Hagan la prueba. Hablen de violencia machista en una sobremesa, en una reunión familiar, una conversación entre amigos. Cronometren cuánto tarda el bulo de las denuncias falsas en bloquear cualquier análisis posible sobre una realidad aterradora. Parece que todos conocen algún caso en el que una pérfida mujer acudió a los tribunales para vengarse, por despecho, para sacar un rédito y hundir la vida de un hombre bueno.
La sociedad parece vivir en una distorsión cognitiva continua, una ceguera selectiva. No importa que asesinen a las mujeres de tres en tres, ni los abrumadores datos que confirman una violencia estructural, el problema siempre son ellas.
Pero hagamos el ejercicio inverso. Dejemos de mirar lo que supuestamente todo el mundo conoce y empecemos a mirar lo que falta. Porque el verdadero dato incómodo no está en las denuncias que se ponen, sino en todas las que nunca llegan a producirse.
Cada año, en España, cientos de miles de mujeres sufren situaciones de violencia machista que jamás cruzan la puerta de una comisaría o de un juzgado. No quedan registradas, no generan estadísticas judiciales, no entran en el sistema, no obtienen justicia y reparación. Simplemente no existen.
Más de un millón de mujeres al año sufre violencia y no denuncia
Según la Macroencuesta de Igualdad, apenas un 16,8% de quienes sufren violencia en el ámbito de la pareja o expareja acude a denunciar. En el caso de la violencia sexual, la cifra desciende aún más, hasta situarse en torno al 9,9%. El resto queda fuera, impune, invisible.
Si se ponen estos porcentajes en relación con los datos del Consejo General del Poder Judicial, que registra en torno a 200.000 denuncias anuales por violencia de género, la magnitud del vacío se vuelve difícil de ignorar: más de un millón de situaciones de violencia quedarían cada año al margen de cualquier respuesta institucional. En violencia sexual, con unas 20.000 denuncias registradas, el cálculo apunta a otras cientos de miles que nunca llegan a formalizarse. No es un error estadístico. No es una anomalía. Es el funcionamiento del sistema.
Este inmenso problema de infradenuncia ilustra cómo las mujeres no parecen confiar en la justicia cuando se convierten en víctimas. ¿Pero qué ocurre con las que sí se atreven? En la Cadena SER, la fiscal de sala de violencia contra la mujer, María Eugenia Prendes, fue clara: prácticamente ninguna mujer que denuncia volvería a hacerlo, una conclusión que se apoya en el informe de Amnistía Internacional de 2018, “Ya es hora de que me creas”, donde se documenta un recorrido institucional marcado por la reiteración del relato, las dudas sobre la credibilidad de la víctima y una respuesta que, en demasiadas ocasiones, resulta más desgastante que protectora.
Por qué no denuncian las mujeres
Los datos permiten concretar ese rechazo. Según la Macroencuesta de Igualdad, casi la mitad, un 44,6%, no denunció porque ni siquiera consideraba que lo ocurrido fuera lo suficientemente grave. A partir de ahí, lo que aparece no es una única razón, sino un entramado. Un 26,6% habla de vergüenza. En torno a un 22–24% menciona el miedo, incluido el miedo a represalias. Entre un 17 y un 20% apunta a algo aún más revelador: la expectativa de no ser creída.
No es lo único. Aproximadamente un 19–21% considera directamente que denunciar no serviría de nada. Entre un 14 y un 16% expresa desconfianza en el sistema. Un 10–12% reconoce que no quiso perjudicar al agresor. Entre un 8 y un 10% señala la dependencia económica o emocional. En torno a un 6–8% menciona la existencia de hijos en común y entre un 5 y un 7% el miedo a las consecuencias familiares o sociales.
Los “puntos ciegos” de la justicia
Otra fiscal, Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y contra la discriminación y de Memoria Democrática y Derechos Humanos en la Fiscalía Provincial de Valencia, ha analizado en su ensayo Exercir la justícia amb perspectiva de gènere lo que denomina los “puntos ciegos” de la justicia: espacios en los que el sistema, aun funcionando correctamente en apariencia, no logra detectar ni corregir las desigualdades que atraviesan estos casos.
No se trata de errores evidentes, sino de inercias. Interpretaciones que se presentan como neutrales pero ignoran el contexto, estereotipos que siguen operando en la valoración de los hechos o exigencias implícitas sobre cómo debe comportarse una víctima. Todo ello configura una respuesta que, sin apartarse formalmente de la norma, termina alejándose de la realidad que pretende juzgar.
Los estereotipos persisten en España, según el CEDAW y GREVIO
No solo lo dicen las fiscales que pisan los juzgados y las salas de vistas. También lo han advertido organismos internacionales. El Comité CEDAW de Naciones Unidas y GREVIO, el órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar el cumplimiento del Convenio de Estambul, llevan años señalando a España por problemas que ya no admiten matices: la persistencia de estereotipos de género en la justicia, la revictimización de las mujeres durante los procesos judiciales y la falta de aplicación real de la perspectiva de género.
Ambos organismos coinciden en algo esencial: el problema no está en la ausencia de normas, sino en cómo se aplican. Han advertido de la falta de formación suficiente en quienes deben juzgar, de la desigualdad en la atención a las víctimas según el territorio y de una respuesta institucional que no siempre es coherente ni genera confianza. GREVIO, además, ha alertado expresamente del impacto de los discursos que niegan o minimizan la violencia contra las mujeres.
No es una percepción. No es un caso aislado. Es un diagnóstico reiterado. Pero la respuesta social sigue siendo la misma: dudar de la víctima antes que cuestionar el sistema.