La factura electrónica ya tiene nuevo impulso normativo en España y afecta de lleno a miles de pequeños negocios. El Gobierno ha aprobado el real decreto que desarrolla la futura obligación de emitir facturas electrónicas en las operaciones entre empresas y profesionales. Un paso que impactará especialmente en pymes y trabajadores por cuenta propia. Eso sí, la nueva exigencia no entra en vigor de inmediato: antes tendrá que activarse una orden ministerial y ponerse en marcha la solución pública de la Agencia Tributaria.
La medida gira en torno a las facturas digitales de autónomos y de empresas en el ámbito B2B, es decir, en las relaciones entre negocios y profesionales. No afectará, por tanto, a las ventas dirigidas al consumidor final, donde podrán seguir utilizándose tiques simplificados en muchos casos. El objetivo oficial es doble: acelerar la digitalización del tejido empresarial y, al mismo tiempo, vigilar mejor los plazos de pago para combatir la morosidad, uno de los grandes problemas de liquidez que sufren muchas pequeñas empresas.
Qué cambia realmente con la nueva factura electrónica
La gran novedad es que las facturas digitales de autónomos dejarán de ser, a medio plazo, una opción para convertirse en una obligación en las operaciones entre empresarios y profesionales. El real decreto define esta factura electrónica como un fichero estructurado y legible de forma automatizada. Eso significa que no bastará con enviar un simple PDF, un Excel o una imagen del documento. La idea es que el sistema permita registrar y seguir de forma trazable la emisión, la aceptación, el rechazo y el pago efectivo de cada factura.
Ese último punto es clave. El Gobierno quiere que las facturas digitales de autónomos sirvan también para saber con más precisión cuándo se paga realmente una factura y si se cumplen o no los plazos legales. Según la información publicada sobre el decreto, España sigue registrando periodos medios de pago muy por encima del límite legal de 60 días, y el Ejecutivo defiende esta trazabilidad como una herramienta para reducir retrasos, proteger a proveedores pequeños y rebajar tensiones de tesorería.
Dos vías para cumplir: plataforma privada o solución pública
Las empresas y profesionales tendrán, en esencia, dos caminos para adaptarse. El primero consistirá en utilizar programas privados de facturación electrónica. En ese caso, esos sistemas deberán estar conectados con la plataforma pública para remitir una copia fiel de cada factura y comunicar también su estado: si ha sido aceptada o rechazada y cuándo se ha abonado.
El segundo camino será usar directamente la solución pública y gratuita que desarrollará la Agencia Tributaria.
Esta parte es especialmente relevante para las facturas digitales de autónomos, porque muchos pequeños negocios no cuentan con software complejo ni con departamentos técnicos. Precisamente por eso el Gobierno insiste en que la plataforma pública será una herramienta gratuita pensada para facilitar el cumplimiento normativo sin obligar necesariamente a contratar una solución privada. La clave, en cualquier caso, es que la obligación no empezará a contar hasta que esa infraestructura esté regulada mediante orden ministerial.
Cuándo será obligatoria para pymes y autónomos
Aunque la aprobación del real decreto marca un avance decisivo, las facturas digitales de autónomos no serán obligatorias desde mañana. El calendario será escalonado y dependerá del volumen de ingresos. Las empresas y profesionales con una facturación superior a 8 millones de euros dispondrán de un año para adaptarse desde la publicación de la orden ministerial que regule la solución pública.
El resto, incluidas la mayoría de pymes y autónomos, contará con dos años. Algunos medios sitúan esa orden antes del 1 de julio de 2026. Aunque de momento lo seguro es que el plazo empezará a correr a partir de su publicación oficial.
Además, hay otro calendario paralelo para informar a Hacienda del estado de las facturas. Una parte que también afecta a las facturas digitales de autónomos y que se implantará de forma progresiva según el tamaño del negocio. Esa capa adicional refuerza la idea de que no se trata solo de cambiar el formato de emisión, sino de construir un sistema con más control sobre el ciclo completo de cobro y pago.
No es lo mismo que Verifactu
Una de las mayores confusiones alrededor de este cambio es su mezcla con Verifactu. Pero no son la misma norma ni persiguen exactamente lo mismo. La obligación de las facturas digitales de autónomos en operaciones B2B nace de la Ley Crea y Crece y busca digitalizar la relación entre empresas y controlar mejor la morosidad. Verifactu, en cambio, responde a la normativa antifraude y se centra en los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación para garantizar integridad, trazabilidad y control fiscal.
Eso no significa que ambos mundos no estén conectados. Lo están, y mucho. Pero conviene no confundirlos: una cosa es la obligación de emitir factura electrónica entre negocios y otra distinta el sistema técnico de remisión o aseguramiento de registros para fines fiscales. De hecho, varias informaciones publicadas esta semana subrayan que la aplicación práctica de Verifactu se moverá en otro calendario y apunta ya a 2027 en algunos supuestos.