La llaman crisis migratoria. El lenguaje político tiene esa habilidad para colocar palabras asépticas sobre situaciones que no lo son. Lo que está ocurriendo en Ceuta desde el pasado 30 de julio, cuando unas 80.000 personas atravesaron irregularmente la frontera en unas horas, merece para los ceutíes la palabra invasión, sin duda, menos eufemística. ¿De qué otro modo llamarlo cuando una se acuesta con su marido y amanece con un desconocido en calzoncillos? ¿Es una crisis cuando la frontera termina, literalmente, al otro lado de las sábanas?
La escena nos la describe María Sánchez Miaja, presidenta de Mujeres Progresistas de Ceuta. “No necesitó llamar al timbre, ni tampoco forzar la puerta. Había entrado por una ventana, a pesar de que la mujer vive en un quinto piso”, explica refiriéndose a la vecina que sufrió esta situación. Sánchez Miaja lleva más de veinte años trabajando por la igualdad, contra la violencia de género y con colectivos vulnerables, incluidas mujeres inmigrantes. Preside también EAPN-Ceuta, la red dedicada a combatir la pobreza y la exclusión social, y en 2025 recibió el Premio Estatal al Voluntariado. Tiene 84 años y conoce su ciudad desde antes de que muchas de sus calles tuvieran el aspecto actual. Lo que describe ahora no se parece en nada a la Ceuta que conocía y comparte con Artículo14 un vídeo que refleja lo que está viviendo la población ceutí.
La invasión, según explica, no terminó cuando dejaron de cruzar personas por la frontera. “Continúa en la manera en que la ciudad ha tenido que repartir sus espacios. Está en las playas donde se concentran inmigrantes esperando el reparto diario de comida; en instalaciones deportivas reconvertidas para alojarlos; en centros educativos cedidos para atender la emergencia; en las calles y en las puertas de los supermercados”.
Adolescencia interrumpida
Cada uno de esos espacios ocupados conlleva una renuncia de los ciudadanos. A Sánchez Miaja le preocupan especialmente las mujeres jóvenes y las adolescentes, uno de los colectivos más vulnerables. “Algunas han dejado de salir solas. Otras han cambiado los recorridos que utilizaban habitualmente. Hay chicas que ya no practican deporte porque los lugares donde lo hacían han quedado afectados por la emergencia o porque sus familias no quieren que se desplacen solas. Si se sientan en una terraza, siempre hay algún adulto que acompaña o vigila de cerca”.
No existe estadística capaz de medir exactamente ese cambio. Una denuncia entra en un juzgado y una violación figura en las diligencias de Fiscalía. Pero que una adolescente deje de volver andando a casa, que una madre decida recogerla o que una mujer cambie de acera porque tiene miedo no aparece en ninguna base de datos. Sánchez Miaja habla de miedo y de inseguridad. Y asegura conocer una realidad de agresiones sexuales mayor que la reflejada hasta ahora por las cifras que se han hecho públicas, alguna incluso grupal a una menor. Aun así, la estadística oficial ya resulta suficientemente grave. La Fiscalía ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas desde el comienzo de la crisis, cinco de ellas con penetración. Nueve de las víctimas tienen entre 14 y 17 años.
Conviene precisar que en esos 23 casos contabilizados por Fiscalía las víctimas son personas migrantes, mujeres y menores, además de un hombre del colectivo LGTBI, y entre los ocho investigados identificados hasta ahora figuran cuatro marroquíes, tres españoles y un belga. “La violencia sexual se ha aprovechado del caos”, observa. Su testimonio adquiere especial valor por quién lo pronuncia. Mujeres Progresistas trabaja desde 2009 con inmigrantes, contra la trata y la explotación sexual y por la integración.
La mujer que denuncia ahora la situación de las ceutíes conoce también la vulnerabilidad de quienes llegaron desde Marruecos. No ve incompatibilidad entre ambas cosas. “Proteger al vulnerable no significa negar el miedo del vecino”. María sale a la calle y lo cuenta desde una distancia generacional. “A mis 84 años no me considero el objetivo más probable de una agresión sexual, pero temo ser víctima de un robo”.
Relata que hay grupos de inmigrantes apostados en algunas entradas pidiendo dinero o comida a los clientes. Los clientes se encuentran sometidas a una petición insistente que algunas viven como acoso o intimidación. Según explica, se ha recomendado a los ciudadanos que no entreguen alimentos directamente porque existen dispositivos organizados para cubrir esas necesidades. Y efectivamente los hay. Desde los primeros días de agosto, Cruz Roja, Cruz Blanca y otras organizaciones humanitarias realizan repartos de alimentos. En la playa del Trampolín se concentran a diario miles de personas para recoger comida y recibir asistencia. Cruz Blanca trabaja en coordinación con otras entidades y aporta víveres a los dispositivos habilitados.
El reparto de comida ha motivado otra fractura social. A finales de agosto, centenares de ceutíes bloquearon durante más de dos horas el paso del camión de Cruz Roja que debía llevar alimentos a los inmigrantes concentrados en el Trampolín. Días antes, la Policía había tenido que intervenir durante otro reparto ante los altercados producidos entre miles de personas que esperaban comida. Hasta dar de comer se ha convertido en Ceuta en un problema de orden público.
Sin una periferia que amortigüe el impacto
Ceuta es una ciudad de unos 83.000 habitantes comprimida en 18,5 kilómetros cuadrados. No existe una periferia a la que trasladar un problema. Así, una playa familiar, un colegio, un polideportivo o una plaza que se dedica a atender una emergencia deja inmediatamente de cumplir la función que tenía para los vecinos. Por eso la inmigración masiva no se computa solo desde las cifras de entradas y devoluciones. Se ve, se oye y se padece. El espacio público se ha convertido en el verdadero campo de batalla de la normalidad. También el privado, como demuestra la mujer ceutí que se acostó con su marido y despertó acompañada por un desconocido en ropa interior que había escalado hasta un quinto piso.
“No todas las personas que llegaron el 30 de julio delinquen. La inmensa mayoría no ha cometido una agresión sexual ni un robo. Incluso te saludan”, matiza nuestra entrevistada. Decirlo no es incompatible con el hecho de que la presencia de decenas de miles de personas desborda la capacidad de una ciudad pequeña para garantizar la vida cotidiana de sus habitantes. Sánchez Miaja entiende el hartazgo ciudadano y reprocha la gestión. “Queremos recuperar Ceuta, volver a la calle sin miedo, que las mujeres recuperen su libertad y todos retomemos la normalidad en nuestra ciudad”.