El Grupo Popular ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del próximo 21 de mayo para que se presente el informe sobre la Cuenta General del Estado 2024, en lo que será la primera vez en toda la legislatura en la que el Parlamento tendrá que pronunciarse sobre los Presupuestos prorrogados de 2023. Así lo han anunciado Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, y Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, en un encuentro con medios este jueves en Génova.
Se trata de una fórmula para señalar el “fraude parlamentario” en que creen que incurre el Gobierno de Sánchez en las prórrogas presupuestarias que ignoran al Parlamento y en las que además utilizan un mecanismo aprobado para un ejercicio por la pandemia para realizar cambios sustanciales entre partidas sin consultar a las Cortes. “Sufrimos una dictadura presupuestaria”, han denunciado, y Gamarra ha recordado cómo los parlamentos surgieron para aprobar y controlar el gasto del gobernante.
El pasado 5 de mayo, el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, manifestando importantes y reiteradas salvedades e incluso párrafos de énfasis.
La falta de presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 determinó que durante todo el ejercicio estuviesen en vigor los prorrogados de 2023, y como consecuencia, el Gobierno aprobó 52.341 millones de euros en modificaciones presupuestarias, lo que supone que, de los 433.163 millones de euros del Presupuesto de 2023, -último aprobado-, se ha modificado el12o/o del gasto previsto, han detallado.
Llega un Presupuesto de otra legislatura
“Un altísimo porcentaje del que ha dispuesto el Gobierno sin el conocimiento y sobre todo sin la autorización del Parlamento. Tal variación porcentual permite afirmar que el Gobierno está gestionando unas cuentas elaboradas por él mismo, al margen de las Cortes Generales y en abierta vulneración del artículo 134 de la Constitución Española”, han insistido.
Este análisis del Tribunal de Cuentas se realiza todos los ejercicios. Lo que es excepcional es que al Parlamento llegue una Cuenta General de unos Presupuestos prorrogados de otra legislatura, explican, ya que estamos hablando de una Cuenta General de 2024, sobre los presupuestos de 2023, que fueron aprobados en 2022. Así, subrayan que “el informe se envía todos los años al Parlamento, pero siempre es sobre un gasto de un presupuesto actualizado y aprobado por las Cortes, no sobre el gasto de un presupuesto prorrogado y que fue aprobado por unas Cortes distintas a las actuales·.
El Grupo Popular pide incluirlo en el orden del día para que se debata de manera urgente, ya que si no es así, tratarán de atrasarlo lo más posible. No tiene mayoría en la Mesa del Congreso pero sí en las dos Cámaras y puede instarlo por abarcar esta Comisión al Congreso y al Senado.
Para Gamarra, “el sanchismo se caracteriza por la degeneración democrática y la pérdida de calidad democrática en nuestro país”, señalando como “uno de los ejemplos más evidentes la política presupuestaria”. Recuerda que el Ejecutivo no ha presentado Presupuestos en toda la legislatura, utilizando la prórroga presupuestaria para “evitar que el Parlamento pueda desarrollar su labor” porque “le falta respaldo parlamentario”. “Tenemos un Gobierno que consiguió una investidura, pero no un apoyo de gobernabilidad”, ha destacado.
También ha señalado las “argucias” del Gobierno, hechas a través de modificaciones presupuestarias que ha denunciado el propio Tribunal de Cuentas y ha instado a los socios de Sánchez a posicionarse: “Sánchez no nos permitió debatir y aprobar un Presupuesto, ahora tenemos la oportunidad de fiscalizarle y de respaldar o no su política, a través del gasto”.
La Comisión podría reprobar las Cuentas, lo que más allá de ser un símbolo, Gamarra considera que supone un acto político de gran trascendencia.
Críticas a la retirada de rebajas fiscales
Por su parte, Nadal ha reprochado que el Gobierno vaya a volver a elevar el IVA sobre la electricidad y el gas a las familias, una rebaja que pidió el PP y que considera “esencial”: “Debe permanecer y prolongarse si la situación de incremento de precios del petróleo y de inestabilidad continúa”.
Subraya la “preocupación creciente” que exige sobre la economía española en Europa debido a las “actividades presupuestarias” del Gobierno y la “ejecución francamente baja” de los fondos europeos, ha alertado de que “existen cerca de 60.000 millones de euros que aún no han sido ejecutados y que están en riesgo”.
También ha criticado que la economía española es a su juicio “una de las que menos ha aprovechado los fondos europeos para incrementar inversión y productividad, algo que está provocando que los españoles sufran una pérdida de poder adquisitivo”.
España es el país de la UE con más familias con hijos en riesgo de pobreza, ha sostenido, y ha reclamado cambio completo de la política económica”, con una “priorización distinta” del gasto público, más inversión y productividad y un marco fiscal que “alivie la situación de las familias”.