Escribir sobre una tragedia nunca es fácil. Una intenta encontrar las palabras precisas para no hacer más daño a quienes ya están sufriendo y procurar que, entre tantas explicaciones, opiniones y declaraciones, no se pierda de vista lo verdaderamente importante: las víctimas y sus familias. Pero también existe el riesgo de que, al intentar decir únicamente lo correcto, acabemos evitando las preguntas que tenemos la responsabilidad de hacernos como sociedad.
La tragedia ferroviaria de Urda nos enfrenta de nuevo a esa dificultad. Mientras las familias afrontan una pérdida irreparable, un país entero intenta comprender qué sucedió. Y aunque todavía es pronto para conocer todas las respuestas, hay algo que deberíamos tener claro: el respeto a las víctimas no exige renunciar a pedir responsabilidades. Exige que lo hagamos, pero con rigor.
La investigación deberá determinar qué falló y qué responsabilidades corresponden al Ministerio de Transportes, a Adif, a las operadoras y al resto de los implicados. Sin embargo, también debemos preguntarnos qué hemos hecho durante las últimas décadas con las infraestructuras públicas de las que dependemos.
Según los últimos datos disponibles, en 2011 Adif y Adif Alta Velocidad invertían 4.826 millones de euros en infraestructura ferroviaria. Cinco años después, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, esa cifra se había desplomado hasta los 1.375 millones. Una caída superior al 70% que difícilmente puede considerarse una simple oscilación presupuestaria. Durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez, la recuperación fue limitada. No sería hasta 2022 cuando la inversión comenzó a crecer con fuerza, impulsada también por los fondos NextGeneration, hasta alcanzar los 4.492 millones en 2024. En noviembre de 2025, la inversión acumulada ya superaba esa cantidad.
Estas cifras nos cuentan una historia sobre las prioridades políticas de nuestro país. Las infraestructuras no entienden de calendarios electorales, ni las capacidades institucionales se recuperan automáticamente cuando una partida vuelve a aumentar. Las decisiones presupuestarias sobreviven a los gobiernos que las adoptan. Lástima que los acuerdos políticos no siempre tengan la misma resistencia.
Eso no significa que podamos establecer una relación directa entre aquellos recortes y lo sucedido en Urda. Sería irresponsable hacerlo sin conocer las conclusiones de la investigación. Pero tampoco podemos asumir que un aumento de la inversión garantice, por sí solo, infraestructuras más seguras. La inversión ferroviaria abarca actuaciones muy diversas: desde la construcción de nuevas líneas hasta el mantenimiento de las existentes. Por eso, Adif y el Ministerio de Transportes deberán responder por la planificación, los protocolos de seguridad, la supervisión y el uso de los recursos. Invertir más no puede servir de coartada para eludir responsabilidades, como tampoco podemos olvidar las de quienes deciden qué recursos se destinan a nuestros servicios públicos.
A menudo discutimos sobre el tamaño del Estado como si se tratara de una cuestión ideológica sin consecuencias materiales. Y quizá deberíamos recordar algo básico: un Estado no es una empresa. Su objetivo no es maximizar beneficios ni reducir costes a cualquier precio, sino garantizar derechos y prestar servicios. Queremos que funcione, que sea eficiente y que responda cuando lo necesitamos. Pero nos cuesta más hablar de lo que supone mantener esas capacidades. No todo gasto está justificado, ni todo recorte representa una mejora. La eficiencia del Estado no puede medirse únicamente por lo que ahorra, sino también por lo que es capaz de garantizar.
Considero ingenuo reclamar mejores servicios sin preguntarnos cómo financiarlos. Pero tampoco basta con aprobar inversiones sin garantizar una gestión y una supervisión adecuadas. Los discursos no sustituyen a los presupuestos, del mismo modo que los presupuestos no sustituyen a la buena gestión.
Y si hablamos de presupuestos, también deberíamos hablar de quienes tienen la responsabilidad de aprobarlos, rechazarlos o negociar alternativas.
El pasado 25 de junio, cinco meses después de la tragedia de Adamuz, el Congreso rechazó, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, un real decreto-ley que permitía a Renfe ampliar su endeudamiento en 671 millones de euros, principalmente para adquirir nuevos trenes. El PP justificó su oposición al cuestionar que el Gobierno recurriera a este mecanismo sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado. Una objeción legítima, pero que también obliga a preguntar qué alternativa proponían para financiar esas inversiones. Según Transportes, el rechazo no comprometió las actuaciones previstas. Aun así, la votación nos recuerda que la responsabilidad sobre nuestras infraestructuras no empieza ni termina en el Ministerio de Transportes. También alcanza a quienes toman decisiones desde sus escaños.
Dentro de un mes, España acudirá a las urnas para elegir un nuevo Congreso. Sería deseable conocer qué compromisos asumirán los partidos en materia de financiación, mantenimiento y supervisión. Pero también deberíamos preguntarles qué están dispuestos a hacer juntos, gobiernen o no. Porque hay cuestiones en las que nos va la vida, literalmente, y deberíamos poder exigir algo más que una sucesión de reproches parlamentarios.
No se trata de borrar diferencias ideológicas ni de diluir responsabilidades. Se trata de reclamar y garantizar acuerdos que perduren a través de los cambios de gobierno. Que nuestros representantes sean capaces de discrepar sobre cómo financiar y gestionar los servicios públicos sin olvidar que garantizar su funcionamiento es una responsabilidad compartida.
Ahora corresponde esclarecer lo sucedido en Urda y exigir las responsabilidades que correspondan. Pero cuando termine el luto, seguirá pendiente una pregunta que deberíamos llevar al próximo Parlamento: qué Estado queremos tener y, sobre todo, qué serán capaces de hacer juntos quienes tienen la responsabilidad de sostenerlo.