“Estoy luchando contra el sistema. No contra el maltratador”

Suena el timbre y Sara (nombre ficticio) deja de comer. Está en casa, sentada a la mesa con sus hijos, pero durante unos segundos ya no importa qué estaban haciendo ni de qué estaban hablando. Solo importa ese sonido. Alguien está al otro lado de la puerta y ella no sabe quién es.

“No os mováis. Quietos. No hagáis ruido”, les dice. Los niños tienen que permanecer en la mesa. “Sobre todo, no habléis”.

Nadie de su familia llama así. Han aprendido a avisarla antes de llegar. “Hija, estoy en la puerta”, le dicen por teléfono. Los suyos saben que un timbrazo inesperado puede desatar el miedo. Pero el cartero no lo sabe. Tampoco un vecino que se equivoca de piso. Y basta con que cualquiera de ellos apriete el botón para que Sara se ponga, como ella dice, “a 200”.

No abre. Primero escucha. Espera. Intenta averiguar quién puede estar fuera mientras mantiene a sus hijos en silencio. “No sé quién está llamando”, explica. Y en ese no saber cabe todo aquello a lo que lleva meses temiendo.

Luego puede no pasar nada. Puede ser el cartero. Puede ser un vecino. La puerta continúa cerrada y la casa sigue siendo la misma. Pero el miedo ya ha entrado.

Un caso que va de juzgado en juzgado

Sara es la mujer cuyo caso lleva meses recorriendo los juzgados de Zaragoza. En mayo volvió a denunciar por amenazas y coacciones a su expareja, un hombre ya condenado por violencia de género contra ella, y los especialistas policiales determinaron que se encontraba en riesgo extremo, el nivel más alto del sistema VioGén.

Pero antes de que pudiera empezar a discutirse judicialmente el fondo de esas nuevas acusaciones, comenzó otra batalla. Su expareja había cambiado registralmente de sexo y el juez de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza consideró que no debía investigar el caso. Se inhibió y lo envió a un juzgado ordinario de Instrucción. También le negó inicialmente la orden de protección.

Desde entonces, el procedimiento ha ido y venido. Instrucción sí la protegió. Después, la Audiencia Provincial también lo hizo y estableció una orden de alejamiento de 500 metros. La propia Audiencia apreció además una “sospecha fundada” de fraude de ley en el cambio registral y ordenó que el asunto permaneciera en Violencia mientras se investigaba. El juez, sin embargo, ha vuelto a enviarlo a Instrucción y la Fiscalía respalda ahora esa decisión.

Ese es el laberinto judicial. La vida de Sara, mientras tanto, transcurre detrás de una puerta que tiene miedo de abrir.

Un verano detrás de la puerta

“Llevamos todo el verano sin salir de casa“, cuenta.

No es una forma de hablar. Sara asegura que apenas sale. Ni piscina con sus hijos, ni fiestas, ni una vida cotidiana reconocible. “¿Ir a comprar una barra de pan? Pues ni eso”. Para acudir al banco, al médico, al psicólogo o al psiquiatra necesita que alguien la acompañe. Depende de su familia, de amigos y, según cuenta, incluso de personas voluntarias de Zaragoza que conocen su situación.

Lo paradójico es que Sara tiene dos órdenes de alejamiento en vigor, una de 200 metros y otra de 500, y asegura que continúa valorada en riesgo extremo. Sobre el papel, es él quien no puede acercarse. En su vida cotidiana, sin embargo, es ella quien siente que no puede salir.

“No puedo salir a la puerta, a la calle, no puedo ir a comprar, no puedo hacer una vida normal”, dice.

Un cuerpo que no descansa

Sara lo llama “la sensación de seguimiento, de hipervigilancia que tengo constantemente“. La alerta no desaparece aunque su expareja no esté delante. Está cuando piensa en bajar a la calle, cuando sus hijos quieren ir a la piscina o cuando tiene que hacer cualquier cosa fuera de casa.

Meses viviendo así, asegura, han dejado huella. Cuenta que ha acudido en varias ocasiones a Urgencias por crisis de ansiedad. Dice que no duerme bien, que no come con normalidad y que no puede trabajar.

“Hay veces por la mañana que no tengo ganas ni de levantarme de la cama. No quiero ni abrir los ojos porque es que no es vida”.

Habla de miedo, pero también de agotamiento. De la imposibilidad de bajar la guardia incluso cuando aparentemente no está ocurriendo nada. Porque el miedo de Sara no empieza cuando ve a su expareja. Empieza ante la posibilidad de que pueda aparecer.

Y esa posibilidad ha ido reduciendo su mundo.

El miedo también se instala en sus hijos

El pequeño, cuenta, lleva años siendo atendido en Salud Mental y tiene también cita en Psiquiatría. “Solamente tiene pesadillas de que me va a matar su padre”, explica Sara.

El mayor también ha puesto palabras a lo que ocurre en casa. Sara recuerda que aquello que para otros podía convertirse en una broma sobre el cambio registral de sexo de su padre, para él significaba algo muy diferente: “Lo que es una broma para muchos, que se ha cambiado de género, jiji, jaja, qué risas, para mi hijo mayor es: ‘Mamá, tiene el camino libre para matarte'”.

El temor alcanza también al resto de la familia. Sara asegura que su madre apenas sale de casa y que ha empezado a encerrarse con llave. Sus hermanos y sus padres se han convertido, además, en parte de la red que necesita para hacer aquello que antes hacía sola.

“La impotencia, la rabia, el dolor”, enumera cuando intenta explicar cómo lo están viviendo todos. “A mis padres les ha echado veinte años encima”.

Ni siquiera hay tiempo para recuperarse

Pero hay otro desgaste que se superpone al miedo. Desde que volvió a denunciar en mayo, Sara esperaba que comenzara la investigación de las amenazas y coacciones que atribuye a su expareja. En lugar de eso, siente que buena parte de sus fuerzas se han consumido en una batalla previa: conseguir que se determine qué juzgado debe investigar su caso.

Ni siquiera agosto ha supuesto una tregua. Después de años de procedimientos judiciales, Sara estaba acostumbrada a que ese mes ofreciera cierto descanso. Esta vez, cuenta, han seguido llegando escritos, recursos, plazos y comunicaciones.

“Tú ves mi correo electrónico y cada dos o tres días tengo un correo del juzgado o de la procuradora”, explica. Cuando consigue encontrarse un poco mejor, dice, aparece una nueva comunicación que la devuelve al procedimiento. “Te están quemando”.

No hay espacio, asegura, para bajar la guardia ni para empezar a recuperarse. Al miedo de que su expareja pueda aparecer se suma la incertidumbre de un procedimiento que todavía discute dónde deben investigarse los hechos que denunció en mayo.

Sara lo cuenta con una mezcla de agotamiento y rabia. Lleva una década, asegura, entre denuncias y procedimientos relacionados con su expareja. Pero este verano siente que la pelea es distinta.

“Estamos luchando contra el sistema”

“Llevamos ya desde mayo todos estos meses luchando contra el sistema. No contra el maltratador”, resume.

Para ella, esa es una de las partes más difíciles de asumir. Después de denunciar unas nuevas amenazas, de ser valorada en riesgo extremo y de obtener dos órdenes de alejamiento, considera que todavía no ha podido llegar a la batalla que esperaba librar: que se investiguen los hechos que denunció.

“Luego, si el sistema ya nos deja, empezaremos a luchar contra mi exmarido, a demostrar todo lo que está haciendo”, dice.

La espera se mezcla con algo todavía más angustioso: el miedo a que el tiempo juegue en su contra. “Si a mí este señor me está matando en vida. Si a mí ya no me hace falta que me coja un cuchillo y me lo clave”, dice. “Lo que me está haciendo psicológicamente es hundirme […] sin poder hacer vida, sin poder trabajar, sin poder salir de casa y sin poder hacer nada”.

“¿La que estoy encerrada soy yo, o él?”

Sobre el papel, las órdenes de alejamiento limitan a su expareja. En casa de Sara, sin embargo, la realidad que ella describe es otra. Es ella quien calcula cuándo puede salir. Quien necesita que alguien la acompañe. Quien asegura haber pasado prácticamente todo el verano encerrada en casa.

Después de meses viviendo así, reduce esa contradicción a una pregunta: “Si la que estoy encerrada soy yo, ¿o él?”