El nuevo decreto antiapagones ha encendido todas las alarmas en el sector de las telecomunicaciones. El Gobierno ha presentado el borrador de esta normativa, orientada a reforzar la seguridad y estabilidad de las redes digitales ante catástrofes como apagones eléctricos, DANAs o emergencias volcánicas. Sin embargo, para las operadoras, el decreto supone un golpe directo a sus planes de contención de costes, reducción de deuda y reorganización del capex, en un momento especialmente delicado para sus márgenes.
Las compañías consideran que el decreto antiapagones es mucho más exigente de lo esperado. Su preocupación radica en la obligación de garantizar una autonomía mínima de la red móvil durante cuatro horas para el 85% de la población urbana, junto a requisitos aún más estrictos para las infraestructuras de primer nivel. Todo ello implica inversiones millonarias que, según el sector, el Gobierno ha calculado muy por debajo del coste real.
Cuatro horas de autonomía, la primera exigencia del decreto antiapagones
Una de las novedades centrales del decreto antiapagones es la obligación de asegurar el funcionamiento de la red móvil durante episodios de interrupción eléctrica. El Ministerio de Transformación Digital estima un coste aproximado de 73 millones. Pero las telecos elevan esta cifra hasta los 200 millones, solo teniendo en cuenta a los principales operadores.
Las mencionadas obligaciones del decreto antiapagones afectan a Telefónica, MasOrange, Vodafone y también a las torreras —American Tower, Cellnex, Vantage y Totem—, responsables de los más de 45.000 emplazamientos móviles del país.
La autonomía que plantea el decreto antiapagones exige instalar baterías adicionales con capacidad para cubrir cuatro horas de actividad en la mayoría de la población, aunque las infraestructuras críticas deberán garantizar hasta 24 horas y las intermedias 12. Para las telecos, lo razonable sería limitar la autonomía general a dos horas y blindar únicamente los puntos de máxima importancia estratégica.
Reorganización técnica y dudas sobre la financiación del decreto antiapagones
Desde la publicación del borrador, los departamentos técnicos de las compañías trabajan a contrarreloj para evaluar el impacto del decreto antiapagones. La norma deja claro que no habrá ayudas públicas para afrontar este fortalecimiento de la red, lo que aumenta la preocupación del sector. Además, deberán decidir cómo gestionar prioridades: el decreto antiapagones permite privilegiar unas tecnologías frente a otras, por ejemplo, dar prioridad a la voz sobre los datos durante emergencias.
Las telecos también deben reforzar las comunicaciones de emergencia asociadas al 112 y revisar qué servicios se consideran “de relevancia económica y social”, un concepto que el decreto antiapagones menciona pero no define con precisión. Para avanzar, el sector reclama claridad, ya que de esta clasificación dependerán buena parte de las inversiones.
Una inversión que puede alcanzar los 250 millones según el sector
Las estimaciones internas del sector sitúan el coste final del decreto antiapagones en una horquilla de entre 175 y 250 millones para las principales telecos. De los 45.000 emplazamientos del país, solo un 20% cuenta con respaldo para cuatro horas, un 45% tiene capacidad para dos y un 35% carece totalmente de baterías. El coste medio de instalar baterías adecuadas es de unos 5.000 euros por antena, lo que explica la preocupación del sector por el impacto económico del decreto antiapagones.
A esto se añaden factores que pueden encarecer aún más la inversión: la negociación con proveedores, el volumen de compra de cada empresa, los procesos de sustitución de baterías —que requieren mantenimiento periódico— y la distribución geográfica de los emplazamientos estratégicos. Todas estas variables influyen en el coste total de aplicar el decreto antiapagones.
Un sector exhausto que alerta del impacto del decreto antiapagones
Las telecos insisten en que el decreto antiapagones llega en un contexto crítico. Tras años de recortes, fusiones y ajustes en plantilla, las compañías afrontan dificultades para continuar reduciendo costes sin comprometer sus servicios. Vodafone y MasOrange realizaron despidos masivos en 2024. Mientras que Telefónica ha anunciado su segundo ERE en tres años, con más de 6.000 salidas. Todo ello reduce el margen para acometer nuevas inversiones.
El sector también recuerda que la época de grandes despliegues ha terminado. La red de fibra es la más extensa de Europa y el 5G cubre ya a más del 85% de la población. Con este escenario, las telecos planean reducir capex para reforzar caja y disminuir deuda. En ese contexto, el decreto antiapagones representa un coste inesperado y difícil de absorber. Por ello, confían en que la fase de audiencia pública rebaje las exigencias o abra la puerta a recibir subvenciones que permitan mantener la resiliencia sin comprometer la estabilidad financiera del sector.