El anuncio llegó cuando Estados Unidos despertaba. Desde Mar-a-Lago, Donald Trump informó de que fuerzas estadounidenses habían capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y de que Washington asumiría la “administración” de Venezuela durante un periodo de transición sin fecha definida. Lo que comenzó como una operación militar se transformó, en cuestión de minutos, en una apuesta política de alto riesgo. No solo por sus implicaciones en América Latina, sino por el terremoto que provocó en la política interna estadounidense.
Trump presentó la operación como un golpe decisivo contra una dictadura acusada de narcotráfico y corrupción. Pero el alcance de sus propias palabras fue más lejos. “Vamos a dirigir Venezuela hasta que haya una transición adecuada”, dijo el presidente. Esa frase, breve y ambigua, abrió la puerta a un escenario que Estados Unidos conoce bien: una intervención sin calendario de salida, con presencia militar, reconstrucción institucional y un coste político difícil de calcular. “En la fase B podríamos tener soldados en Venezuela” se atrevió a sugerir Trump sin concretar.
La reacción demócrata fue inmediata y furiosa. Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, acusó a la Casa Blanca de haber engañado al Congreso después de asegurar durante semanas que no se buscaba ni un cambio de régimen ni una acción militar directa. “La idea de que Trump planea gobernar Venezuela debería infundir miedo en el corazón de todos los estadounidenses”, afirmó, evocando el precio pagado en intervenciones pasadas. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, fue aún más explícito al trazar paralelismos con experiencias recientes que prometieron estabilidad y terminaron en desgaste, caos y desconfianza pública.
The idea that Trump plans to now run Venezuela should strike fear in the hearts of all Americans. The American people have seen this before and paid the devastating price.
— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 3, 2026
El núcleo del reproche, sin embargo, no es ideológico sino constitucional. Trump actuó sin autorización del Congreso. No hubo declaración de guerra ni autorización para el uso de la fuerza. “El Congreso no autorizó esta guerra”, escribió el congresista Seth Moulton, veterano de Irak, al denunciar un cambio de régimen improvisado y sin un plan claro para el día después. El senador Tim Kaine anunció que forzará una votación para limitar los poderes de guerra del presidente y recordó que la Constitución exige que el Legislativo debata y autorice cualquier acción militar de esta magnitud. Paralelamente, los demócratas estudian bloquear la financiación de cualquier despliegue en Venezuela durante la próxima negociación presupuestaria.
La indignación no se limitó a los líderes. Legisladores de base, veteranos de combate y representantes de distritos con una fuerte diáspora venezolana reaccionaron con una mezcla de respaldo condicionado y rechazo frontal. Debbie Wasserman Schultz calificó la captura de Maduro como “una noticia bienvenida”, pero advirtió que excluir al Congreso debilita la legitimidad de cualquier transición. Otros fueron más lejos llamando a la destitución del presidente, con referencias a la Enmienda 25 y advertencias sobre la “temeridad” de pretender administrar un país extranjero desde Washington.
Kamala Harris, ex vicepresidenta y figura central del Partido Demócrata, adoptó un tono institucional severo. Cuestionó la legalidad del ataque, exigió explicaciones claras sobre los objetivos reales de la operación y subrayó que ninguna acción militar puede saltarse la separación de poderes. En un año de elecciones legislativas, la operación abrió un frente exterior y, al mismo tiempo, profundizó la fractura interna en Washington.
Donald Trump’s actions in Venezuela do not make America safer, stronger, or more affordable.
That Maduro is a brutal, illegitimate dictator does not change the fact that this action was both unlawful and unwise. We’ve seen this movie before. Wars for regime change or oil that…
— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 4, 2026
El impacto no tardó en sentirse también entre los republicanos. La dirección del partido celebró la “operación decisiva” y cerró filas en torno al presidente. Lindsey Graham aplaudió la caída de Maduro y pidió un traspaso rápido del poder. Pero bajo el respaldo formal emergieron dudas. Rand Paul, crítico histórico de las intervenciones militares, evitó condenar la acción, aunque recordó que los fundadores limitaron deliberadamente el poder presidencial para ir a la guerra. Mike Lee pidió inicialmente una justificación constitucional; tras ser informado por Marco Rubio, aceptó que la operación podría encajar en las prerrogativas del artículo II. Fue una tregua sin respaldo.
La contestación más ruidosa llegó, paradójicamente, desde el propio trumpismo. Sectores del movimiento MAGA, que votaron para poner fin a las guerras “sin fin” y al gasto exterior, expresaron su malestar. Marjorie Taylor Greene escribió que esto es exactamente lo que muchos creían haber dejado atrás. Thomas Massie ironizó sobre el anuncio presidencial de “tomar el país” y “explotar el petróleo” y señaló una contradicción incómoda: la acusación judicial contra Maduro no menciona ni fentanilo ni robo de crudo, dos ejes del discurso oficial. En el ecosistema conservador reapareció el fantasma de las “liberaciones” que acaban convirtiéndose en ocupaciones
prolongadas.
We are “running”Venezuela now. 🤦♀️
America First!!! 🇺🇸
— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 3, 2026
Las encuestas ayudan a entender ese nerviosismo. Todos los sondeos recientes coinciden en que la mayoría de los estadounidenses se opone a una intervención militar en Venezuela. La oposición es casi unánime entre demócratas e independientes; entre republicanos hay división, con una brecha clara entre votantes MAGA y no MAGA. Tres de cada cuatro ciudadanos creen, además, que el presidente debe obtener autorización del Congreso antes de usar la fuerza. Trump decidió avanzar sin ella, asumiendo un riesgo político considerable a meses de las elecciones de mitad de mandato.
En este contexto, Marco Rubio ocupa una posición tan central como incómoda. El secretario de Estado, halcón histórico frente a Caracas, había asegurado semanas atrás que no se buscaba un cambio de régimen. Tras la operación, defendió un “nuevo orden” bajo tutela estadounidense, con promesas de elecciones y reconstrucción. Pero el relato se resquebrajó cuando Trump afirmó que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, estaba “de acuerdo” y ofrecía cooperación total. La respuesta fue inmediata: Rodríguez exigió públicamente la restitución de Maduro y rechazó cualquier administración extranjera. El supuesto entendimiento se evaporó en cuestión de horas.
Ese “pacto extraño”, la idea de una transición ordenada con la aquiescencia de sectores del chavismo, expone la fragilidad del plan. Sin cooperación interna, la promesa de una ocupación breve pierde credibilidad. Administrar un país, reconstruir su industria petrolera y garantizar seguridad exige tiempo, dinero y tropas: justo lo que una parte significativa del electorado republicano rechaza y lo que el Congreso puede bloquear.
Trump justificó el secretismo acusando al Capitolio de filtrar información sensible. Schumer respondió que es una excusa peligrosa. La Casa Blanca promete sesiones informativas; los demócratas exigen rendición de cuentas. Entre líneas, incluso algunos republicanos admiten inquietud por las formas, aunque no cuestionen abiertamente el objetivo.
La pregunta que flota en Washington es tan simple como corrosiva: ¿quién gobierna hoy Venezuela y quién pagará la factura política en Estados Unidos? Trump apuesta a que la caída de un dictador compense el enfado por el procedimiento y confía en que su base cierre filas. Pero la historia reciente aconseja prudencia. Sin consenso, el coste recae en quien decide solo.
Trump y Rubio se la juegan en Venezuela. Al esquivar al Congreso, el presidente tensiona la Constitución. Al prometer administrar un país ajeno en pleno ciclo electoral, desafía a un electorado cansado de guerras lejanas. Y al insinuar un entendimiento con los chavistas que no existe, expone la debilidad de su estrategia. En política exterior, como en la doméstica, las apuestas altas rara vez salen gratis. Y aquí, los riesgos están a la vista.