Fiscalistas y juristas se movilizan contra la maniobra del Gobierno para ocultar el uso de algoritmos e Inteligencia Artificial (IA) por parte de la Agencia Tributaria (AEAT). La reacción no se ha hecho esperar cuando ya estaban en pie de guerra contra el uso de avatares por la AEAT bajo identidad falsa para vigilar a contribuyentes en redes y plataformas.
La movilización de juristas y asesores fiscales que ha constatado Artículo14 se produce cuando el Gobierno, a través del Grupo Socialista, ha introducido una enmienda en el proyecto de Ley de Inteligencia Artificial que modifica la Ley General Tributaria e impedirá a los ciudadanos conocer el uso que hace Hacienda de sistemas informáticos, algoritmos e IA para seleccionar a los contribuyentes e inspeccionarlos.
La reforma, que ha avanzado El Economista, impone el carácter reservado de estas herramientas bajo el argumento de que su conocimiento puede comprometer la eficacia de las actuaciones o facilitar la elusión fiscal. La enmienda reforma el artículo 116 de la Ley General Tributaria y en su apartado 3 establece que la información sobre estos sistemas informáticos “no será objeto de publicidad, comunicación o acceso público, ni se pondrá de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos”.
Lo que ha dicho el Supremo
El Tribunal Supremo dictó el pasado 11 de septiembre una sentencia que obligó al Gobierno a abrir los algoritmos del programa BOSCO que utiliza la Administración para seleccionar a los ciudadanos beneficiarios del bono social.
El Alto Tribunal estableció que el derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional ejercitable frente a la Administración por exigencia de democracia y transparencia. Incidió en que este derecho toma aún más relevancia ante el uso de las nuevas tecnologías por parte de la Administración para tomar decisiones automatizadas. “En estos casos debe conllevar exigencias de transparencia de los procesos informáticos seguidos en dichas actuaciones, con el objeto de proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para su comprensión y el conocimiento de su funcionamiento”, indicó.
La batalla de Aedaf
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado el uso de estos avatares por la AEAT en la presentación de un Observatorio de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes el pasado 24 de marzo. Han alertado de que la disputa tradicional de contribuyentes y asesores con el Fisco por la entrada en el domicilio se extiende a los dispositivos electrónicos y entorno digital.
En este escenario, asesores y juristas van a dar la batalla. Y lo van a hacer a pesar de que la capacidad del Congreso para aprobar proyectos está muy mermada y queda un máximo de un año de legislatura, lo que podría reducirse drásticamente. A lo que se añade que no está claro que haya una mayoría que apoye esta iniciativa y en este sentido quieren operar los discrepantes.
Los avatares
El profesor Bernardo Olivares, de la UCM, está estudiando la contratación pública del software del que se estaría sirviendo el Fisco para rastrear en redes y plataformas actividades de los contribuyentes que pueden entrar en la esfera de su intimidad con el fin de crear perfiles de riesgo tributario, herramientas que está utilizando sin que lo sepa el contribuyente, ha alertado Daniel Sánchez-Olano, coordinador del Consejo Asesor Institucional de Aedaf.
La AEAT le encarga al consultor informático (el adjudicatario) que cree las identidades digitales que sean necesarias para recabar esta información. Se trata de identidades digitales para poder participar en Tik Tok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, Onlyfans, Patreon –las dos últimas, añadidas en 2024-, y analizar los perfiles solicitados.
Se trata de avatares de la AEAT que interactúan con el ciudadano sin desvelar su identidad para obtener información, ha alertado Alejandro Miguélez Freire en Fiscalblog. “De crearse identidades falsas, tengo serias dudas sobre la licitud de la actuación de la AEAT, pues los empleados públicos no pueden actuar de forma encubierta o con identidad falsa. Los únicos que pueden hacerlo son los funcionarios de la Policía Judicial, bajo el amparo del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite las actuaciones con “identidad supuesta” o “identidad falsa”, con autorización del juez o del Ministerio Fiscal, y es patente que no es el caso”, explica, y recuerda que “el personal de la AEAT debe identificarse cuando actúa fuera de sus dependencias”.
El despacho ‘azote’ de Hacienda
El despacho azote de Hacienda, Amsterdam & Partners, ha emitido un comunicado en el que señala que la maniobra es grave porque “se lleva a cabo de forma subrepticia. Al introducirla como enmienda, se eluden los informes obligatorios del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial”.
Además, advierte de que “reescribe silenciosamente la jerarquía de las leyes. Lo que hasta ahora solo existía en un Real Decreto se eleva, de un solo trazo de pluma, al rango de ley -situando cínicamente el secreto en el mismo plano jurídico que la propia Ley de Transparencia de España- y, al ser el texto más reciente, prevaleciendo sobre ella-. Y se introduce de contrabando en la misma ley destinada a aplicar el marco de la UE para una IA fiable y transparente, dando la vuelta por completo a ese mandato europeo”.
A lo que añade que contradice al Tribunal Supremo y deja a los ciudadanos indefensos: “Si nadie puede saber qué algoritmo les ha señalado, no hay forma de defenderse ante un juez: sin transparencia, no hay protección judicial efectiva”. “El Tribunal Supremo acaba de dictaminar que los ciudadanos tienen derecho a conocer el algoritmo. El Gobierno responde manteniéndolo en secreto. Eso supone un desafío directo al Estado de derecho”, destaca, y remacha. “La transparencia no protege al estafador: protege al inocente”. “Lo que teme la luz no es la lucha contra el fraude. Es el abuso”.