La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trata de capear la crisis abierta entre los agentes sociales a cuenta de su inscripción en el registro de lobbies. Una obligación en vigor desde el pasado 27 de agosto y, a priori, ineludible, para mantener la interlocución con el Gobierno, que ha generado un profundo malestar en CCOO y UGT. Este viernes, ambos sindicatos han elevado el tono y en un comunicado conjunto, exigen al Ejecutivo la retirada del Real Decreto-ley 21/2026 de transparencia e integridad de los grupos de interés al considerar que “vulnera el papel constitucional” de las organizaciones sindicales.
En esta misma línea se ha posicionado CEOE, que también rechaza frontalmente esta exigencia, como avanzó Artículo14 el pasado 4 de septiembre. Esta semana, Antonio Garamendi ha sido contundente y ha anunciado que la patronal daba por rota la interlocución con el Ejecutivo: “No vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley”.
Con este telón de fondo, Trabajo tenía pendiente retomar el diálogo social con una reunión de la Mesa de Transparencia Salarial el próximo lunes, 14 de septiembre, tal y como avanzó ayer El Español. A esta, fiel a su posición, CEOE no tenía intención de acudir, mientras que CCOO y UGT sí habían previsto su asistencia. Sin embargo, según confirmaron a Artículo14 fuentes sindicales, el Ministerio ha desconvocado la reunión “por motivos de agenda”.
Evitar tensión
Con esta decisión, Yolanda Díaz evita que los agentes sociales trasladen públicamente su malestar en la sede de Ministerio. En principio, a este tipo de reuniones acuden representantes técnicos, pero la cita habría evidenciado el malestar de CEOE y colocado a los sindicatos en una posición incómoda. El Real Decreto-ley en su redacción actual prevé que las organizaciones participantes estén inscritas en el registro de lobbies y, si excepcionalmente no lo están, deban regularizar su situación en un plazo de tres días.
Pero, sobre todo, Díaz gana tiempo. La convalidación del Decreto-ley se votará dos días después en el Congreso de los Diputados y es muy probable que decaiga. Tal y como informó este medio, esta posibilidad preocupa al sector europeo de los lobbies, que ha pedido proactivamente a los grupos parlamentarios su respaldo al texto a pesar de la oposición frontal de patronal y sindicatos. “Si se pretende poner en valor el diálogo y la concertación social, no se pueden considerar como grupos de interés a las organizaciones sindicales, ignorando su naturaleza de sujeto constitucional con unas obligaciones de representación y participación en el diálogo y la concertación social y en la estructura institucional del país”, avisan CCOO y UGT.
Perfil bajo
La obligación de inscripción para patronal y sindicatos se incorporó en el texto aprobado por la vía de urgencia tras las vacaciones. De hecho, el proyecto de ley remitido a principios de 2025 al Congreso de los Diputados por el Gobierno recoge específicamente su exclusión al regular el concepto de grupo de interés. Así, en el artículo 2 c) se señalaba que no tienen la consideración de grupo de interés: “los partidos políticos y las organizaciones sindicales y empresariales en el ejercicio de sus funciones constitucionales, sin perjuicio de que puedan tener la consideración de grupo de interés las entidades creadas o financiadas por los mismos”. Esta excepción se ha eliminado en el decreto final, y se mantiene únicamente para los partidos políticos.
Sobre este cambio y el alcance de la obligación, aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de agosto, no se ha pronunciado públicamente Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo no ha logrado aún sacar adelante una de las medidas estrella de su reforma laboral, el registro horario digital, un año después de que Junts tumbara el proyecto en el Congreso. Con una agenda de otoño que incluye otras cuestiones clave, como el decreto para impedir la absorción y compensación de complementos con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de la negociación del propio salario, Díaz ha optado por el perfil bajo.
Enmienda de Sumar
A esta grieta, se añade la posición de Sumar en el Congreso de los Diputados que, según explican las fuentes consultadas, podría interpretarse en el sentido de favorecer la inclusión en el registro. Así, señalan una enmienda al artículo 4 para incluir como actividad de influencia “el uso de terceros para transmitir posicionamientos de un grupo de interés a personal público, incluyendo la financiación de asociaciones, think tanks u otras entidades para influir en el debate público o regulatorio”.
🔴 UGT y CCOO exigen que no se convalide el Real Decreto-ley sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés por «vulnerar el papel constitucional de las organizaciones sindicales»
‼️Los sindicatos reclaman la no aprobación de la norma y requieren… pic.twitter.com/iZ0BGluSl7— UGT (@UGT_Comunica) September 11, 2026
Esta propuesta de Sumar ha sido incluida en el Real Decreto-ley, que el próximo miércoles se someterá a votación. Como avanzó Artículo14, CEOE y Foment están tratando de que Junts vote en contra, lo que con la abstención del PP impediría sacar adelante la norma. Pero es que los populares también se inclinan por el rechazo. Si finalmente decae, la estrategia de Díaz le habrá permitido sortear, al menos por ahora, la crisis abierta con los agentes sociales.