La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presentó ayer, 17 de mayo, al Consejo de Ministros el informe del Comité para el análisis de las circunstancias que provocaron el apagón del 28 de abril, previa aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional. Por primera vez, de manera directa, identificó la responsabilidad de Red Eléctrica -cuya presidenta es Beatriz Corredor- en la caída a cero del sistema eléctrico.
A su vez, las conclusiones del informe siguen el guion que ya se anticipaba en el sector -y avanzó Artículo14-: la involucración de las eléctricas de cara a rebajar el impacto millonario del apagón. De esta forma, el informe concluye que el apagón tuvo un origen “multifactorial” por una combinación de factores técnicos y operativos, con Red Eléctrica y los operadores como responsables.
Por una parte, Red Eléctrica operó el sistema con una capacidad de control de tensión insuficiente frente a las grandes oscilaciones de tensión. Y por otra, las eléctricas como responsables de las nueve centrales de generación que debían compensar la tensión, “tuvieron algún grado de incumplimiento” porque hubo desconexiones “aparentemente indebidas”. Iberdrola, Endesa y EDP, a través de la patronal de empresas de energía eléctrica aelēc, aseguraron que sus centrales cumplieron con los requerimientos regulatorios y señalaron las decisiones de operación de REE como causa del cero eléctrico.
Corredor dijo que no hubo fallos
El señalamiento de Red Eléctrica como uno de los responsables por una mala planificación -la presentación del Miteco señala que un “sistema con capacidad de control de tensión insuficiente“- contrasta con la posición que ha venido manteniendo su presidenta. En una intervención pública a principios de este mes, Beatriz Corredor reivindicó que no “había ningún fallo en el funcionamiento de la red de transporte eléctrico ni en las medidas tomadas por el operador del sistema”.
En su exposición detallada de los hechos que causaron el apagón, Sara Aagesen afirmó que “faltaron capacidades para controlar la subida de tensión porque no estaban programadas con suficiencia, aunque había parque de generación suficiente para responder”. En otro momento, reconoció que “el programa del operador fue el menor desde que empezó el año 2025”.
Responsabilidad compartida
De esta forma, el Gobierno apunta a un error de planificación de Red Eléctrica, que el 27 de abril optó por contar con diez centrales de ciclo combinado como amortiguadores frente a una fuerte subida de tensión. Cabe recordar que en los días previos al apagón hubo alteraciones de las tensiones. Y cuando a las 20:00 horas del 27 de abril una de ellas avisó que no iba a entrar en funcionamiento, el operador de la red no realizó ningún ajuste, según relató Aagesen.
A pesar de la identificación del operador del sistema -cuya mayoría del capital (20%) está controlado por el Gobierno a través de la SEPI-, las eléctricas no quedan eximidas. Las nueve centrales de generación que estaban previstas para regular la tensión no dieron la respuesta esperada. Todas tuvieron “algún grado de incumplimiento”, según señaló Aagesen. De esta forma, indirectamente la ministra apuntó, entre otras, a las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy, compañías que gestionan las grandes infraestructuras.
La visión de las eléctricas
“Desde aelēc coincidimos con el diagnóstico presentado por la Vicepresidencia Tercera, que identifica como causa principal del cero eléctrico un problema de control de tensión, mientras que la responsabilidad de garantizar dicho control recae en Red Eléctrica de España”, puntualizó la asociación, que sigue así las posiciones que vienen defendiendo las compañías desde el apagón.
En su opinión, el 28 de abril, el operador del sistema optó por gestionar la tensión con “una capacidad síncrona limitada y un reparto geográfico desequilibrado, lo que dejó al sistema en una situación de vulnerabilidad“. Las eléctricas recalcaron que operaron por encima de las obligaciones regulatorias para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico y señalaron como único responsable a Red Eléctrica.
Judicialización de las reclamaciones
Con el informe como punto de partida, el Gobierno ya anticipa una judicialización de las reclamaciones. Según matizó Aagesen, en respuesta a una pregunta sobre si habían solicitado la dimisión de Beatriz Corredor, el informe “no es ningún juicio”, sino un documento de análisis que pretende identificar las causas y las medidas para evitar que pueda repetirse.
Es decir, esta explicación de los hechos permitirá iniciar la asunción de responsabilidades frente a lo ocurrido y las reclamaciones: “Respecto a las reclamaciones, ahora tienen que comenzar con este informe, cuyo objetivo era el análisis y la identificación de las causas. Llegamos a una siguiente fase, que será la instrucción de los procedimientos administrativos y judiciales, que serán los que determinarán cómo culmina todo este proceso“, detalló Sara Aagesen.
De momento, el Ejecutivo trasladará a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) aquellas cuestiones que “merecen ser estudiadas para, en su caso, abrir los correspondientes procedimientos administrativos, con todas las garantías, y todas sus consecuencias”.
Subida de Redeia en Bolsa
Esta dilución de responsabilidades sobre Redeia, como matriz de Red Eléctrica, frente a las millonarias reclamaciones que se avecinan tuvo su reflejo por parte del mercado. Redeia subió un 2,2% en Bolsa -el mejor comportamiento del Ibex 35-, hasta 18,10 euros. Y así, en lo que va de año, acumula una revalorización del 8,19%. Para la compañía, supone un soplo de aire ante la próxima junta de accionistas, convocada para el 30 de junio.
Las cotizadas energéticas también lograron escapar de las caídas generalizadas, Solaria (+1,5%), Enagás (+0,49%) e Iberdrola (+0,09%), mientras que Naturgy cedió un 0,08% y Endesa un 0,34%. Por su parte, Repsol avanzó un 1,78%, alentado por la subida del Brent.