Pedro Sánchez ha comparecido este viernes tras el Consejo de Ministros extraordinario con un mensaje muy claro: el Gobierno quiere levantar un nuevo plan anticrisis para amortiguar el golpe económico derivado de la guerra de Irán y de la nueva sacudida energética que amenaza con encarecer la vida de familias, empresas y sectores estratégicos. La imagen que el presidente ha querido trasladar no es casual. Ha hablado de un auténtico “terremoto económico” y ha intentado situar la respuesta del Ejecutivo en la misma línea de los grandes escudos desplegados durante la pandemia o tras el estallido de la guerra de Ucrania.
La idea de fondo es esa. Moncloa pretende transmitir que ya ha gestionado crisis de enorme impacto y que ahora volverá a recurrir a la misma receta: intervención del Estado, protección social, ayudas a sectores vulnerables y control sobre el mercado para evitar abusos. En ese marco, Sánchez ha anunciado un plan anticrisis que movilizará 5.000 millones de euros y que estará integrado por 80 medidas. Un volumen que ya permite entender que el Gobierno no busca una respuesta simbólica, sino un paquete amplio con efectos fiscales, regulatorios, energéticos y sociales.
La comparecencia también deja una lectura política evidente. El Ejecutivo quiere anticiparse al miedo social que generan la inflación, el precio de la gasolina, el coste de la electricidad y la incertidumbre sobre el suministro energético. En otras palabras, quiere colocar la idea de que el Estado volverá a actuar antes de que el impacto se convierta en una ola de desgaste todavía mayor para hogares, autónomos, pymes e industrias.
Un escudo social con rebaja drástica de impuestos y alivio sobre la energía
El primer gran bloque del plan anticrisis tiene un carácter claramente coyuntural. Su función es frenar el golpe inmediato sobre los bolsillos y construir lo que el propio Sánchez ha definido como un “escudo social”. Y ahí aparece una batería de medidas muy concreta, pensada para intervenir en una de las grandes fuentes de angustia económica de cualquier crisis internacional: la energía.
La medida más llamativa es la reducción drástica de la fiscalidad energética. El Gobierno ha anunciado que rebajará un 60% los impuestos a la electricidad y que, además, bajará al 10% el IVA de la electricidad. No es un detalle menor. En un contexto de tensión internacional y posible encarecimiento de los precios energéticos, el Ejecutivo quiere actuar de forma directa sobre la factura para amortiguar la sensación de asfixia que puede extenderse entre los consumidores.
A eso se añade otra decisión relevante: también se reducirá al 10% el IVA aplicable al gas natural, los pellets y la leña. Es una medida con una lectura económica, pero también social y territorial. No afecta solo a las grandes ciudades ni a quienes dependen del recibo eléctrico convencional, sino también a hogares que recurren a otras fuentes de energía para calentarse, especialmente en zonas rurales o en viviendas con sistemas alternativos.
Dentro de ese mismo paquete se incluye la congelación del precio máximo del butano y el propano. Una decisión pensada para contener el impacto sobre economías domésticas que siguen dependiendo de estos suministros. El mensaje es evidente: el Gobierno no quiere limitarse a aliviar una sola factura, sino actuar sobre varios frentes energéticos a la vez.
La otra gran medida de este primer eje apunta directamente a la movilidad y al transporte. Sánchez ha anunciado una rebaja de hasta 30 céntimos por litro de gasolina y diésel, en función del carburante. Se trata de una decisión con enorme carga simbólica y práctica. Simbólica, porque el precio del combustible suele convertirse en uno de los termómetros más visibles del malestar económico. Y práctica, porque cualquier subida sostenida de la gasolina y el diésel termina filtrándose al resto de la economía a través del transporte, los costes logísticos y el encarecimiento de bienes básicos.
Bono social, industria, campo y control sobre las empresas
El segundo gran eje del plan anticrisis se mueve en un terreno más social y productivo. Si el primero buscaba aliviar el impacto inmediato sobre las facturas y el combustible, este otro trata de blindar a los sectores más expuestos y de reforzar la red de seguridad para quienes tienen menos margen para soportar el golpe.
En ese marco, el Gobierno ha decidido extender todos los descuentos extraordinarios del Bono Social Eléctrico. Es una medida clave porque mantiene una protección directa para los hogares más vulnerables en un momento especialmente delicado. Junto a ello, Sánchez ha confirmado que se prolongará la prohibición de cortar el suministro a los hogares con menos recursos. Esta decisión no solo tiene una dimensión económica; también tiene una enorme carga política y social. El Ejecutivo quiere dejar claro que, en una crisis de esta magnitud, no está dispuesto a permitir que la vulnerabilidad energética se convierta en exclusión pura y dura.
Pero el plan anticrisis no se queda en el ámbito doméstico. También incorpora medidas dirigidas a la industria, que suele ser una de las grandes damnificadas cuando se disparan los costes energéticos. Sánchez ha anunciado una bonificación del 80% de los peajes eléctricos para las industrias más expuestas a la crisis energética. Aquí el objetivo parece doble: evitar pérdida de competitividad y proteger empleo en sectores que pueden sufrir especialmente una escalada de precios.
La comparecencia también ha reservado un espacio central para sectores que ya venían muy tensionados incluso antes de esta nueva crisis internacional. El Gobierno ha prometido una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustiblepara transportistas, ganaderos, agricultores y pescadores, además de una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes. Esta decisión apunta directamente a la base material de la economía real. Afecta al transporte de mercancías, al campo, a la producción alimentaria y al coste de actividades esenciales para el funcionamiento del país.
Hay, además, una medida menos espectacular en su formulación, pero potencialmente muy relevante en su desarrollo posterior: el Ejecutivo plantea una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético. Aunque Sánchez no ha detallado aún todo su alcance, la idea sugiere que el Gobierno quiere ofrecer más margen de adaptación a consumidores y empresas ante la volatilidad de los precios. Es decir, no solo habrá ayudas directas, sino también ajustes regulatorios para evitar que muchos actores queden atrapados en condiciones contractuales especialmente duras en mitad de una tormenta energética.
Se perseguirá a las empresas que aprovechen para enriquecerse
A todo ello se suma una pata política que el presidente ha querido subrayar con claridad. El Gobierno dotará a la CNMC de nuevas capacidades para perseguir y castigar a las empresas que intenten aprovechar la crisis y las ayudas del Estado para enriquecerse. Este punto es importante porque introduce una narrativa de vigilancia y control. Sánchez no quiere que el plan anticrisis se lea únicamente como una inyección de dinero público o una rebaja de impuestos. También quiere presentarlo como una advertencia al mercado: quien trate de convertir la emergencia en negocio se enfrentará a una mayor supervisión.