El Tribunal de Cuentas vuelve a poner en cuestión la gestión del sector público estatal. Así, en dos informes aprobados por el Pleno antes de las vacaciones, el organismo que preside Enriqueta Chicano cifra en casi 500 millones de euros el perjuicio ocasionado por la contratación de derivados financieros por parte de empresas públicas y, además, alerta del escaso cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los últimos años para reforzar el control, la transparencia y la gobernanza de los altos cargos.
En concreto, su último informe de fiscalización sobre las empresas públicas no financieras concluye que doce entidades soportaron un perjuicio económico de 490 millones de euros entre 2016 y 2023 como consecuencia de la contratación y gestión de estos instrumentos financieros, concebidos inicialmente para protegerse frente a una eventual subida del Euríbor.
Doce empresas
La fiscalización analiza la actividad de doce entidades que concentraban más del 90% de los derivados financieros del sector público empresarial estatal no financiero: Canal de Navarra, Adif, Adif Alta Velocidad, Aena, Renfe Operadora, las autoridades portuarias de Valencia, Castellón y Las Palmas, Acuaes, Acuamed, Enresa y Navantia. Diez de ellas mantenían ‘swaps’ de tipos de interés vinculados a préstamos a tipo variable.
El objetivo de estos productos era actuar como una cobertura frente a posibles subidas del Euríbor. Sin embargo, el prolongado escenario de tipos bajos e incluso negativos convirtió esa estrategia en un elevado coste para las entidades públicas. El Tribunal concluye que este tipo de coberturas únicamente resultan eficaces cuando los tipos de interés son elevados y existe una expectativa razonable de que continúen aumentando, un escenario radicalmente distinto al vivido durante buena parte del periodo fiscalizado.
Más de 400 millones en liquidaciones
De esta forma, la mayor parte del perjuicio económico procede de las liquidaciones periódicas de estos derivados. Entre 2016 y 2023, las empresas públicas pagaron 401 millones de euros en intereses netos asociados a los ‘swaps’, de los cuales 383 millones correspondieron a la rama a tipo fijo y otros 18 millones a la rama variable.
A esta cantidad se suman 89 millones adicionales derivados de la cancelación anticipada de estos contratos con las entidades financieras, lo que eleva el impacto económico total hasta los 490 millones.
El Tribunal pone el foco especialmente en dos operaciones. La Autoridad Portuaria de Valencia asumió 34 millones por la cancelación voluntaria de ocho derivados, mientras que Acuamed soportó otros 46 millones por extinguir anticipadamente varios contratos financieros. En ambos casos, el órgano fiscalizador cuestiona la gestión realizada y considera que, al menos en determinadas operaciones, habría resultado más prudente esperar antes de proceder a su cancelación para comprobar si mejoraba la valoración de los derivados.
Derivados, impropios del sector público
Uno de los reproches más contundentes del informe se dirige a la contratación de productos financieros especialmente complejos. El Tribunal señala que algunas entidades, principalmente de los sectores del agua y de los puertos, llegaron a contratar derivados que incorporaban la venta implícita de opciones financieras, una estructura que limitaba los beneficios cuando subían los tipos de interés pero que exponía a las empresas públicas a pérdidas potencialmente ilimitadas si el Euríbor descendía.
En el caso de Acuamed, el informe sostiene incluso que uno de los derivados suscritos no debería haberse contratado por una entidad pública, al incorporar una cláusula de cancelación anticipada obligatoria que, en la práctica, convertía la operación en una apuesta sobre la evolución futura de los tipos de interés.
Fallos de control y de gobernanza
Más allá del impacto económico, el Tribunal detecta importantes deficiencias en los mecanismos de control interno de varias empresas públicas.
El informe cuestiona la gobernanza de entidades como Adif, Adif Alta Velocidad, Renfe Operadora o Canal de Navarra, al constatar que, aunque sus consejos de administración autorizaron las operaciones de endeudamiento, no recibieron información suficiente y transparente sobre la contratación, las modificaciones o el coste real de los derivados financieros asociados a esos préstamos.
Asimismo, el órgano fiscalizador aprecia que la mayoría de las entidades no verificó que los derivados se hubieran contratado a precios de mercado, ni comprobó de forma independiente las valoraciones y los costes de las cancelaciones anticipadas calculados por las propias entidades financieras.
Sin reclamaciones pese al perjuicio
El Tribunal también llama la atención sobre la escasa reacción de los gestores públicos pese al elevado coste soportado durante años.
Salvo Aena y la Autoridad Portuaria de Valencia, ninguna de las entidades analizadas emprendió acciones judiciales ni presentó reclamaciones ante el Banco de España para revisar la comercialización de estos productos o cuestionar las liquidaciones practicadas por las entidades financieras.
Ante estas conclusiones, el Tribunal recomienda reforzar el papel de los consejos de administración en la aprobación y supervisión de las políticas de cobertura financiera, verificar de forma independiente las valoraciones realizadas por la banca y valorar la presentación de reclamaciones ante el Banco de España o incluso el ejercicio de acciones judiciales cuando existan indicios de perjuicio económico.
Escaso control sobre los altos cargos
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó además otro informe de seguimiento sobre las recomendaciones formuladas en anteriores fiscalizaciones relativas a los altos cargos y órganos de gobierno de las entidades del sector público estatal, cuyo balance tampoco son favorables.
El órgano fiscalizador concluye que, a junio de 2026, el grado global de cumplimiento de sus recomendaciones apenas alcanza el 58,5%, un nivel que califica de “moderadamente bajo”. De las 150 valoraciones realizadas sobre las medidas propuestas para mejorar la gestión de altos cargos y directivos públicos, 44 corresponden a recomendaciones incumplidas, frente a 71 que se consideran plenamente ejecutadas.
El informe también pone el foco en la actuación del Ejecutivo. Según el Tribunal, las resoluciones aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas presentan un grado de cumplimiento de solo el 37,5%, una cifra que atribuye al bajo nivel de ejecución por parte del Gobierno.
Entre las recomendaciones que siguen pendientes figuran la mejora de la transparencia en las retribuciones y beneficios de los altos directivos, la fijación de criterios objetivos para los complementos variables, una mayor motivación de los nombramientos y ceses y el refuerzo de los mecanismos para prevenir conflictos de interés y mejorar la publicidad de la información sobre los máximos responsables de las entidades públicas.