El balance del doble terremoto devastador asciende ya a 1430 muertos y 3238 heridos, según las autoridades venezolanas. Por su parte, la ONU ha estimado el número de desaparecidos en cerca de 50 000. Una catástrofe con múltiples facetas.
Una catástrofe humana sin precedentes en este país, ya de por sí maltrecho por las circunstancias económicas y políticas de un régimen que nunca ha contribuido al bienestar de su población. Más bien al contrario, y digan lo que digan algunos, como Zapatero. Porque mucho antes de esta tragedia, las nefastas políticas de Chávez y Maduro ya habían empujado al exilio a más de 8 millones de venezolanos. Este éxodo masivo constituye uno de los mayores desplazamientos de población de la historia reciente, ya que representa aproximadamente una cuarta parte de la población total del país de origen. El doble terremoto provocará aún más desplazamientos, lo que tendrá repercusiones en los países vecinos, entre ellos Colombia, donde se encuentra casi la mitad del total de exiliados. Sin embargo, la presidencia colombiana ha pasado a manos de la derecha populista, que tendrá que gestionar una crisis migratoria inspirándose, sin duda, en el método de Trump. Colombia ha vivido episodios de tensión con Venezuela, sobre todo debido a la presencia de grupos armados colombianos activos en zonas muy próximas al territorio venezolano, donde también se organizan todo tipo de tráficos denunciados por ambos países.
Una catástrofe humanitaria en la que, paradójicamente, Venezuela, a pesar de ser un país rico en recursos petrolíferos, es incapaz de satisfacer las necesidades urgentes y vitales de las víctimas de los terremotos: solo el impulso solidario de los habitantes y de la comunidad internacional hace frente a esta carrera contrarreloj para salvar vidas. Dado que las primeras 72 horas son cruciales, se necesita ayuda internacional en forma de material, pero sobre todo el envío de equipos de rescate especializados y bien equipados. Así, numerosos países han anunciado inmediatamente su ayuda, independientemente de sus relaciones —a veces complicadas— con Venezuela. Ningún país se arriesgaría a ser señalado por negarse a ayudar a Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno actual ya no tiene nada que ver con el de Nicolás Maduro. Ya han llegado a Venezuela equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos. Otros procedentes del Reino Unido, la República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Catar y España han llegado, mientras que la Unión Europea también se ha mostrado dispuesta a ayudar a Venezuela.
Se avecina una catástrofe política interna. Los familiares de las víctimas y los desaparecidos, así como numerosos voluntarios, denuncian a gritos la falta de apoyo, o incluso la ausencia total del Gobierno, en las operaciones de rescate.
La ira y la impotencia de los venezolanos son cada vez más palpables. Ante las cámaras, la presidenta Delcy Rodríguez se felicitó por la labor realizada por su Gobierno ante la tragedia y agradeció a los más de 800 voluntarios internacionales que ya han comenzado a trabajar en el país. Asimismo, ordenó la militarización de La Guaira, aunque la presencia de los militares sigue siendo poco visible en esta localidad costera tan apreciada por los habitantes de Caracas. El viernes por la noche, el Gobierno venezolano restringió el acceso a La Guaira, alegando que la afluencia masiva de voluntarios obstaculiza las operaciones de búsqueda y rescate. En realidad, el régimen de Caracas intenta controlar los devastadores efectos políticos de su inacción. Con el apoyo de Washington, que quiere mantener a toda costa una relativa estabilidad del régimen de Delcy, a la opositora Machado se le niega el acceso a Venezuela tanto por parte de Caracas como de Washington. Los negocios mandan y la Casa Blanca ya tiene bastante con Teherán y La Habana. Muchos ya no tienen nada que perder frente al Gobierno de Rodríguez. Los días de este último están contados. El terremoto pone de manifiesto la fragilidad de una nación que se enfrenta a una crisis crónica a todos los niveles.
Finalmente, el terremoto constituye una catástrofe geopolítica para el Gobierno de Caracas. Y es que el plan del «protectorado» de Trump queda en entredicho (constituía tres fases: explotación del petróleo, reconstrucción y democracia). Debe dar paso a la «diplomacia del terremoto» que, por un lado, pone de manifiesto una mayor dependencia de la ayuda internacional, ya que el país se ve obligado a aceptar una ayuda extranjera masiva que más adelante implicará una contrapartida; esto reducirá el margen de soberanía efectiva, ya mermado desde el final del mandato de Maduro. Por otro lado, el terremoto ofrece oportunidades de influencia a potencias externas como Washington, Madrid, Pekín, Moscú o incluso Bruselas. De hecho, la catástrofe se convierte para ellas en un instrumento de poder blando (lo que algunos denominan «diplomacia del terremoto»). Esto no está exento de riesgos: son posibles una reconfiguración de las alianzas, nuevas dependencias, una mayor presión geopolítica, etc.