Prácticamente toda la prensa está especulando acerca del otorgamiento prácticamente inmediato de la amnistía a los golpistas del procés a los que todavía no se les ha aplicado. Se fundamentan, para ello, en sentencias ya emitidas, por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y en las resoluciones que prevén van a ser dictadas próximamente por el Tribunal de Cuentas o el mismo Tribunal Supremo, amén de los recursos de amparo que están pendientes ante el TC español, quien consideró, con mínimos matices, que la Ley Orgánica de Amnistía, era compatible con la Constitución porque “está permitido todo aquello que la Constitución no prohíbe expresamente”, quebrando la teoría constitucional vigente desde los orígenes del Estado de Derecho. Como si de un rodillo jurisdiccional se tratara, sin dar mayores argumentos, pues parece que quieran liquidar de inmediato el asunto. Hay que perdonar ya a los golpistas, quebraran lo que quebraran, social o jurídicamente, porque políticamente es lo que a muchos les conviene.
Deprisa, deprisa, como aquellos adolescentes que, en la película de Carlos Saura querían comerse el mundo a toda velocidad por la vía fácil… ¿Eran conscientes de los riesgos que corrían?
Ciertamente, es muy posible que con una concatenación de fallos judiciales se pretenda cerrar formalmente el tema. Es lo que se está buscando con tanta “amnistía súbita”. Hay que acatar, desde luego, las sentencias y el resto de resoluciones judiciales, pero ello no excluye la crítica jurídica a los argumentos que se esgrimen en ellas ni el derecho al recurso ante todas las instancias pertinentes, cuando lo que está en juego es la correcta aplicación de la normativa vigente. Por ello, hay que concluir que, por más que se quiera correr, será necesario atravesar todas las vías jurisdiccionales posibles antes de que jurídicamente el debate esté cerrado.
Parece que la decisión más cercana en el tiempo va a ser la que estará a cargo del Tribunal de Cuentas, quien, tras la sentencia del TJUE, no va a efectuar, como ha solicitado Sociedad Civil Catalana en las alegaciones pedidas por aquél, comprobación complementaria que permitiera averiguar si los intereses financieros de la UE estaban o no afectados por los gastos del golpe de 2017. El TJUE afirma en su sentencia que no se ha podido probar que en la financiación del golpe de del 2017 se hayan afectado los “intereses financieros de la Unión Europea” quebrando también este Tribunal su propia anterior jurisprudencia relativa a qué hay que entender por “intereses financieros de la UE”. Además, el TJUE constata que los plazos procesales y la igualdad de armas regulados por la LOA quiebran el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, pero que, como ello no provoca un “efecto sistémico” en toda la aplicación del derecho en España, no aprecia vulneración del ordenamiento europeo. Desconoce, además de otras cosas, el TJUE, que en la vulneración de derechos fundamentales no cabe requerir vulneraciones sistémicas, que agravarían la violación primigenia, sino que, con una única vulneración constatada de un derecho fundamental, no cabe otra resolución que la condenatoria.
Como el derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en la Constitución española (art. 24), además de en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (art. 47) nos encontramos ante una vulneración constatada de un derecho que es fundamental en los tres ordenamientos: el español, el del Consejo de Europa y el de la Unión Europea, al que no se le puede exigir una “vulneración sistémica” para constatar su violación. La vulneración sistémica aparece en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para precisar el alcance de la violación de derechos en ciertas circunstancias, afectando especialmente como colectivos a determinadas etnias o grupos sociales y poder así calcular las indemnizaciones y el resto de efectos de las sentencias que declaran violaciones sistemáticas de derechos por parte de regímenes dictatoriales. No es éste el escenario europeo.
La decisión que tome el Tribunal de Cuentas, anticipada por la prensa como parece ser la tónica habitual, podrá ser la de intentar simplificar la enjundia jurídica del caso aplicando por su parte la amnistía a los golpistas. Pero no es una decisión definitiva.
Toda decisión del Tribunal de Cuentas en ejercicio de su jurisdicción contable, según la Ley Orgánica de 1982, art. 49, serán susceptibles de ser recurridas en casación ante la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Supremo (art. 81 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas). Lo que significa que la decisión que tome este Tribunal, no adquiere firmeza si es recurrida en tiempo y forma, como ha anunciado que piensa hacer Sociedad Civil Catalana.
La cadena de concatenaciones prevista por la prensa, aduciendo que la resolución del Tribunal de Cuentas va a fundamentar las decisiones que tomen el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respecto de la aplicación de la amnistía, se fundamentaría así en una decisión que no sería firme. Puede que, en consecuencia, apliquen indebidamente la amnistía. Puede que sí. O puede que no. Está todavía por ver.
Quedan también por resolver dos cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre la Ley Orgánica de Amnistía. Una es la presentada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien estima que la sentencia del TJUE ya emitida no responde a las cuestiones por él planteadas y que no piensa tomar decisión sobre la aplicación de la amnistía a los afectados por el pleito a quo hasta que el TJUE dé respuesta a sus preguntas. Afectan, éstas, al concepto penal de malversación y a la compatibilidad de la LOA con el Estado de Derecho como valor de la UE.
La segunda cuestión prejudicial pendiente es la presentada por un juzgado de Vilanova y la Geltrú (Juzgado Penal nº 3), relativa también a la compatibilidad de varios aspectos de la LOA con el estado de Derecho.
Así, pues, ese “deprisa, deprisa”, con el que quieren obsequiarnos los políticos y sus voceros no está tan claro. Quedan todavía aspectos álgidos de la LOA cuya compatibilidad con la Constitución y con el Derecho de la UE es necesario abordar jurídicamente. Sin olvidar que el propio TJUE (Asunto C-203/20, AB y otros) ha avalado la reversión de una amnistía, argumentando que el archivo de las diligencias penales a causa de una amnistía y la revocación de ésta no impiden la emisión de una orden de detención europea cuando las autoridades judiciales nacionales aún no se han pronunciado sobre la responsabilidad penal de los acusados…
Y, también, todavía quedan jueces en Berlín, como reza la referencia a aquel juez que no se cortó un pelo para aplicar la ley, a pesar de las presiones de los dirigentes de la época, Federico II incluido. De ahí que abogue por no poner la carreta antes que los bueyes, no se diera el caso de que, en paralelo a lo sucedido en la película de Saura, tanta prisa por llegar a Ítaca acabara en un naufragio.