El problema derivado de la identificación de los menores inmigrantes que entran en España no está únicamente vinculado a Ceuta o a este verano. Según la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025, en ese año se abrieron 7.999 expedientes de determinación de edad. Y aunque estos experimentaran un “insignificante” descenso del 1,73%, el Ministerio Público arroja un significativo dato al respecto: cifra en 3.904 los expedientes que todavía quedaban por resolver el 31 de diciembre del 2025. Es decir, casi la mitad. Ello, según la Fiscalía, se debió “a la falta de medios personales y materiales para acometer el volumen de trabajo que genera determinar la edad civil de personas extranjeras indocumentadas”.
La citada Memoria refleja que durante el 2025 se vivió “una llegada masiva de menores extranjeros” con entrada mayoritaria por las Islas Canarias y Ceuta, motivando que estas autonomías fueran declaradas en situación de contingencia migratoria. “Ello se tradujo en que, a la movilidad voluntaria de estos menores hacia otros territorios, se uniera un reparto equitativo entre las regiones para aliviar el colapso del sistema de protección de aquellos”, añade la Fiscalía.
Esta movilidad y reparto preestablecido, agrega el Ministerio Público, se ha reflejado en los sistemas de protección de otras comunidades autónomas, desde donde, para asumir el mismo y atajar una “sobreocupación” en la red de protección, y “especialmente en los centros de recepción”, se han creado “nuevos recursos” y “se han destinado más medios para atender la necesaria protección de estos menores”.
La Fiscalía también precisa que “estas llegadas masivas generan un riesgo de creación de macrocentros con un elevado número de plazas que dificulta el trabajo individualizado con las personas menores de edad, y, por ende, su integración y desarrollo educativo en España como país de acogida”. A pesar de ello, precisa el Ministerio Público, la situación de crisis reflejada en la Memoria del 2024 “no es la que se refleja en la memoria de este año”, pues se constató un descenso de llegadas, que “permitió adaptar los recursos de protección a su función socio-educativa y garantizar a los menores la cobertura de sus necesidades básicas”. Asimismo, la Fiscalía subraya que tanto las entidades públicas como las autoridades policiales han sabido coordinarse para agilizar su documentación y otorgarles una identidad, “esencial para trabajar su proceso de integración en nuestro país”.
La labor de recogida de datos de los menores
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, declaró el pasado 22 de agosto en una entrevista en El País que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) habían filiado a 2.500 menores de edad que entraron desde Marruecos a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio.
Esta recogida de información, según el artículo 35.10 de la ley de extranjería, es una tarea realizada por los FCSE con el fin de conocer las posibles referencias que sobre los menores inmigrantes pudieran existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada de su protección. Una vez el Cuerpo encargado de recoger esa información la ha obtenido, traslada el Ministerio del Interior a Artículo14, esta es puesta a disposición de la Fiscalía.
Ahora bien, el artículo 35.3 de la ley de extranjería y el Sindicato Unificado de Policía indican que en los supuestos en los que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, ello se pondrá en conocimiento inmediato del Ministerio Público, “que dispondrá la determinación de su edad”. Para ello colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, “con carácter prioritario”, realizarán las pruebas necesarias.