La oferta de vivienda para alquiler permanente ha caído un 10% durante el último año en España. Por el contrario, los alquileres de temporada han aumentado un 7% y ya representan el 34% del mercado, según un estudio publicado este martes por Idealista, que confirma la tendencia que se adivinaba semanas atrás, tras los anuncios en materia de vivienda del Gobierno tras el desahucio de Maricarmen.
Baja en zonas tensionadas
En todos los mercados tensionados (salvo Gerona) que aplican controles de precios la oferta de vivienda ha mermado: San Sebastián ha registrado el mayor descenso de la oferta de alquiler, con una caída del 52%, seguida de La Coruña y Bilbao, ambas con un 41% menos. A continuación figuran Pamplona (-33%), Vitoria (-32%), Tarragona (-31%), Lérida (-29%) y Barcelona (-22%). La única excepción en estos mercados ha sido Gerona: la oferta de alquiler permanente ha aumentado un 4% interanual.
Fuera de las zonas tensionadas, las mayores caídas se han producido en Ceuta (-54%) y Huesca (-44%), seguidas de Palencia (-32%), Logroño y Huelva (-27% en ambos casos). Entre los grandes mercados no declarados como tensionados, Alicante ha registrado un descenso del 22%, Valencia del 12% y Málaga del 11%. En Madrid, la oferta ha disminuido un 6%, mientras que en Palma lo ha hecho un 2%.
En total, solo en seis capitales ha aumentado su oferta de alquiler permanente durante el último año. Cáceres ha liderado las subidas, con un incremento del 11%, seguida de Gerona y Badajoz, ambas con un 4%, Las Palmas de Gran Canaria (2%) y Granada y Cádiz (1% en cada caso).
Los alquileres de temporada ganan peso
Por su parte, la oferta de alquileres de temporada, excluidos los turísticos, ha aumentado un 7% interanual. San Sebastián es donde los alquileres de temporada tienen mayor peso, al representar el 62% de la oferta disponible, seguida de Cádiz (61%), Bilbao (59%) y Barcelona (57%). Esta última ha aumentado su proporción desde el 51% registrado en el trimestre anterior. En los principales mercados, los alquileres de temporada representan el 37% de la oferta en Málaga y el 35% tanto en Madrid como en Valencia. En Sevilla suponen el 33%, en Alicante el 31% y en Palma el 25%. En el extremo contrario, Guadalajara presenta el menor peso de esta modalidad, con un 8%, seguida de Valladolid (11%) y Zaragoza, Cáceres y Palencia, con un 12% en cada caso.
La intervención es la causa
El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha señalado que los datos del tercer trimestre todavía no reflejan los posibles efectos adversos de los decretos de vivienda y ha defendido que la intervención del mercado está generando escasez en las zonas donde se aplica. Según Iñareta, la caída de la oferta de alquiler permanente y el aumento del peso de los contratos temporales muestran que las medidas no están ampliando las opciones disponibles para quienes buscan una vivienda de larga duración.
Cataluña, más impacto
El portavoz también ha destacado el impacto de la legislación autonómica en Cataluña sobre el alquiler de temporada, con descensos pronunciados en las cuatro capitales de provincia. No obstante, ha advertido de que la reducción de esta modalidad tampoco se está traduciendo en un incremento de la oferta de alquiler permanente.
El Gobierno anuncia su parche: 180M en subvenciones
Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para destinar 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y así reducir los precios del alquiler.
Esta dotación recaerá sobre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en cinco comunidades autónomas y que abarcan a más de 9 millones de habitantes, según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De estos 180 millones, Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados zonas tensionadas. Le siguen Euskadi, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21 municipios; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.
Rodríguez ha explicado que el reparto de los fondos tiene en cuenta tanto la población afectada por la declaración de zona tensionada como el esfuerzo que realizan las familias para pagar el alquiler, de forma que la financiación sea mayor en los territorios con más población afectada y mayores dificultades para afrontar estas rentas.
La ministra ha defendido que la declaración de zonas de mercado residencial tensionado no supone reconocer una situación positiva, sino constatar la existencia de un problema que “requiere soluciones extraordinarias”. En este sentido, ha recordado que estas zonas permiten aplicar medidas como la limitación de las subidas del alquiler al finalizar los contratos y las bonificaciones a los propietarios que reduzcan las rentas.
Las comunidades autónomas podrán destinar las subvenciones a cinco ámbitos de actuación. El primero es la promoción y rehabilitación de viviendas, así como el desarrollo de soluciones habitacionales alternativas, para destinarlas al alquiler social o asequible, con independencia de la calificación y titularidad del suelo.
Los fondos también podrán financiar la adquisición de suelo con edificabilidad residencial por parte de las administraciones autonómicas o de sus entidades dependientes o vinculadas con competencias en materia de vivienda, así como el desarrollo y la urbanización de terrenos destinados a uso residencial.
El cuarto ámbito contempla la compra de viviendas existentes y otras soluciones habitacionales para incorporarlas al alquiler social o asequible. Por último, las ayudas podrán destinarse a cubrir impagos de contratos de arrendamiento de viviendas.
Rodríguez ha recordado que el Ministerio ya había previsto otras medidas extraordinarias para estos territorios en el Plan Estatal de Vivienda, entre ellas ayudas para la construcción de vivienda pública y la posibilidad de que las administraciones financien hasta el 80% del coste de adquisición de viviendas ya construidas para destinarlas al alquiler asequible.