En un momento marcado por la polarización política y el choque constante entre bloques, PSOE y PP han alcanzado un acuerdo poco habitual para abordar uno de los retos más sensibles en salud pública: proteger a los menores del acceso a los vapeadores. El consenso se ha plasmado en una Proposición No de Ley (PNL) que apuesta por limitar la venta de vapeadores y bolsas de nicotina a canales oficiales y controlados, como estancos y tiendas especializadas, dejando fuera bazares, supermercados generalistas y plataformas digitales sin control efectivo de edad.
El objetivo de la iniciativa es claro: cerrar el acceso a los menores, ordenar un mercado que hoy presenta importantes lagunas de supervisión y todo sin olvidarse del adulto que necesita o desea acudir a esta alternativa para dejar el cigarro, el producto más nocivo con nicotina según todos los estudios recogidos hasta ahora.
El acuerdo entre los dos principales partidos adquiere especial relevancia por el contexto en el que se produce. En plena confrontación política, la unión de PSOE y PP en torno a la protección de los menores lanza un mensaje significativo: hay ámbitos, como la salud pública, que permiten acuerdos transversales cuando el objetivo es común.
La iniciativa parte de la falta de control en su acceso y comercialización. Por eso, la PNL pone el foco en el canal de venta como elemento clave para reducir el consumo indebido entre menores y a la vez convencidos de que el vaper, cuando se regula tanto en punta de venta como los controles de calidad, es una herramienta de cesación de tabaquismo. Y prueba de ello, es que países implacables contra el tabaquismo como Reino Unido, Suecia y Francia han confirmado desde sus ministerios de sanidad que el vaper y bolsas de nicotina son más eficaces que los parches y chicles de nicotina para apagar por fin el cigarro y con un 90 por ciento menos de sustancias tóxicas que el cigarrillo de toda la vida.
Regular para proteger, no para alimentar el mercado ilegal
Numerosos estudios europeos advierten de que la ausencia de regulación clara o las prohibiciones mal diseñadas no eliminan el consumo juvenil, sino que lo desplazan hacia canales ilegales, sin control sanitario ni fiscal. Limitar la venta a redes autorizadas y fiscalizadas permite, en cambio, reducir el acceso de menores, mejorar la trazabilidad del producto y combatir el mercado ilícito.
La experiencia de Nueva Zelanda, por ejemplo, refuerza este enfoque. El país ha avanzado de forma sostenida hacia una sociedad prácticamente libre de humo, solo superada hoy por Suecia, combinando medidas estrictas para impedir el acceso de menores con el uso del vapeo exclusivamente dirigido a fumadores adultos que no logran abandonar la nicotina por otras vías. Su modelo demuestra que proteger a los menores y reducir el tabaquismo adulto es compatible cuando la regulación es precisa y coherente.
Según PP y PSOE, el acuerdo abre una oportunidad para ordenar el mercado, alejar a los menores de estos productos y ofrecer a los fumadores adultos alternativas menos dañinas al cigarrillo. Un paso poco habitual en el actual clima político, pero clave para avanzar hacia políticas de salud pública más eficaces y basadas en la evidencia.