Sara (nombre ficticio) lleva cuatro meses en un limbo. En mayo denunció nuevas amenazas de su expareja, un hombre condenado varias veces por violencia de género contra ella. Tras escuchar su relato, la Policía concluyó que corría un riesgo extremo de especial relevancia.
Con esa valoración policial, las condenas previas y las nuevas amenazas sobre la mesa, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza tomó su primera decisión controvertida: no concederle siquiera una orden de alejamiento. El juez entendió que el temor de Sara se basaba en “lo que piensa que pueda sufrir”, pero no en “hechos concretos sufridos”. Y restó relevancia a las amenazas porque le habían llegado a través de terceras personas.
Dijo a la Guardia Civil que buscaba “blindarse” de las denuncias
Pero había otra circunstancia que convertía aquel expediente en algo más que una denuncia de amenazas. El agresor había cambiado previamente su sexo registral. Y, al día siguiente de que Sara acudiera a comisaría, explicó espontáneamente ante la Guardia Civil que lo había hecho “con el único fin de blindarse contra este tipo de denuncias, porque se siente en desigualdad de derechos con las mujeres”.
Cuando el juzgado especializado decidió enviar la causa a un juzgado ordinario, ya existía una prueba decisiva sobre el posible fraude de ley: la explicación del propio hombre, condenado varias veces por violencia de género contra Sara. Sin embargo, el juez no investigó la finalidad del cambio. Se limitó a atender a que él constaba legalmente como mujer y remitió el procedimiento al Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza.
En ese juzgado ordinario sí apreciaron riesgo. El 11 de junio acordó una orden de alejamiento de 200 metros y prohibió al agresor comunicarse con Sara.
La primera intervención de la Audiencia
Sara recurrió la negativa inicial a protegerla. El 24 de junio, la Audiencia Provincial de Zaragoza corrigió al juzgado especializado y acordó una orden de protección que prohibía al agresor acercarse a menos de 500 metros de ella o comunicarse con Sara.
Pero quedaba sin resolver una pregunta clave: si el cambio de sexo registral bastaba para sacar el caso del juzgado especializado en violencia de género y llevarlo a un juzgado ordinario.
La Audiencia volvió a intervenir el 7 de julio. Anuló la decisión de enviar el procedimiento a Instrucción y devolvió la causa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Consideró que había una “sospecha fundada” de fraude de ley: el cambio podía haberse utilizado para evitar la aplicación de la legislación específica de violencia de género.
No dijo que el fraude estuviera probado, pero sí que había que investigarlo antes de decidir qué juzgado debía llevar la causa. Para hacerlo, indicó al juez de Violencia sobre la Mujer que remitiera la documentación al Registro Civil y pidiera que valorara esa posibilidad.
El Supremo fija el criterio
Dos semanas después, el 22 de julio, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que despejaba precisamente esta duda. La Sala de lo Penal estableció que un cambio de sexo registral hecho antes de unos nuevos hechos puede no impedir aplicar la legislación de violencia de género si se demuestra que se realizó con la intención de defraudar la ley.
El Supremo añadió algo decisivo para el caso de Sara: esa intención no puede presumirse por el mero cambio registral, pero corresponde a los tribunales determinarla a partir de las circunstancias concretas y mediante prueba. No al Registro Civil.
El juez vuelve a mandar el caso a un juzgado ordinario
El Registro Civil no llegó a valorar si el cambio de sexo podía haberse utilizado para eludir la ley de violencia de género. Respondió que no tenía mecanismos legales para hacerlo.
Con esa respuesta, el juez de Violencia sobre la Mujer volvió a sacar la causa del juzgado especializado y la mandó al juzgado ordinario. Entendió que el Registro Civil había concluido que no existía fraude de ley.
La Fiscalía respaldó esa decisión: consideró que el posible fraude no estaba acreditado y que, por tanto, el caso debía seguir en el juzgado ordinario.
Sara recurrió de nuevo. Y la Audiencia Provincial de Zaragoza le ha dado la razón: el Registro Civil nunca dijo que no existiera fraude; simplemente se negó a estudiarlo. El auto advierte de que el juez atribuyó al Registro una conclusión que nunca hizo.
La tercera corrección
Esta vez, la Audiencia no deja el asunto en manos del Registro. Aplicando el criterio que fijó el Supremo, ordena al juez de Violencia sobre la Mujer que investigue él mismo si el cambio de sexo registral buscaba eludir la ley. Debe abrir una pieza separada, escuchar a las partes y practicar prueba.
Solo después podrá decidirse si el caso debe quedarse en el juzgado especializado o pasar al ordinario. De hacerlo sin esa comprobación, advierte la Audiencia, se propiciaría una “posible vulneración de los derechos de la víctima y la puesta en riesgo de su protección integral”.
Cuatro meses después de denunciar las amenazas de un hombre condenado varias veces por violencia de género contra ella y de ser clasificada en riesgo extremo, Sara sigue esperando saber qué juzgado investigará su caso.
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