En Colombia, las declaraciones del nuevo presidente electo en defensa de la denominada “familia tradicional” y sus posiciones sobre cuestiones como el matrimonio igualitario han despertado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que temen que el clima político pueda traducirse en un aumento de la estigmatización y la violencia contra las personas LGTBI.
Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, considera que el principal riesgo no es únicamente jurídico, sino también social. “Podemos hablar de dos peligros. Un peligro más social y cultural, en términos de que vuelve a ponerse una pregunta a debatir en público sobre si es legítimo que una población tenga un derecho o no”, afirma. A su juicio, el mero hecho de cuestionar derechos ya consolidados supone un retroceso en sí mismo. “Esa sola pregunta me parece que es una pérdida”.
Sánchez compara esta situación con lo que todavía ocurre en algunos debates electorales colombianos. “Los periodistas siguen preguntándole a los candidatos y candidatas si están de acuerdo o no con el matrimonio igualitario. Es un derecho, no está en debate, pero hay esa persistencia de poner en debate los derechos de ciertas poblaciones y ponerlos en duda”, sostiene.
Los derechos bajo presión
En el plano legal, la directora de Colombia Diversa reconoce que existen mecanismos para intentar revertir avances como el matrimonio igualitario, aunque recuerda que el proceso sería complejo. “Ellos podrían presentar un referendo para echarlo atrás, pero para eso hay un procedimiento jurídico que tienen que surtir en el Congreso de la República y la propia Corte tiene que revisarlo”, explica. Además, considera que “no es tan fácil jurídicamente que la Corte se traicione a sí misma poniendo en riesgo el principio de no regresividad en los derechos”.
Sin embargo, advierte de que incluso aunque esos intentos no prosperen, el coste para las organizaciones civiles sería elevado. “Nuevamente ponen en debate este tema, nos ponen a gastar recursos a las organizaciones sociales, a defendernos, a hacer argumentos, a volver a litigar, pudiendo estar concentrados en otros temas”, lamenta.
La preocupación de Colombia Diversa va más allá del matrimonio igualitario. Sánchez recuerda que otros avances también podrían convertirse en objetivo de sectores conservadores. “No solamente el matrimonio, también la adopción, también el registro de niños y niñas nacidas de parejas del mismo sexo que no necesitan pasar por un proceso de adopción y muchos otros derechos”, enumera. Entre ellos menciona también “la despenalización total del aborto en Colombia, la eutanasia, es decir, un montón de derechos y libertades que no les gustan a estos grupos que acaban de ganar el poder en Colombia”.
La “familia tradicional” en Colombia
Respecto al discurso de De la Espriella sobre la “familia tradicional”, Sánchez considera que responde a una visión alejada de la realidad del país. “Yo creo que es una postura descontextualizada de la realidad en Colombia, incluso de lo que dicen las estadísticas”, asegura.
Para la directora de Colombia Diversa, la denominada familia tradicional representa únicamente una de las múltiples formas de organización familiar existentes. “La familia tradicional es un modelo, es una de las configuraciones de las familias, pero no quiere decir que todas las familias deban ser así”, explica. Frente a ese planteamiento, defiende que “las familias no se definen por su modelo ni por su tipología, sino por la calidad de las relaciones que hay en ellas, que no haya violencia contra ninguno de sus integrantes y que tengan todos los derechos garantizados como familia a nivel económico, social y cultural”.
A su juicio, insistir exclusivamente en ese modelo responde a una estrategia política. “Él responde a esa idea aspiracional que tiene la gente de que una familia debe parecerse a esto y si no se parece entonces no soy lo que la sociedad espera de mí”, afirma. Incluso va más allá al calificar esa propuesta como “muy perversa” y añade que “ese es un modelo que tiene la derecha, que no le importa si la realidad cambia; él va a seguir hablando de eso, es un poco anacrónico”.
“Es muy peligroso”
Más allá de los posibles cambios legislativos, Sánchez teme que determinados discursos tengan consecuencias directas sobre la convivencia y la seguridad de las personas LGTBI. Recuerda que Colombia parte de un contexto especialmente delicado. “En Colombia las muertes violentas contra las poblaciones LGBT son altas”, señala, por lo que considera que este tipo de mensajes “caen en ese contexto de muertes violentas que hemos medido en los últimos 20 años y que están en ascenso lamentablemente”.
Según explica, estas declaraciones encuentran terreno fértil en la desinformación y en determinados discursos religiosos. “Con la desinformación de las personas, los miedos, la manipulación que hacen también sectores religiosos”, afirma, pese a que “los avances de la ciencia, de la antropología y de la psicología” han desmontado desde hace tiempo muchos de esos prejuicios.
Su principal preocupación es que esos mensajes puedan ser interpretados como una legitimación de conductas discriminatorias. “Sí se puede elevar el nivel de estigma, se puede elevar el nivel de violencia, porque la gente se va a sentir respaldada por su presidente para actuar así”, advierte. Además, considera especialmente preocupante que ese respaldo proceda de un jefe de Estado con formación jurídica, ya que “eso le da un manto de legalidad, de sabiduría, de un discurso jurídico, así sea manipulado, así sea amañado”.
Por ello, concluye que el impacto de estos discursos puede ser especialmente grave en América Latina. “Es muy peligroso”, resume.