“España se está convirtiendo en una isla respecto a la facturación electrónica, en la que es todo muy complicado. En Bruselas ponen a España de ejemplo de lo que no debe hacerse“. Así lo ha denunciado Fernando Matesanz, coordinador del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que ha presentado este miércoles una hoja de ruta para integrar los sistemas españoles de facturación y reporte con la Directiva europea ‘VAT in the Digital Age’ (ViDA).
El documento analiza la compatibilidad de los actuales sistemas españoles de facturación y reporte con la Directiva. El objetivo que persigue Aedaf es buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que reduzca costes, evite duplicidades y refuerce la eficiencia del sistema tributario.
Tres sistemas en paralelo
Y es que en estos momentos en España van a convivir el Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), que lanzó Cristóbal Montoro en 2017, con Verifactu, también de Hacienda, y que debería haber entrado en vigor en 2026 pero se ha retrasado a 2027, a lo que se añade la factura electrónica que promueve Economía y que plantea la publicación de una lista de empresas incumplidoras. Lo asesores advierten de la complicación, carga burocrática y falta de sentido de que se planteen distintos sistemas para lo mismo. De estos tres, a estos expertos le parece que el que más se acerca a los objetivos de la Directiva es el SII.
La Directiva ViDA, cuya aplicación comenzará en 2030, obligará a los Estados miembros a adaptar los sistemas de facturación electrónica actualmente existentes. Según los expertos de Aedaf, el SII y Verifactu deberán evolucionar para garantizar su plena adecuación al modelo comunitario.
Albert Folguera, miembro del Grupo de expertos que ha elaborado el documento, ha defendido que “la idea no es posponer la entrada en vigor de Verifactu, sino construir una arquitectura completa adaptada a ViDA, establecer un programa de suministro de información en tiempo real que no haya que cambiar otra vez en dos años. Hay que replantear el calendario con una visión 360º, porque la coexistencia a largo plazo de varios mecanismos de reporte causará mayores costes y complejidad para los contribuyentes”.
Moción en el Senado
En este sentido ha enmarcado la moción que se ha aprobado recientemente en el Senado con el apoyo de PP, Vox y PNV y que el PSOE no ha avalado sosteniendo que lo que pretende es retrasar la entrada en vigor de Verifactu.
Matesanz ha explicado que los sistemas de facturación y reporting electrónico deberán converger hacia un sistema estandarizado para toda la Unión Europea en 2030, por lo que “es necesario establecer un calendario concreto, en el que el año 2027 sea de reflexión y preparación, porque todo lo que se lleve a cabo antes de 2028 será precipitado”. “No olvidemos que esta Directiva afectará a todas las empresas de todos los tamaños, independientemente de su facturación”, ha remachado.
El presidente de Aedaf, Bernardo Bande, ha hecho referencia al aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu a finales 2027 para dejar claro que “las empresas pueden asumir el coste de adaptarse; lo que no deben asumir es el coste de la improvisación. Aeadf está pidiendo más coherencia, más planificación, más coordinación y más respeto por el esfuerzo que tienen que realizar las empresas para adaptarse a los cambios normativos”, que ha insistido, “afectan a todo el tejido empresarial”.