El lugar donde vive una mujer puede influir en que logre pedir ayuda, denunciar y mantenerse protegida. Por eso, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone incluir el factor rural como indicador en la valoración policial del riesgo y tenerlo en cuenta al justificar las resoluciones judiciales.
La propuesta aparece en una guía de buenas prácticas dirigida a los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer de partidos judiciales rurales. Ofrece criterios para adaptar la atención judicial a cada territorio; no sustituye las normas, los protocolos ni los instrumentos vigentes de valoración del riesgo.
El manual considera rurales los municipios de menos de 30.000 habitantes. Entre los datos que recoge, señala que en 2024 vivía en ellos más del 52% de las mujeres asesinadas por violencia de género. En Castilla-La Mancha y Aragón residían en esos municipios todas las víctimas mortales; en Galicia, el 75%; y en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, más de la mitad. En 2025, 14 de las 48 mujeres asesinadas residían en municipios rurales —el 29,17%— y cerca del 76,3% no había denunciado previamente. Para 2026, un recuento con un umbral distinto —municipios de menos de 20.000 habitantes— contabilizaba 19 víctimas residentes en localidades rurales entre las 42 registradas hasta el 15 de octubre. El total estatal ascendió después a 43, tras confirmarse otro asesinato en Madrid.
Una violencia condicionada por el territorio
En los pueblos, víctima y agresor pueden compartir familia, trabajo, vecindario y espacios cotidianos. La presión del entorno puede hacer que pedir ayuda implique exponerse ante la comunidad en la que la mujer seguirá viviendo. El miedo a ser señalada, a no ser creída o a quedar más aislada puede frenar la denuncia. Las asociaciones rurales citadas en la guía calculan que una mujer puede tardar hasta 25 años en salir de la espiral de violencia.
La Macroencuesta de 2024 que recoge el documento muestra que solo el 17% de las mujeres de municipios de baja densidad había buscado ayuda formal, frente al 23,6% de las residentes en zonas densamente pobladas. La guía advierte, además, de que la violencia puede prolongarse y normalizarse sin hacerse visible.
La situación puede ser especialmente compleja para mujeres mayores, migrantes o extranjeras y con discapacidad. Las mayores pueden depender de su pareja para los cuidados y tener más dificultades para identificar la violencia o romper relaciones largas. Las migrantes pueden afrontar barreras idiomáticas, falta de redes y temor a las consecuencias de denunciar. Para las mujeres con discapacidad puede haber obstáculos para declarar, comprender el procedimiento o acceder a recursos. El trabajo informal en una explotación familiar o el cuidado de personas dependientes también pueden impedir que una mujer abandone el domicilio. El Observatorio pide que estas circunstancias se valoren como factores de vulnerabilidad, no como falta de colaboración.
La respuesta judicial también puede convertirse en un obstáculo
El documento describe partidos judiciales con falta de cámaras Gesell, equipos psicosociales, oficinas de atención a víctimas y puntos de encuentro familiar. No siempre hay salas de espera separadas; los médicos forenses pueden acudir solo algunos días al mes y los fiscales intervienen a menudo por videoconferencia. A veces se trabaja en salas improvisadas, mientras que la interinidad del personal y la centralización de los servicios en las capitales pueden alargar los procedimientos.
Las mujeres, añade la guía, perciben una Justicia lenta y reciben poca información sobre sus derechos y sobre el proceso. Las esperas, las suspensiones y la repetición de declaraciones pueden causar victimización secundaria y llevarlas a abandonar la denuncia. La distancia a los puntos de encuentro familiar puede hacer que una mujer renuncie a las visitas supervisadas y que estas acaben realizándose sin intervención profesional.
Para reducir esos obstáculos, el Observatorio recomienda explicar desde el primer contacto qué trámite se va a practicar, quién intervendrá y cómo se evitará que la víctima coincida con el investigado. Pide garantizar asistencia letrada desde la denuncia, proteger su identidad y organizar las citaciones y los accesos en franjas distintas. Si la distancia demora la llegada de la abogada, la primera entrevista podría hacerse por teléfono o videoconferencia desde un cuartel, una comisaría u otro espacio seguro próximo al domicilio.
Los juzgados de paz y los servicios sociales podrían servir como lugares seguros para recibir información, formular denuncias o esperar a la Guardia Civil o la Policía Nacional. La guía propone facilitar transporte y acompañamiento —incluso mediante servicios de taxi— y difundir información sobre cómo pedir ayuda en centros de salud, farmacias y otros espacios. Si no hay oficina de atención a víctimas, contempla el acompañamiento de personas cercanas o voluntarias de federaciones de mujeres rurales.
Valorar el riesgo y comprobar que las medidas funcionan
La guía plantea que la valoración policial considere el aislamiento geográfico, la falta de anonimato, la dependencia económica, la convivencia, la dificultad para salir del domicilio y el control social que el agresor puede ejercer en el municipio. Para reforzar esa respuesta, propone que las policías locales puedan incorporarse a VioGén mediante convenios entre Interior y los ayuntamientos y colaborar en la recepción de denuncias, la valoración inicial, el seguimiento y la protección.
Antes de acordar una medida cautelar, los juzgados deberían comprobar si puede cumplirse cuando víctima y agresor viven en la misma localidad, trabajan juntos o comparten vínculos familiares. La falta de cobertura puede hacer ineficaces los dispositivos telemáticos. En esos casos, el Observatorio plantea valorar alternativas, como prohibir al agresor residir en el municipio de la víctima, y estudiar un seguimiento policial más continuado. La protección no debería depender de que sea ella quien abandone su casa, su trabajo o su red de cuidados.
La guía reclama formación específica para profesionales judiciales, policiales, sanitarios y sociales; coordinación estable entre instituciones y centros escolares; más personal y medios para los juzgados rurales; y recursos de atención y acogida disponibles de forma permanente. También propone soluciones habitacionales próximas para que las mujeres no queden aisladas de su familia y su entorno. En las actuaciones policiales conocidas como “protocolos cero”, pide proteger la identidad de los vecinos que informan o presencian hechos de violencia.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.