El ministerio de Seguridad Social ha venido hablando durante estos meses que la regularización extraordinaria de beneficiaría a unos 500.000 inmigrantes, unas cifras que han sido cuestionadas por algunos organismos como Fedea o la AIReF, que elevaban esas cifras hasta más de 750.000 personas. Con motivo de la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía que expuso ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó que las solicitudes habían superado el millón, concretamente eran 1,2 millones de migrantes los que habían iniciado el procedimiento de la regularización, cifras que duplican las expuestas por el Ejecutivo en el inicio de este proceso.
Fue ayer cuando fuentes del Gobierno, preguntadas por si estas cifras pudieran suponer un colapso de los servicios encargados de gestionar estos documentos, confirmaron que internamente manejaban tres escenarios. El que trasladaron desde el inicio y que contemplaba unas 500.000 solicitudes, otro con más de 750.000 procedimientos, y una última alternativa en el que se tenía en cuenta que más de un millón de migrantes solicitarían la regularización. Así, indicaron que las capacitaciones estaban previstas y que la cifra real con la que ha culminado el proceso se ha acercado más al último escenario.
El día que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto para la regularización extraordinaria se hablaron de unos 500.000 inmigrantes que se favorecerían de dicho procedimiento.
Semanas más tarde fue desde Funcas donde se elevó el potencial a 840.000 personas. Más prudentes, pero también con cifras superiores a las del Ejecutivo, la AIReF señalaba que serían 762.646 personas en edad de trabajar las que se beneficiarían de este proceso, mientras que la Comisaría General de Extranjería habla de 1,2 millones o el CNI lo sitúa en 1,3 millones.
Una ILP, la precursora de la regularización
Así el Ejecutivo se escuda en que en ese momento se dieron los datos de lo que hablaba la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aunque defendieron la necesidad de estar preparados para todas las situaciones.
Y es que, fue en abril de 2025 cuando el Congreso aprobó la tramitación de la ILP para la regularización de cerca de 500.000 migrantes que residen en España de manera irregular. Fue el primer empujón a la regularización extraordinario que ayer culminó con el periodo de solicitudes y que, desde hoy, comienza con el proceso íntegro de resolución de expedientes. Ya en su momento, la propuesta obtuvo más de 600.000 firmas y fue “apadrinada” por el PSOE.
Desarrollo del Plan de Integración y Ciudadanía
Con el objetivo de que el proceso de regularización sea lo más fructífero y los migrantes cuenten con los máximos recursos para adaptarse al país, el Gobierno ha desarrollado el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, que estará dotado con 505 millones de euros en su primer año y contará con cuatro líneas de actuación que actúan sobre el empleo, educación, vivienda, sanidad, convivencia y lucha contra la discriminación.
El Plan de Integración y Ciudadanía, dotado inicialmente con más de 500 M€, es la propuesta de España para gestionar las migraciones de una forma ordenada, justa e inteligente.
Un plan para mejorar la vida de quienes llegan a nuestro país, aprovechar las oportunidades que… pic.twitter.com/byQJQwJus5
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 30, 2026
El Plan arrancará este ejercicio y contará con una Comisión Interministerial, presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que será la encargada de coordinar su ejecución y evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados para 2030 en ámbitos como el empleo, la pobreza, la vivienda, la educación o la discriminación. Y es que, esta iniciativa requiere de la coordinación con el resto de las comunidades autónomas para que el despliegue sea lo más efectivo posible.
Necesidad de contar con mayoría parlamentaria
El primer eje del plan se centra en la regularidad y la ordenación de los flujos migratorios. Entre las medidas figura la regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular, el desarrollo de una Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas de migración y la creación de una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana.
Si bien es cierto, esta agencia es una de las partes más complicadas de desarrollar del Plan ya que requiere del aval del Congreso para su aprobación, por lo que el Gobierno debe tratar de conseguir los apoyos necesarios en el momento en el que eleve esta propuesta, que aún no ha desarrollado los aspectos técnicos, a la Cámara Baja.
185 millones para fomentar el empleo
El segundo eje del Plan estará dotado con 185 millones de euros y sitúa el empleo como la principal herramienta de integración. En este apartado, el Gobierno impulsará programas para facilitar el acceso al mercado laboral en sectores con alta demanda, promoverá el emprendimiento, reforzará la Inspección de Trabajo y pondrá en marcha una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptadas a las necesidades del mercado.
El tercer eje está orientado a fortalecer la convivencia y contará con casi 30 millones de euros en el que se incluyen programas para reforzar el aprendizaje de los idiomas oficiales, el conocimiento de las normas y valores democráticos, así como iniciativas para prevenir los discursos de odio y mejorar la atención a las víctimas de discriminación.
Por último, el cuarto eje contará con más de 260 millones de euros destinados a garantizar una ciudadanía efectiva mediante el acceso real a los derechos y el fortalecimiento de los servicios públicos. Las actuaciones contemplan medidas para favorecer el éxito educativo, combatir la segregación escolar, reforzar el aprendizaje del idioma desde edades tempranas, luchar contra la discriminación en el acceso a la vivienda y garantizar el acceso efectivo al Sistema Nacional de Salud.