El asesinato de Alex Pretti en una calle de Mineápolis este fin de semana ha vuelto a sumir a Estados Unidos en una espiral de indignación ante el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales. La muerte de Pretti ha sido el último episodio de una serie de sucesos que han llegado a definir al Departamento de Seguridad Nacional bajo el mandato de Kristi Noem: una agencia creada para detener el terrorismo extranjero que ahora se encuentra atrapada en una escalada con consecuencias letales.
Pretti, de 37 años, ciudadano estadounidense y enfermero, fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración (ICE). Casi tres semanas antes, otra residente de Minneápolis, Renee Nicole Good, también fue asesinada por un agente de inmigración. Dos muertes en la misma ciudad, en las que está implicado el mismo aparato federal, han intensificado el escrutinio del liderazgo de Noem y, en general, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Un acto “de terrorismo doméstico” para Kristi Noem
Las versiones oficiales no coinciden. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que un agente disparó “tiros defensivos” después de que Pretti “reaccionara violentamente”. Noem ha ido más allá, alineándose con la Casa Blanca al afirmar que Pretti cometió “un acto de terrorismo doméstico”. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha desestimado rotundamente esas afirmaciones, calificando la versión de los hechos de las autoridades federales de “tonterías” y “mentiras”. Varias agencias y medios como BBC Verify han analizado los momentos previos al tiroteo, subrayando lo controvertido y opaco que sigue siendo el encuentro.
Por su parte, los padres de Pretti han descrito a su hijo como un “alma bondadosa” y exigen la verdad sobre lo ocurrido. Su llamamiento se hace eco de la indignación que siguió al asesinato de Good, que los demócratas calificaron rápidamente como “el peor escenario posible” de una estrategia de aplicación de fuerza cada vez más agresiva. Noem, sin embargo, ha defendido sistemáticamente a los agentes implicados. En el caso de Good, también invocó el lenguaje del terrorismo doméstico, a pesar de que el vídeo del incidente parecía contradecir la afirmación de la Administración Trump de que Good intentó atropellar a un agente, ya que se la veía girándose y aparentemente intentando cumplir con órdenes contradictorias.
Este es el contexto en el que opera ahora el Departamento de Noem: fuerza máxima, retórica exagerada y transparencia mínima. Fundado tras los atentados del 11 de septiembre para prevenir ataques terroristas extranjeros, el DHS se ha transformado en una agencia centrada casi exclusivamente en la detención de inmigrantes indocumentados. Bajo el mandato de Noem, cumpliendo las promesas del presidente Donald Trump, las deportaciones han aumentado considerablemente. También lo han hecho los enfrentamientos.
Las repercusiones políticas se están ampliando. El senador republicano Bill Cassidy ha pedido “una investigación conjunta federal y estatal completa”, y ha calificado las circunstancias de la muerte de Pretti como “increíblemente inquietantes”. Por su parte, Trump ha acusado a Walz de incitar a una “insurrección”.
Presión contra Kristi Noem
En el Congreso, la presión para destituir a Noem está ganando fuerza. La resolución de destitución cuenta ahora con 102 firmas, casi la mitad de los demócratas de la Cámara de Representantes, aunque todavía no alcanza las necesarias para seguir adelante. La resolución acusa a Noem de violar la ley federal al impedir que los miembros del Congreso entren en los centros de detención de inmigrantes, una queja que viene de lejos. También alega que hizo un uso indebido de fondos públicos, al destinar más de 200 millones de dólares al negocio de un amigo para una campaña publicitaria de reclutamiento del ICE. El DHS niega haber cometido ninguna irregularidad.
La congresista Yassamin Ansari, de Arizona, una de las impulsoras de la resolución, ha calificado a Noem de “persona incompetente” que “debe dimitir inmediatamente”. La representante Adelita Grijalva, también de Arizona, se sumó a la iniciativa tras afirmar que un agente del ICE le roció con spray pimienta durante una protesta frente a un restaurante de tacos de Tucson donde los agentes estaban llevando a cabo una redada. El ICE niega su versión, pero el episodio pone de relieve lo conflictiva que se ha vuelto la postura de la agencia, no solo hacia los migrantes, sino también hacia los funcionarios electos.
Las críticas al ICE y sus métodos
“Decenas de estadounidenses han muerto este año bajo la custodia del ICE, y otras tantas han recibido disparos durante las protestas contra esta agencia paramilitar encargada de hacer cumplir la ley, que no rinde cuentas a nadie”, explicó a Artículo14 Alison Brysk, profesora distinguida de Estudios Globales y Ciencias Políticas en la Universidad de California Santa Bárbara. La experta recordó que “las instalaciones del ICE han denegado el acceso a los supervisores, incluidos los representantes del Congreso de Estados Unidos, y la representación legal a los detenidos. En la actualidad, hay más de 73.000 estadounidenses bajo custodia del ICE”.
Asimismo, Brysk indicó a Artículo14 que “la campaña indiscriminada de Trump contra los inmigrantes y el hecho de que se haya centrado en familias, lugares de trabajo e incluso tribunales ha dado lugar a que haya una mayor proporción de mujeres afectadas y a que las excepciones para las mujeres embarazadas sean cada vez más limitadas”. La profesora distinguida aseveró que era “previsible que se produzca una crisis en la que más mujeres embarazadas -que no han sido juzgadas ni condenadas por nada- se vean obligadas a ingresar en centros de detención penal inadecuadamente equipados o en zonas de retención temporal de nueva construcción que carecen de personal médico y suministros, en un sistema penitenciario sistemáticamente abusivo y sin regular, ahora gestionado por un ejército de matones mal entrenados”.
El techo de gasto, en el aire
Ahora, las muertes en Minneápolis se suman a una crisis fiscal inminente. Los demócratas en el Senado están indicando que bloquearán un proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional a menos que incluya reformas al ICE, como exigir órdenes judiciales para los arrestos y prohibir a los agentes llevar máscaras. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ha dicho rotundamente que la financiación del DHS, tal y como está redactada, es “lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE”. Varios senadores demócratas ya se han comprometido a votar en contra, lo que aumenta las posibilidades de un cierre parcial del Gobierno a medida que se acerca la fecha límite del 31 de enero.
El ICE no se quedará sin dinero de inmediato; la financiación de la conocida como “One Big Beautiful Bill” aprobada en 2025 permite que las operaciones continúen independientemente. Pero, políticamente, el enfrentamiento es revelador. Incluso un asesor de Trump ha reconocido el problema: “No hay forma de que ningún demócrata pueda votar a favor de la financiación de Seguridad Nacional tal y como está“.