El pasado 7 de enero, en el corazón de Mineápolis, ocurrió algo que ninguna ciudad estadounidense quería repetir. Un agente del ICE (Immigration and Customs Enforcement), la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias federales, disparó y mató a una mujer en plena calle durante una operación.
El nombre de la víctima era Renee Nicole Good. Una madre de 37 años y ciudadana estadounidense que conducía su vehículo cuando fue alcanzada por disparos en un encuentro que ha reabierto un debate fundamental sobre la fuerza letal del Estado y la rendición de cuentas de sus agentes.
Pese al estallido de indignación que siguió a esa muerte, la pregunta que muchos se hacen es inquietante. ¿Pueden agentes del ICE matar sin enfrentar consecuencias reales? La respuesta corta es que no están legalmente por encima de la ley. Pero el camino para que rindan cuentas es complejo, tortuoso y políticamente cargado.
Una política de fuerza letal con límites… y lagunas
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, establece que los agentes solo pueden usar fuerza letal cuando existe una “amenaza inminente de muerte o daño grave” contra ellos o terceros. Esa regla se parece mucho a las políticas de otras fuerzas del orden en Estados Unidos. Pero su aplicación depende de criterios subjetivos y de la interpretación de cada incidente por parte de los propios agentes y sus superiores.
En el caso de Renee Good, la administración federal —incluyendo a la secretaria del DHS, Kristi Noem— defendió que la mujer intentó embestir a los agentes con su vehículo y que los disparos fueron defensivos. Pero las declaraciones oficiales han chocado con videos de testigos y análisis independientes que sugieren que la amenaza no era clara y que los agentes estaban en posiciones riesgosas antes de abrir fuego.
Desde el primer momento, la investigación quedó bajo control federal. El FBI tomó las riendas del caso y limitó la participación de las autoridades estatales de Minnesota en la recolección de pruebas. Algo que generó una profunda controversia y acusaciones de opacidad. Líderes locales, como el alcalde de Mineápolis, han criticado esa decisión y exigido que las agencias estatales puedan acceder a la evidencia para garantizar una investigación más transparente.
Ese control exclusivo del proceso federal complica cualquier intento de que el agente involucrado sea procesado bajo leyes locales o estatales. Exactamente la vía que muchos defensores de derechos civiles y expertos legales consideran más viable para lograr rendición de cuentas cuando la administración federal respalda al oficial.
Protestas y presión pública
La muerte de Renee Good no se quedó en un titular aislado. Miles de personas marcharon en Mineápolis, Nueva York y otras ciudades bajo consignas como “No ICE” y exigieron no solo justicia para ella, sino una revisión profunda de las tácticas y la presencia del ICE en sus comunidades.
Organizaciones civiles, incluyendo el National Hispanic Caucus of State Legislators, han llamado a una investigación independiente que incluya a autoridades estatales y a reformas en la política de uso de fuerza letal de la agencia.
Desde un punto de vista jurídico, hay varias vías posibles. Pero ninguna sencilla.
- Acción penal federal: poco probable mientras el Gobierno defienda la actuación del agente y la investigación quede bajo control del FBI.
- Acción penal estatal: Minnesota intenta obtener acceso a pruebas, pero enfrenta barreras legales sobre jurisdicción.
- Demandas civiles: la familia de Good puede demandar por daños bajo leyes federales como la Federal Tort Claims Act. Eso no castigaría penalmente al agente, pero sí podría generar compensaciones económicas y forzar debates públicos sobre procedimientos.