Desde la ladera del cementerio musulmán de Sidi Embarek se distingue el espigón del Tarajal. Las tumbas nuevas ocupan una zona que tuvo que ampliarse deprisa, cuando el antiguo Hospital Militar ya no podía seguir funcionando como una morgue improvisada. Bajo esa tierra descansan los grandes olvidados de la crisis de Ceuta: hombres jóvenes en su inmensa mayoría, una mujer y quizá algunos menores cuyas edades no han podido comprobarse. Casi ninguno tiene una familia junto a la sepultura. La mayoría tampoco tiene un nombre escrito sobre ella. Solo un número.
Las autoridades ceutíes contabilizaron 88 cadáveres recuperados en las inmediaciones del espigón después de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La Guardia Civil confirmó inicialmente 82 fallecidos vinculados a aquellas jornadas, mientras Marruecos localizó otros cuerpos en sus aguas. Caminando Fronteras elevó el balance a 141 víctimas entre ambos países. La ausencia de una cifra común forma parte del abandono: más de un mes después, España y Marruecos continúan sin ofrecer una lista definitiva de muertos y desaparecidos.
La mayoría murió ahogada cuando intentaba rodear a nado el espigón fronterizo. Miles de personas habían acudido a la frontera empujadas por mensajes difundidos en redes sociales que anunciaban una oportunidad para acceder a Ceuta. Algunas se lanzaron al agua sin saber nadar. Se sujetaron a garrafas vacías, flotadores infantiles o cualquier objeto que pudiera mantenerlas en la superficie. La acumulación de personas, el cansancio y la dificultad para alcanzar tierra convirtieron el paso en una trampa. Durante las horas siguientes, el mar comenzó a devolver los cuerpos.
¿Es posible que tantas personas mueran y nadie sea responsable? Jurídicamente, todavía no existe una respuesta definitiva. La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación para conocer cómo se produjo la entrada, qué información recibieron previamente las autoridades y qué medios fueron movilizados para rescatar a quienes se encontraban en el agua. La jueza María Tardón ha solicitado informes sobre el dispositivo desplegado, las operaciones de salvamento y la causa y fecha de cada muerte. También quiere saber si la movilización fue una acción concertada e impulsada por algún grupo organizado.
Tres semanas después del cruce, la respuesta seguía enterrada junto a ellas. A las 18:20 h. del viernes 21 de agosto, un coche fúnebre llegó al cementerio musulmán de Sidi Embarek. Del vehículo sacaron dos sacos mortuorios y los depositaron sobre camillas naranjas. Dentro estaban los cuerpos identificados únicamente con los números 1 y 2. Después de los rezos apareció otro coche con los números 3 y 4. El traslado se repitió hasta alcanzar los 18 cadáveres. Ninguno tenía nombre. Fueron colocados directamente en la tierra, sin ataúd, apoyados sobre el costado derecho y con el rostro orientado hacia La Meca.
Desde aquel viernes, ocho personas han trabajado casi sin descanso para enterrarlos: Thamil, Anuar, Said, Yusef, Adela, Kamal, Mohamed y Naufel. Ellos han acompañado prácticamente en soledad a quienes murieron intentando alcanzar Ceuta. Han abierto las fosas, recibido los cuerpos y cubierto con tierra unas vidas de las que apenas se conservan muestras de ADN, informes forenses, fotografías de sus pertenencias y una sucesión de números. Cuando llegaron los últimos once cadáveres, el cementerio ya guardaba los restos de al menos 89 personas relacionadas con aquellas jornadas: 82 fallecidas durante el cruce y otras siete muertas posteriormente. Solo nueve habían sido identificadas.
Las cifras tampoco han conseguido ponerse de acuerdo alrededor de los muertos. Caminando Fronteras sostiene actualmente que 145 personas perdieron la vida y que sus cuerpos fueron recuperados en Ceuta y Marruecos. No existe todavía un recuento oficial compartido que permita saber cuántas personas murieron entre las dos orillas ni cuántas continúan desaparecidas. Pero ya nadie habla de ellos.
Fueron la consecuencia más grave de la entrada de más de 80.000 personas durante los días 30 y 31 de julio, de las que alrededor de 70.000 salieron posteriormente o fueron devueltas a Marruecos. Desde el primer momento, la crisis estuvo atravesada por la disputa política entre ambos países. Distintas voces interpretaron la relajación del control marroquí como una forma de presión sobre España, mientras Rabat ha negado cualquier intervención deliberada. La discusión sobre el origen de la movilización, los avisos recibidos y el deterioro de las relaciones diplomáticas terminó desplazando el destino de quienes habían muerto.
El debate público se concentró pronto en la seguridad, las devoluciones y la búsqueda de culpables políticos. Muchos encontraron en el miedo y en el desbordamiento de los servicios públicos un terreno fértil para presentar a miles de personas como una amenaza colectiva. Durante los días 30 y 31 de julio, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia detectó 9.590 mensajes de odio en las redes sociales. Los cadáveres quedaron fuera de esa conversación. Marruecos no expresó públicamente sus condolencias por las víctimas y en España tampoco se guardó un minuto de silencio en ningún acto oficial. No hubo un homenaje institucional para los 89 enterrados en Sidi Embarek.
La ausencia de duelo público resume el lugar que se les ha concedido. Los muertos rara vez importan en las fronteras, donde las biografías se disuelven dentro de los balances de llegadas, rescates y devoluciones. Ceuta ha llevado esa deshumanización un paso más allá: decenas de personas murieron en dos días, fueron sepultadas bajo números y desaparecieron de la actualidad antes incluso de que sus familias pudieran saber dónde estaban. Sus muertes provocaron una batalla política, pero apenas una despedida.
Los documentos publicados por el Gobierno demuestran que la entrada no careció de avisos. El 29 de julio, el Centro Nacional de Inteligencia comunicó a la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y los servicios marroquíes que circulaban convocatorias para acceder a Ceuta por mar y por la valla. Los grupos desde los que se difundían sumaban alrededor de 180.000 seguidores. Aquella información obliga a preguntar qué medidas se tomaron, si los recursos de salvamento resultaron suficientes y por qué no pudo evitarse que decenas de personas se ahogaran ante una frontera vigilada por dos Estados.
Miles de migrantes continúan durmiendo en los bosques, las naves del Tarajal o las playas. Algunos, como Driss y Hamza, han denunciado golpes mientras huían de las fuerzas de seguridad. Frente a la insuficiencia institucional, vecinos de barrios periféricos como el Príncipe y Los Rosales han abierto pistas deportivas para acoger a centenares de menores, mujeres y niñas expuestos a la violencia y a la intemperie. La solidaridad ha quedado así en manos de ciudadanos que comparten comida, mantas y espacio con quienes siguen esperando una respuesta.
En Sidi Embarek, Thamil, Anuar, Said, Yusef, Adela, Kamal, Mohamed y Naufel han realizado la última tarea que las instituciones debían a los fallecidos. Los han enterrado con respeto, aunque no hayan podido devolverles sus nombres. Sobre las tumbas quedan los números y, frente a ellas, una pregunta que España y Marruecos todavía no han respondido: quién se hará responsable de los muertos que ninguno de los dos países ha querido recordar.