El Gobierno no ve hoy el menor riesgo de que una moción de censura como la que llevó a Pedro Sánchez hasta La Moncloa hace ocho años pueda servir también para expulsarlo de la sede presidencial. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha redoblado esta semana la presión pública sobre Junts y PNV para que avalen una moción de censura “instrumental”, destinada a descabalgar a Sánchez y conformar un nuevo ejecutivo que convoque elecciones.
En Moncloa, hasta el momento, no han apreciado señales de que sus aliados parlamentarios puedan dar un giro de 180 grados para pasar de investir a un presidente socialista hace menos de tres años a hacer lo propio con uno del Partido Popular. Recuerdan que no hay sentencia alguna que avale políticamente un seísmo como el que ellos desencadenaron contra Mariano Rajoy tras el fallo de Gürtel.
Y argumentan que el PP ha calcinado su relación con ambos potenciales aliados. “El más mínimo análisis”, afirman, lleva a la “conclusión” de que “esta moción no va a existir nunca”. De hecho, sostienen que las relaciones con sus aliados en la Cámara Baja siguen exactamente igual que hace una semana. Por más que ambos hayan reclamado elecciones a Sánchez en los últimos días.
En lo que respecta a Junts, los neoconvergentes volaron los puentes con el Ejecutivo en octubre. Nada de lo que Sánchez ha intentado hasta ahora ha servido para reconstruirlos, ni siquiera conceder dos entrevistas televisivas en Cataluña en un mismo día, reconociendo sus “incumplimientos”con los de Carles Puigdemont.
Feijóo se dirigió a ellos y a los empresarios catalanes en el Cercle d’Economía, el martes -Sánchez lo visitará el miércoles-. Y Junts le transmitió que acuda a Waterloo (Bélgica) donde reside el expresident prófugo, si realmente tiene un plan a exponer. El líder del PP lo descartó.
Sobre las advertencias del PNV: “Se tienen que diferenciar”
Por otro lado, en lo que tiene que ver con el PNV, con el que el PSE gobierna en Euskadi, el Ejecutivo interpreta que están orientando sus posiciones con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027. “Se tienen que diferenciar”, justifican.
Quieren leer las dos recientes peticiones de comicios por parte del partido de Aitor Esteban como mensajes “con carácter electoral”. Y creen que el giro de Feijóo, que en público han tildado de “desesperado” y “cínico”, no servirá para reparar las relaciones con estos partidos.
No hay “ningún riesgo” de que una futurible moción prospere, reiteran fuentes del Consejo de Ministros. Otra cosa es que ellos mismos cuenten hoy con elementos para coser la maltrecha mayoría que permitió la investidura de Sánchez. Visto que la próxima semana el grueso de la actividad política se verá marcada por la visita a España del Papa, León XIV (del 6 al 12 de junio), sólo tendrán dos plenos más antes de que acabe junio para pisar el aceleador.
Y, salvo que la Justicia resuelva rápidamente sobre la aplicación de la amnistía al expresident catalán, seguirán sin contar con la precaria mayoría que les ha permitido sacar adelante 64 iniciativas con rango de ley en lo que va de legislatura.
Baste decir que el Plan Anual Normativo (PAN) del Ejecutivo, aprobado hace escasas semanas, establece la meta de llevar al BOE 48 leyes durante lo que queda de 2026. Que julio y agosto son inhábiles (en el primero sí suele celebrarse algún pleno), y que a la vuelta de vacaciones la inminencia de las elecciones autonómicas y municipales impregnará toda la actualidad política.
El margen con el que cuentan para reconstruir su mayoría es mínimo. Y, aún así, fuentes del Ejecutivo reiteran que en las próximas semanas prevén aprobar en Consejo de Ministros iniciativas de calado, como el proyecto de ley que vehicula el nuevo sistema de financiación autonómica. Antes tendrán que convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsiblemente en julio, y en este órgano tienen garantizados los votos necesarios. De los Presupuestos Generales del Estado, hasta el momento, no hay noticias.
No creen que el presidente vaya a ser llamado a declarar como testigo en el caso ‘fontanera’
Pese al terremoto político sufrido en las últimas dos semanas con la citación como investigado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el nuevo caso que afecta a Santos Cerdán y Leire Díez, el Gobierno intenta vender calma. En los próximos días se espera que trascienda el contenido del sumario de la causa por la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en Ferraz hace una semana para requerir documentación.
El shock en las filas socialistas ha sido evidente durante días, y la reacción de algunos dirigentes históricos como Ramón Jaúregi (exministro de la Presidencia) ha consistido en reclamar un congreso extraordinario al que Sánchez ha dado portazo.
Si el martes se conoció que el PSOE de Cantabria pagó cerca de 30.000 euros a la exfontanera socialista sobre los que hasta la fecha no había registro -sólo constaban 15.000-, hoy en el cuartel general aseguran que no contemplan revisar sus cuentas. Hace un año, cuando trascendió la primera pieza que afecta a la fontanera, no saltaron alarmas sobre el supuesto abono de al menos cuatro billetes de avión a Díez y otros gastos para la trama. Y hoy esperan a la apertura en canal de la causa para dar explicaciones sobre los “encargos” a la exmilitante, a la que permitieron que escenificara su renuncia en lugar de quitarle el carnet socialista.
Estos encargos, todavía en hipotético, los atribuyen en exclusiva a Cerdán, al que recuerdan haber expulsado del partido de manera fulminante. Y en Moncloa no contemplan hoy, a tenor de la resolución del juez Santiago Pedraz ya conocida, que el magistrado cite a Sánchez en calidad de testigo. Era el máximo superior jerárquico del extodopoderoso secretario de Organización, aunque entienden que “en el auto no se destila” esta posibilidad.
La razón por la que insisten en reivindicarse más tranquilos que hace un año, cuando saltó el caso Cerdán, es que hoy tienen claro que no han “avalado” ninguna “práctica ilegal”. “Hace un año descubrimos serios indicios de corrupción”; “Había serios indicios de que algo muy vergonzoso nos salpicaba”. “No estamos en el mismo caso”, zanjan.
Entre el “respeto a la Justicia” y la denuncia de que los frentes coinciden con Kitchen
Por otra parte, mientras el PSOE refuerza su identificación de los frentes abiertos con una cruzada contra los socialistas -“van a por nosotros”- en el Gobierno se esfuerzan por marcar una posición algo matizada. Más allá de los mensajes más duros, como los que enarbola el ministro de Transportes, Óscar Puente, la tesis oficial es que se puede defender su “respeto a la Justicia” y su “confianza” en la misma con la denuncia de que no existen “las casualidades”.
Que consideren esta denuncia amparada por la “libertad de expresión”, porque no ven “infalible” ninguna profesión, tampoco la de los jueces. Y porque entienden que “no hay que mezclarlo todo”. Esto es, que hay causas, como las que afectan a los familiares del presidente, Begoña Gómez y David Sánchez, en las que se permiten criticar el fondo y las formas. Alguna sentencia, como el fallo condenatorio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que enmiendan por completo.
Y otras, como las que afectan a José Luis Ábalos y Koldo García, o el frente abierto para Zapatero, que no “cuestionan”. Que no identifican viciadas de origen. El calendario sí les resulta sospechoso: “Lo que creemos es que no es casualidad que todos estos procedimientos hayan coincidido en las semanas de la Kitchen”, la causa por la que se sientan en el banquillo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado Francisco Martínez.
“No creemos que existan las casualidades”, insisten. Sobre quién estaría organizándose para atacarles, no obstante, tampoco quieren ser mucho más claros. En varias ocasiones, han metido en este paraguas a determinados medios y a partidos de la derecha, como el PP. “Están intentando utilizar atajos”, acusan. Por el momento, creen que esos atajos no servirán a los conservadores para expulsarles de Moncloa.