Sandra Marcela Rojas y Adriana González llevan 21 años juntas. Empezaron su relación en 2005, cuando en Colombia no existía ninguna figura que protegiera lo que eran: una familia. Lo que vino después fue una carrera de obstáculos que terminó convirtiéndolas en las primeras mujeres en casarse por lo civil en el país, y en símbolo de una conquista que ahora, con la llegada de la ultraderecha al poder, sienten amenazada. “Lo nuestro, más que una historia de amor, ha sido una lucha por la igualdad y la dignidad de las parejas del mismo sexo”, resume Sandra a Artículo14.
El camino fue largo y caro. “El costo fue muy alto porque el proceso duró muchos años”, explica. Empezaron por lo más cercano que el ordenamiento permitía y en 2007 formalizaron la unión marital, que les abrió la puerta a afiliar a la pareja a la seguridad social. “Ya no se nos veía como un par de amigas que viven juntas, sino como una pareja”, recuerda. Pero el salto al matrimonio se topó con un Congreso que no legislaba y una sociedad profundamente conservadora.
Una legislación homófoba
El punto de inflexión llegó el 20 de junio de 2011, cuando la Corte Constitucional instó al Congreso a legislar y le dio dos años de plazo. Dos años que, lejos de allanar el terreno, lo endurecieron. “Fueron dos años en los que tuvimos que soportar toda clase de vejaciones por parte de algunos congresistas”, relata Sandra. Al expirar el plazo, el 20 de junio de 2013, acudieron a los juzgados pero se encontraron el mismo “no” que tiempo atrás. “Ese tiempo para nosotras parece una eternidad, fueron casi 8 años en espera para que se abriera una puerta de oportunidad”.
La presión no fue solo administrativa. El acoso estatal, denuncia, lo encabezó la Procuraduría General de la Nación, que pidió a jueces y notarios los datos sensibles de las parejas que solicitaban casarse. “Eso hizo que nos sintiéramos clandestinas en nuestra propia tierra”, explica. Cuando por fin una jueza valiente aceptó su solicitud, la maquinaria se volvió contra ella. No hubo tiempo ni para preparar la boda: “Solo tuvimos 3 días para organizar todo“. A las ceremonias, cuenta, llegaban funcionarios de la Procuraduría a interponerse, y una organización llamada ‘Marido y Mujer’ interponía tutelas contra cada pareja.
El 4 de octubre de 2013 las casó la jueza 44 de Bogotá, el mismo día en que la Procuraduría había presentado una tutela para anular el matrimonio y una medida cautelar para impedirlo. El precio lo pagó la magistrada: fue trasladada de su cargo como represalia y dos semanas más tarde, un juez ordenó anular el enlace. Por eso, cuando se le pregunta cómo se sintió aquel día, Sandra no habla de felicidad sino de rabia: “Realmente lo que sentimos fue indignación al ver cómo el Estado utilizó todos los recursos para perseguir a ciudadanos”.
Aquella batalla individual formó parte de una lucha colectiva que este domingo tiene su reconocimiento. Hoy es el Día Internacional del Orgullo y la organización Colombia Diversa entrega al Museo Nacional la demanda que en 2010 puso en marcha el proceso. Será un acto con cuatro matrimonios para celebrar que ya cerca de 18.000 parejas del mismo sexo se han casado en Colombia.
De la Espriella
“El Gobierno de Petro garantizó no retroceder en nuestros derechos y brindó la garantía de tener un país mucho más diverso“, responde Sandra cuando le preguntamos por el gobierno que acaba de abandonar el poder.
Pero el calendario juega en contra de la celebración. La victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que pone fin a años de progresismo, ensombrece el aniversario. “Realmente aterra un poco el discurso de odio“, confiesa, antes de trazar un paralelismo con el plebiscito de 2016, cuando la falsa idea de unas cartillas para “volver homosexuales” a los niños empujó a media Colombia a votar contra la paz. “Se utiliza el odio contra lo diverso y contra las familias diversas como estrategia política, para enviar a la gente a votar con odio, con miedo y en contra de nosotros”.
Con el nuevo presidente, dice, nada está claro. “Esperamos que la independencia de poderes impida retrocesos en nuestros derechos, pero podría desmontar el estado social de derecho con el argumento de que destruimos las familias”. Frente a esa “falsa moral” que impone “una sola familia, la patriarcal”, reclama una mirada más amplia de los medios y de los gobiernos progresistas. “Seguimos bajo acecho, seguimos siendo un país muy dividido, y eso aterra”, sentencia.