El Partido Popular ha registrado en el Congreso una ofensiva parlamentaria contra la gestión económica del Gobierno en materia de Defensa. El grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo solicitó que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; Margarita Robles, ministra de Defensa; y Jordi Hereu, y el ministro de Industria y Comercio, comparezcan y den explicaciones ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional sobre las inversiones militares de 2025 y 2026.
El PP sostiene que el Gobierno de Sánchez está utilizando la inestabilidad internacional como un “cheque en blanco” para aumentar el gasto militar.
Inversión bajo la lupa
La denuncia que ha presentado cuestiona las adjudicaciones del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Según ha comentado la vicesecretaria de Regeneración Instituciona del PP, Cuca Gamarra, el Gobierno ha “comprometido” alrededor de 33.936 millones de euros durante 2025, sin juicio ni control parlamentarios, una cifra astronómica para la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo. Asimismo, resalta que existe un “vacío de información” preocupante sobre cómo se reparte el capital.
Gamarra ha criticado abiertamente la solvencia de las empresas beneficiarias, señalando que existe una gran incógnita sobre quiénes son las compañías beneficiadas. De igual manera, comentó que se desconoce “la capacidad industrial y tecnológica” de estas sociedades. El PP exige saber cuáles fueron los criterios de subcontratación y, sobre todo, qué otros presupuestos se han visto afectados, debido al aumento en el gasto de la defensa. Cabe mencionar que los Presupuestos Generales del Estado se encuentran postergados desde 2023.
El despliegue de la fragata
La guerra en Irán cada vez genera más complicaciones y no se tiene una fecha concreta para su fin. Ante ese hecho, el Gobierno español ha enviado una fragata a Chipre como apoyo al sistema de defensa de la UE. El PP ha acusado a la bancada de Sánchez de enviar la Cristóbal Colón a la zona de conflicto de forma unilateral. Según la Ley de Defensa Nacional de 2005, el envío de tropas o unidades militares a misiones en el exterior requiere la autorización previa del Congreso de los Diputados.
“Se han asumido compromisos de inversión y despliegue operativos sin dar una sola explicación al Parlamento”, ha recalcado Gamarra. Asimismo, se suma la reciente transferencia de 1.339 millones, aprobada en el Consejo de Ministros, sin conocer cuál sería el destino de ese dinero.
A la espera de Robles
La relación entre el Ministerio de Defensa y la Oposición no está en su mejor momento. El Partido Popular, que en el 2025 también había pedido explicaciones a Robles acerca de la concesión de préstamos directos a la industria armamentística. En esa ocasión no se obtuvo ninguna respuesta a cambio. El partido acusa a la ministra de “huir” del cuestionamiento y exige la presencia de Margarita Robles en las sesiones de control, con la intención de lograr un debate democrático.
“Exigimos que se garantice que estas adjudicaciones no responden a criterios arbitrarios y que las empresas seleccionadas tienen capacidad real para responder a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas“, ha subrayado Gamarra.
El PP busca determinar si el incremento en el gasto de Defensa responde a una estrategia industrial clara y sostenible para 2026 o si, por el contrario, es una huida de un Gobierno sin apoyos presupuestarios sólidos.