Nada, ni siquiera una estatua o una placa recuerdan hoy a Mariluz Cortés, en la Plaza Rosa de la barriada del Torrejón, Huelva. Desde hace una semana vuelve a estar en el punto de mira, vuelve a ser foco informativo como lo fue hace dieciséis años. Como entonces, también hay mayor presencia policial. Esta vez por la guerra abierta entre los Salazar y los Moriña, que desde el tiroteo mortal del 16 de agosto mantiene la zona tensionada. Pendientes de dar con los motoristas que mataron a las dos mujeres, una de ellas embarazada, y al menor de 16 años. En 2008, la caza del hombre era otra. La policía buscaba al pederasta que había matado a la pequeña Mariluz, de cinco años. El 13 de enero de 2008 salió de su casa para comprar chucherías en el kiosko de la esquina, al doblar la plaza. Pero no regresó.
En el camino, se topó con un señuelo que asomaba por una ventana. Un peluche demasiado tentador para una niña tan pequeña, que desconocía que la mano que lo portaba se convertiría en la mano homicida. Santiago del Valle, onubense de 43 años, la guió hasta la guarida en la que vivía con su mujer en plena barriada de Torrejón. Allí, estando los dos solos, pederasta y niña, la agredió sexualmente y después la golpeó en la nuca dejándola inconsciente. Para sacarla de la casa sin ser visto buscó una cómplice, su hermana Rosa. Juntos, metieron a la niña en un carrito de la compra y la llevaron hasta el maletero del coche. Su destino, la ría a la que tiraron el el cuerpo aún con vida de Mariluz.
“No queremos venganza, queremos justicia”
54 días después, apareció flotando en la marisma. A los 72 días, su asesino. “No queremos venganza, queremos justicia”, clamaban los congregados a las puertas de la comisaría en la que estaba detenido. La aclaración no era baladí. La menor era de etnia gitana y Del Valle había estado desde el principio en el punto de mira de los Cortés. Era un farolillo rojo en aquella barriada. “Había muy pocos payos y algunas familias del Torrejón lo señalaron directamente. Además, vivía muy cerca de la niña”, recuerda una fuente cercana a la investigación. En cuanto llegaron al escenario de la desaparición, se dieron cuenta de que el autor de aquello no podía ser de ningún clan de etnia gitana. En sus códigos es impensable agredir así a una menor.
El patriarca de los Cortés, que acabaría convirtiéndose en pastor de la comunidad evangélica e incluso se metió durante una década en política, por entonces era un padre de familia anónimo que trabajaba de entrenador de fútbol en Regional Preferente. Ante todo, Juan José Cortés es un hombre tranquilo. Precisamente fue él quien calmó a sus convecinos cuando Mariluz apareció flotando en la marisma. La barriada quería impartir su propia justicia. Y Del Valle puso pies en polvorosa. Abandonó la vivienda a la que habían llegado en 2007, tras vivir incluso en una chabola en Sevilla. Él y su mujer habían dado tumbos. Allá donde se instalaban él acababa señalado por acosar a alguna menor.
El pederasta oculto tras ventanas empapeladas
El modus operandi siempre era el mismo. En cuanto estaban instalados, Santiago se matriculaba en clases para adultos impartidas en algún colegio de la zona. Siempre intentaba acercarse lo que podía a lugares frecuentados por niños. Y las sospechas y denuncias sobre su comportamiento no tardaban en saltar. Incluso de puertas adentro. Del Valle acumuló cinco causas por pederastia antes del crimen de Mariluz. Una de sus víctimas fue su propia hija. Tenía cinco años cuando abusó de ella, en 2002. Pero esa condena de dos años y nueve meses nunca se llegó a ejecutar. Del Valle la recurrió y el que debería haber tramitado la requisitoria de ingreso no la cursó. Al frente estaba el juez Rafael Tirado. Su error judicial fue la sentencia de muerte de la pequeña Mariluz.
“El piso se encontraba completamente a oscuras, con las persianas echadas y las ventanas cerradas. A pesar de ser las cinco de la tarde, se alumbran con luz eléctrica”. Es lo que recogió el propio Tirado cuando redactó la condena a Del Valle, en 2002. Es lo que habían visto los médicos que atendieron a la hija de Santiago del Valle e Isabel García. Ella era fácilmente manipulable. Con un cociente de 47 sirvió de encubridora idónea para tapar las atrocidades de su marido. Las que vio en su casa -siempre con las ventanas empapeladas con plásticos para que él pudiese mirar a las niñas sin ser visto desde la calle- y las que sabía que él cometía fuera. Por eso, a la policía le sorprendió que ante el crimen de Mariluz confesó que había visto barro en las botas de su marido el día de la desaparición. Por una vez, no le sirvió de coartada.
“A Mari Luz no la han matado por ser gitana”, zanjó Juan José Cortés cuando asociaciones de etnia gitana buscaron personarse como acusación popular en la causa. Sus batallas fueron otras. La primera, contener a la multitud de la barriada que no quería tener ningún recuerdo de Santiago del Valle a la vista. Y su hermano Francisco era justo eso. Sangre de sangre. Vivía también en El Torrejón, pero a los dos meses de la detención del pederasta tuvo que abandonarlo ante la presión vecinal. Si se quedaba allí, le iban a hacer la vida imposible. Igual que ocurrió en 2024 tras el primer tiroteo mortal de la guerra abierta entre clanes. Entonces, los exiliados de la barriada fueron los Salazar. Desde hace una semana, los Moriña.
El pederasta que se libró de la prisión permanente revisable
“No tengo ni idea de lo que le pasó a Mariluz. Si alguien puede demostrar que estuve con ella que lo haga”, se atrevió a clamar un venido arriba Santiago del Valle cuando se sentó en la Audiencia de Huelva, casi tres años después de los hechos. “De El Torrejón no me huyendo sino por la presión del entorno familiar”, añadió. Poco le importo al jurado esa soberbia y sus mentiras para condenarle. Le cayeron 22 años entre rejas por el crimen, aunque no está previsto que salga hasta 2041 porque empezó saldando la deuda que tenía con la justicia por causas pendientes. Por entonces, aún no estaba en vigor la prisión permanente revisable, establecida desde 2015. Si no, la estaría cumpliendo sin duda.
Precisamente, cuando al poco de la implantación de la máxima pena se barajó la posible derogación de la máxima pena Juan José Cortés emprendió una de sus batallas más mediáticas, encabezada junto al padre de Diana Quer. Ambos posaron con el cartel que mostraba los dos millones de firmas recogidas en la campaña que activaron en Change.org: “No queremos más criminales, asesinos y violadores en la calle que no estén reinsertados”, clamó Cortés.
El padre coraje de Huelva ya había ganado antes de esa otra de sus batallas. En 2009, a raíz del crimen de su hija y debido a la anomalía judicial tras el caso, por la que recibió una indemnización del Estado de 60.000 euros que consideró insuficiente, al menos se puso en marcha a nivel estatal un Registro Central de Delincuentes Sexuales. No es de carácter público, pero sí policial. Recoge toda la información relativa a condenados en firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía. Santiago del Valle es uno de ellos.