El próximo 2 de junio se cumplirán dos lustros desde que la Casa del Rey anunciase la abdicación del Rey Juan Carlos. Un hecho inédito en la historia de España; no por la abdicación en sí, ya que había antecedentes -Alfonso XIII fue el último Rey en renunciar al trono-, sino por ser la primera en la democracia que él mismo construyó y por decisión totalmente voluntaria, sin que agentes externos la motivaran.
Pese a que Don Juan Carlos tuviese la decisión tomada tiempo atrás -el desgaste por su relación con Corinna Larsen, el “Caso Nóos” y su salud fueron las principales causas de la renuncia-, fue en el funeral de Adolfo Suárez, en marzo de 2014, cuando la anunció a nivel político. Ese mismo día se lo contó primero a quien fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), y después al líder de la Oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE).
A partir de ahí, Zarzuela, Gobierno y PSOE se pusieron a trabajar en tres áreas: la primera, cuándo se anunciaría al país la decisión. La segunda, cómo iniciar el proceso de abdicación de acuerdo a la ley. La tercera, saber guardar el secreto. Se escogió el mes de junio para adaptarse al calendario electoral, ya que en mayo se celebraban las europeas y, con el auge de partidos antimonárquicos como Podemos, no convenía que la abdicación agitase y condicionase el voto.
En lo que concierne a la Corona cualquier reforma de sus artículos pasa por un procedimiento farragoso que incluye convocatoria de elecciones y de un referéndum, pero en lo que respecta a la abdicación es muy fácil: El artículo 57.5 de la Constitución dispone que «las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica». La dificultad estribaba en cómo redactarla.
Según ha podido saber este medio en conversaciones con el círculo más íntimo de Don Juan Carlos, la idea fue que cuanto más sencilla fuera mejor para que ningún partido político pudiera encontrar un gancho “para tumbarla”. Así, se resolvió hacer un artículo único dentro de ley. “Su Majestad el Rey Don Juan Carlos abdica la Corona de España”. Sin más.
En este punto, tanto PP como PSOE estuvieron de acuerdo. Pero sí hubo un aspecto que suscitó diferentes puntos de vista entre la Casa y el partido de la Oposición. Rubalcaba estaba de acuerdo en que la ley fuera lo más escueta posible, de hecho fue una de las personas que más insistió en este punto, pero cuando se puso sobre la mesa añadir que el heredero sería Don Felipe, para dejar el asunto lo más atado posible, el entonces secretario general socialista se negó. Los orígenes republicanos del partido habrían suscitado reacciones críticas dentro de miembros del propio partido, debido a que el PSOE estaría apoyando el sistema de sucesión hereditaria dentro de la Monarquía, y ahí Rubalcaba no quiso que peligrara la normalidad en la abdicación de Don Juan Carlos. También priorizó al Estado cuando, tras el catastrófico resultado del PSOE en las elecciones europeas, quiso dimitir pero lo pospuso hasta que la abdicación estuviera resuelta.
Se desestimó introducir reformas como el aforamiento
Hubo voces entre los asesores de Zarzuela que consideraron conveniente incluir en la ley orgánica el aforamiento de los Reyes, Príncipes y Reyes salientes ante el Tribunal Supremo. Esta opción fue desestimada por la polémica que también habría generado, y se pospuso al mes de julio mediante una ley orgánica en el BOE.
“Don Juan Carlos no puede volver a España porque no podría ir a Zarzuela y no tiene estatus como los ex presidentes”
De tal manera, lo único que se redactó en el proceso de abdicación además de esa escueta línea respecto a la abdicación fue el Real Decreto que modificaba el vigente desde 1987 sobre Régimen de títulos, mediante el que se estableció que Don Juan Carlos y Doña Sofía tendrían vitaliciamente los títulos de Rey y Reina con carácter honorífico. No se consideró incluir un estatus regulado, como si tienen los ex presidentes, ya que el artículo 65 de la Constitución establece que el Rey recibe una asignación por parte de los Presupuestos Generales del Estado para “el sostenimiento de su Familia y Casa”.
Así, Don Juan Carlos estuvo recibiendo, al igual que Doña Sofía, una asignación por su actividad institucional, tenía seguridad -ésta la mantiene- y vivía en el Palacio de la Zarzuela. Al retirarle el Rey la asignación en 2020 -que ascendía a 194.232 euros- por sus actividades irregulares y marcharse fuera de España, en este momento si Don Juan Carlos quisiera regresar no podría debido a que no tendría una residencia oficial, además de tener que costearse la “vida” por su cuenta, lo que generaría todo tipo de investigaciones respecto a la procedencia del dinero, gastos, etc.
Los ex presidentes del Gobierno reciben una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado, además de tener un automóvil y disponer de los servicios de seguridad que las autoridades del Ministerio del Interior estimen necesarios, entre otras cuestiones. “Don Juan Carlos no volverá mientras esté Sánchez en el Gobierno y su hijo no vuelva a regular su situación”, afirma a este medio un allegado al padre de Felipe VI. Cierto es que Felipe VI y su padre han tenido algunos gestos de acercamiento, como en el funeral del Rey Constantino en Windsor, cuando a la salida de la Iglesia de San Jorge el padre de Felipe VI se apoyó en el brazo de su hijo para salir, quedando inmortalizada esa imagen de complicidad, o en la fiesta familiar celebrada en Zarzuela tras la jura de la Constitución de la Princesa Leonor a la que también asistió su abuelo. Pero más allá de estos gestos, no hay prevista ninguna intención de acercamiento institucional por el momento.