una recurso sobre si la entrada y registro debe estar avalada por ley orgánica. Lo advirtió en sentencias en 2020 cuando Hacienda tramitaba la Ley de Lucha contra el Fraude que intenta blindar esta operativa sin ser orgánica.
Carta de Derechos del Contribuyente
Aedaf ha presentado una Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente que reclama el “Derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad del domicilio, sean personas físicas o jurídicas, y a ser informados de su derecho a exigir la existencia y exhibición de mandamiento judicial para la entrada en el domicilio por parte de funcionarios de la Administración. Derecho a que las autorizaciones judiciales para la entrada y registro en el domicilio de los ciudadanos constitucionalmente protegido sean necesarias y proporcionadas, y a que se acredite que no existen otras medidas menos gravosas a disposición de la Administración Tributaria para alcanzar la finalidad perseguida”.
Asimismo, blande el “Derecho de los ciudadanos a conocer si, en las decisiones adoptadas por los órganos de la Administración Tributaria, se ha utilizado ‘software’ avanzado o inteligencia artificial y, en tal caso, derecho a la publicación del correspondiente código fuente del software y a la comprensibilidad (explainabilty) de los algoritmos utilizados, tanto en lo que se refiere a la fuente de datos utilizados como a los procesos internos seguidos. Derecho a la suficiente motivación, transparencia y comprensibilidad de las decisiones adoptadas y a la intervención humana última durante el procedimiento”.
Según Daniel Gómez-Olano González, la lucha contra el fraude fiscal y el aumento de la recaudación tributaria han relegado a un segundo plano los derechos de los contribuyentes. “Se han creado círculos viciosos en los que el poder ejecutivo establece las normas sin revisión del poder legislativo ni de los órganos constitucionalmente exigibles, como el Consejo de Estado. Además, si el poder judicial dictamina algo que no le gusta al poder ejecutivo, precisamente por vulnerar los derechos de los contribuyentes, el poder ejecutivo propone una nueva norma que sacrifica tales derechos, de forma que los tres poderes del estado se convierten en ocasiones en un único poder: el ejecutivo”.
Creciente hipervigilancia
El experto de Aedaf se ha referido también a la progresiva digitalización de la sociedad y al uso de la IA por parte de las administraciones tributarias, y ha advertido de que la combinación de tales circunstancias “amenaza con socavar derechos humanos básicos como el derecho a la intimidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la no autoincriminación”.
“Es una nueva realidad que exige una rápida redefinición de los derechos de los contribuyentes, para evitar que el resto de los derechos se conviertan en papel mojado; y es esencial establecer un derecho a la dignidad humana del que deberían deducirse otros derechos, como el derecho de los ciudadanos a no ser instrumentalizados con fines tributarios lo que, por cierto, ya está ocurriendo”, ha insistido.
“Con la creciente hipervigilancia del ciudadano, el poder de la sociedad civil debe ser el contrapoder de los tres poderes del Estado para vigilar precisamente a quienes nos vigilan”, ha remachado.
Por su parte, José Ignacio Alemany, miembro del Consejo Asesor Institucional de Aedaf, se ha referido a la “necesidad de una educación cívico-financiera básica integrada en los planes de estudio para que se entienda por qué y para qué hay que pagar impuestos y la responsabilidad que esto implica”. Y a la vez ha reclamado al Gobierno que deflacte el IRPF, lo que ha considerado un derecho que se hurta a los ciudadanos.