La capital de Venezuela acogió este jueves un hito político. En las instalaciones de la base aérea La Carlota, delegados del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y representantes de un sector de la oposición agrupado en torno al Parlamento electo en 2015 se han sentado cara a cara. Este encuentro presencial constituye el pistoletazo de salida formal para un proceso de entendimiento que cuenta con el impulso estratégico y la supervisión directa de la administración de los Estados Unidos.
Las deliberaciones, albergadas en el centro de convenciones del parque Simón Bolívar, se desarrollan siete meses después del operativo militar estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Tras un breve aplazamiento en el calendario previsto, las partes buscan encauzar una salida a la prolongada crisis nacional, un esfuerzo que ahora debe lidiar además con la emergencia humanitaria provocada por el potente doble terremoto que sacudió al territorio venezolano el pasado 24 de junio, dejando miles de víctimas y daños materiales colosales evaluados en cifras multimillonarias por organismos multilaterales.
La mesa
A diferencia de los numerosos intentos de diálogo infructuosos que se sucedieron a lo largo de la última década —los cuales terminaron diluyéndose entre promesas incumplidas y tácticas dilatorias—, analistas políticos y expertos en relaciones internacionales apuntan que este nuevo escenario posee matices sustanciales. El factor diferencial más evidente radica en la tutela activa del Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, “vamos a estar muy involucrados”, dijo sobre las conversaciones que ocurrirán en Caracas.
La delegación opositora está encabezada por la exdiputada Dinorah Figuera, quien retornó al país desde su exilio en España para asumir la vocería de este sector. Junto a ella participan figuras como Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. En la acera de enfrente, la representación oficialista es liderada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, secundado por ministros y diputados afines al Ejecutivo.
El reloj corre para una solución definitiva
La hoja de ruta acordada por los negociadores establece tres ejes prioritarios: la atención integral a las víctimas de los sismos, el fortalecimiento de las libertades democráticas y la restitución de garantías civiles. Sin embargo, el núcleo de estas conversaciones recae en la necesidad ineludible de transformar el andamiaje institucional del Estado venezolano.
La prueba de fuego de este proceso será la reestructuración profunda del Consejo Nacional Electoral y la recomposición del Tribunal Supremo de Justicia. Dotar al país de un árbitro electoral creíble, imparcial y técnicamente confiable es la condición indispensable para estructurar un cronograma comicial transparente que permita convocar, en un plazo relativamente breve, a elecciones generales para renovar tanto el Poder Ejecutivo como los parlamentos regional y local.
Por su parte, el liderazgo opositor mayoritario que encarnan María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ha tenido que mantenerse al margen de esta mesa de negociaciones directas. Aunque no han descalificado la iniciativa, han dejado claro que su respaldo estará condicionado a la obtención de resultados plenamente verificables, tales como la liberación incondicional de los presos políticos y la apertura de un espacio electoral inclusivo que no margine a ninguna fuerza política del país.