La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presunta prevaricación, en relación con una supuesta “recolocación” de personal público “a dedo”.
Según ha adelantado The Objective y ha confirmado Europa Press, las diligencias de investigación se dirigen contra Catalá, Chao, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según un decreto de la Fiscalía del pasado 11 de marzo, se ha designado ya fiscal instructor.
El caso surge de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís de València en relación con la creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, entidad liquidada que gestionaba La Marina y estaba integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.
Además, en primavera de 2024, cuando el Consorcio estaba en proceso de liquidación, se lanzaron diferentes procesos selectivos en el consistorio, en fundaciones municipales y en el Puerto que habrían servido para “recolocar” a determinadas personas.
La denuncia de Compromís incorporaba también un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) contra los procesos selectivos del Puerto de Valencia.
Ante las informaciones publicadas hoy, conviene recordar que se trata de una denuncia de Compromís, los mismos que en 2024, junto al PSOE, proponían una reubicación ilegal de todos los trabajadores que fue rechazada por los técnicos.
Hoy denuncian una plaza de auxiliar… pic.twitter.com/3O3fuLbgoY
— María José Catalá (@mjosecatala) April 14, 2026
Catalá: “Era un proceso transparente”
Tras la polémica, la alcaldesa de Valencia se ha pronunciado en X: “Ante las informaciones publicadas hoy, conviene recordar que se trata de una denuncia de Compromís, los mismos que en 2024, junto al PSOE, proponían una reubicación ilegal de todos los trabajadores que fue rechazada por los técnicos. Hoy denuncian una plaza de auxiliar administrativo en un proceso transparente, sin ninguna reclamación en este Ayuntamiento. Esto, junto a toda la documentación de adjudicación de esta plaza creada durante el gobierno de Ribó, será remitido a la Fiscalía”.