El Gobierno asegura a los funcionarios que aprobará la subida salarial del año 2027 en Diputación Permanente. Así lo ha confirmado a los sindicatos (CCOO, UGT y Csif) en una reunión celebrada en la tarde de este martes en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo sobre las condiciones laborales de los trabajadores públicos.
Fue a principios de este mes cuando el ministro de Función Pública, Óscar López, aseguró que haría “todo lo posible” antes de las elecciones generales del 29 de noviembre para que el próximo año, 3,5 millones de funcionarios vean incrementados sus salarios.
Tal y como reza el comunicado enviado por UGT, “el Gobierno se ha comprometido a ese incremento salarial pactado en el acuerdo firmado el año pasado”, aunque Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, reclama a López que se fije una fecha para la aprobación.
Desde CCOO insisten en que el Ministerio de Función Pública acote una fecha para su aprobación y reclaman “el cumplimiento efectivo de todos los compromisos adquiridos con las empleadas y empleados públicos”.
En la reunión también ha estado presente Csif, sindicato que ha reclamado que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley “antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.
La subida más alta para los funcionarios
Y es que, el incremento salarial del año 2027 no es significativo, sino que se trata del mayor aumento que el Gobierno ha firmado con los sindicatos desde el año 2018.
El acuerdo firmado el año pasado -y que tendrá vigencia hasta 2028- recogía un alza del 2,5% para el año 2025 -con efecto retroactivo desde enero- del 2% para 2026 (al que se le añade un 0,5% variable siempre y cuando el IPC sea igual o superior al 1,5% y que se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo); del 4,5% para 2027; y una última subida 2% para 2028.
Adelanto de elecciones y ausencia de PGE
Así, los funcionarios se aseguraban una subida salarial del 11% para los próximos años. El problema ha venido con la convocatoria de elecciones y ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Si el Gobierno hubiera aprobado los PGE del año 2027, en los que se habría incluido la subida salarial de los trabajadores públicos correspondientes a ese año, el aumento de la nómina de los funcionarios se haría de manera efectiva con la entrada del año.
El problema llega con la ausencia de Cuentas para el año que viene. Con este contexto, el Gobierno debe recurrir al Real Decreto-Ley para aprobar el aumento salarial y validarlo en Diputación Permanente.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos ya había advertido que tanto la Diputación Permanente del Congreso como el Consejo de Ministros cuentan con los mecanismos legales para hacer efectivo el incremento salarial.
Además recordó que, cuando el INE publique las cifras definitivas del IPC, deberá abonarse también el medio punto adicional previsto en el acuerdo y avalado por el Real Decreto Ley 14/2025.
Subidas desde 2018
La subida del año 2027 se trata de la más alta desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Aunque el Gobierno ha incrementado las nóminas de los funcionarios desde el año 2018, el 4,5% correspondiente a 2027 (cuando estaban previstas las elecciones) es la cifra más elevada.
Desde que Sánchez es presidente del Gobierno, el sueldo de los trabajadores públicos se ha incrementado un 20,65% acumulado. En 2018 el aumento fue del 1,75%, en 2019 del 2,5%, en 2020 del 2% y en 2021 (el más bajo) del 0,9%.
Fue en el año 2022 cuando se firmó el primer Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Este pacto, que lo firmó María Jesús Montero, recogía un aumento del 9,5% repartido entre 2022 y 2024. El primer año se incrementó el salario un 1,5%, en 2023 el aumento fue del 2,5% (que podían incrementarse hasta el 3% si la suma del IPC de 2022 y el adelantado de septiembre de 2023 superaba el 6%) y en 2024 fue del 2%, con un 0,5% adicional en función del IPC.
El último pacto llegó a finales del año pasado, pero con efecto retroactivo desde el 1 de enero para que pudiera entrar en vigor la subida salarial del año 2025 y tuviera efecto en los 12 meses.
Temas pendientes a ejecutar
Los tres sindicatos han coincidido en la necesidad de avanzar los temas pendientes que se pactaron el año pasado y este mes de junio, como son los complementos de residencia e insularidad.
Y es que, en el sexto mes se alcanzó un pacto para actualizar las indemnizaciones vinculadas a estos complementos para aproximadamente 11.200 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) destinados en Baleares.
A esto se suma también el acuerdo al que llegó el Gobierno con los sindicatos de que antes de diciembre se concretarían las indemnizaciones correspondientes a Ceuta, Melilla, Canarias y el Valle de Arán.
De la parte de CCOO y Csif coinciden en la importancia de que no se paralicen ni se pospongan el resto de medidas incluidas en el Acuerdo marco”. Así, han destacado la necesidad de avanzar en la eliminación o modificación del actual modelo de tasa de reposición, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior y la modificación de la normativa reguladora del Observatorio del Empleo Público.
A través de un comunicado, Csif ha señalado que la cartera que encabeza Óscar López les ha informado que está trabajando con las comunidades autónomas en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Y que, edemás, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.