El bulo de las denuncias falsas se ha convertido en uno de los discursos más eficaces de la reacción antifeminista. Repetido en tertulias, amplificado en redes sociales y convertido en consigna política, el relato sostiene que miles de hombres son perseguidos injustamente por un sistema judicial que da por cierta cualquier acusación de violencia de género.
La idea ha logrado instalarse pese a que los datos oficiales la contradicen desde hace años. Basta una cifra aislada —la diferencia entre denuncias y condenas— para alimentar una narrativa que simplifica procesos judiciales complejos y convierte archivos y absoluciones en supuestas pruebas de falsedad.
El discurso ha encontrado además un terreno fértil en redes sociales, donde estadísticas descontextualizadas y mensajes virales refuerzan la idea de que existe una supuesta “industria” de las denuncias falsas. En muchos casos, el argumento se sostiene sobre una operación aparentemente sencilla: comparar el número total de denuncias con el de condenas y concluir que todas las causas que no terminan con sentencia condenatoria son inventadas.
Los cálculos
Frente a esa interpretación, Lorente ha desmontado ese bulo recurriendo a cifras oficiales y cálculos basados en los propios datos judiciales. Su tesis es clara: la diferencia entre denuncias y condenas no demuestra la existencia de denuncias falsas masivas.
Lorente parte del último informe del Consejo General del Poder Judicial, publicado el pasado 31 de marzo, correspondiente a las denuncias registradas el año anterior. Según explica, “de las 204.000 denuncias que hay, pues son 61.000 sentencias”, de las cuales “el 80% son condenas”. A partir de esa diferencia entre denuncias y sentencias, señala, determinados sectores construyen el relato de las denuncias falsas. “Ellos dicen que esas 143.400 que no llegan a juicio son denuncias falsas”, resume.
Sin embargo, sostiene que un análisis detallado de esos procedimientos demuestra que existen múltiples factores que explican por qué muchas causas no acaban en condena. Una de las primeras razones que menciona es el número de mujeres que se acogen al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite no declarar contra la pareja o expareja. “En este caso 20.977 son mujeres que se acogen a la dispensa de declarar“.
La multirreincidencia
A partir de ahí introduce otro elemento clave en su cálculo: la multirreincidencia. Es decir, los casos en los que un mismo agresor acumula varias denuncias de una misma víctima. Según explica, muchos procedimientos terminan agrupándose en una sola causa judicial, por lo que comparar automáticamente denuncias y juicios conduce a conclusiones erróneas. “Cuando denuncia varias veces al mismo autor no se celebran siete juicios, sino que en un juicio se ven las siete denuncias”, afirma.
Lorente sostiene que este fenómeno es habitual en violencia de género y recuerda que distintos estudios sitúan la reincidencia entre el 33% y el 42% de los casos. A partir de esos porcentajes, calcula que el volumen de denuncias vinculadas a situaciones de multirreincidencia podría oscilar entre 46.000 y más de 160.000. Con ello busca demostrar que una parte importante del desfase estadístico responde al funcionamiento real de los procedimientos judiciales y no a denuncias inventadas.
Falta de pruebas
A ello suma otra cuestión clave: la dificultad para reunir pruebas suficientes en delitos cometidos normalmente en la intimidad del hogar. “Es una violencia que se produce en el contexto de la relación privada en el hogar sin testigos presentes”, explica. Además, recuerda que muchas agresiones no dejan lesiones graves y que las denuncias suelen interponerse tiempo después de los hechos, lo que complica conservar evidencias. “La evidencia inicial que podía existir desaparece conforme pasan unos días”, apunta.
Por eso defiende que los sobreseimientos o archivos judiciales no equivalen automáticamente a denuncias falsas. “Lo que significa es que no hay elementos de prueba suficientes para poder continuar hacia delante”, resume. Y recuerda además que la propia Fiscalía General del Estado ya sostuvo en una memoria oficial que “la no condena no puede relacionarse con denuncia falsa”.
“Machomáticas”
Lorente critica además lo que considera una utilización interesada de las estadísticas judiciales. “Lo que hacen es instrumentalizar las cifras”, sostiene, antes de acuñar el término “machomáticas” para referirse a quienes “cogen los datos que les vienen bien y los utilizan como ellos quieren”. Según denuncia, quienes sostienen el discurso de las denuncias falsas masivas nunca aportan informes oficiales o estudios académicos que respalden sus afirmaciones.
También rechaza la idea de que el sistema judicial actúe contra los hombres ignorando la presunción de inocencia. A su juicio, ocurre precisamente lo contrario: “Los datos demuestran que tienen presunción de inocencia y mucha”. En ese sentido, interpreta que el elevado número de procedimientos archivados o no concluidos en condena evidencia que los jueces no condenan cuando no existen pruebas suficientes.
Frente a un discurso que convierte automáticamente la ausencia de condena en prueba de falsedad, Lorente insiste en que los propios datos judiciales muestran algo distinto: que una denuncia archivada o una absolución no demuestran necesariamente que la violencia denunciada nunca existiera.
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