La renuncia de Ábalos: un movimiento político y personal más que procesal

Dejar el acta de diputado era una opción que sobrevolaba en la cabeza de José Luis Ábalos desde que el Tribunal Supremo abrió una investigación contra él. De hecho, había amagado varias veces con tomar la decisión. Renunciar a su escaño hubiera destinado la instrucción de su causa a la Audiencia Nacional. Una investigación que podría haberse prolongado incluso décadas dando margen a Ábalos para eludir la prisión provisional un tiempo.

Sin embargo, optó por mantener su escaño hasta este miércoles, tras dos meses en prisión y cuando ya está abierto el juicio oral por la primera pata de la investigación en el Tribunal Supremo; aquella que persigue mordidas en los contratos de material sanitario durante la pandemia.

Por eso, para explicar este giro de guion, no hay que mirar a una estrategia procesal, sino a efectos políticos y personales.

Desde que entró en prisión estaba suspendido de su actividad parlamentaria, es decir, no podía votar ni ganaba sueldo de diputado. Eso quitaba un voto a la bancada socialista. Con la renuncia, desbloquea su escaño para que lo asuma el siguiente nombre de la lista: Ana González.

En esta legislatura de votaciones ajustadísimas cada voto cuenta y de esta forma el Gobierno podría sacar medidas sin necesitar el sí de Junts. Tan solo bastaría con la abstención de los de Puigdemont.

Fuentes de su entorno aseguran que la decisión la toma por sí mismo, una decisión personal que no ha consultado con su abogado: “Llevaba dos meses sin percibir ninguna retribución, ahora puede ser pensionista. Ha sopesado todo. Tenía vocación política, pero no podía continuar”.

La maniobra podría servir a Ábalos también para cobrar la indemnización que le corresponde en el Congreso. Sería casi el sueldo íntegro de dos años, entorno a cien mil euros.

Fuentes consultadas por Artículo14 explican: “No hay ninguna razón jurídica para no pagar la indemnización. En principio hay que pagarla, aunque la Mesa ha de tomar la decisión final. El hecho de que un diputado dimita por estar imputado penalmente nunca ha excluido la indemnización. A Cerdán le fue pagada, por ejemplo”.

Y añaden que lo que diferencia la situación de Ábalos es la prisión provisional, pero según el reglamento solo “determina la suspensión en la condición de Diputado, pero no implica en absoluto la pérdida de la indemnización procedente en el caso de que abandone el escaño. De todas formas, la Mesa ha de decidir. Y no es descartable que les de miedo mantenerle el derecho a la indemnización. Es bastante dinero”, concluyen.

Consecuencias procesales

A nivel procesal, el movimiento de Ábalos no afecta en absoluto al juicio que ya tiene abierto en el alto tribunal por el presunto amaño de contratos de material sanitario por el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exministro.
 
El día para debatir las cuestiones previas es el 12 de febrero. A la cita acudirán todas las partes y se expondrán las nulidades. Es decir, las defensas de los tres investigados argumentarán por qué creen que ha de archivarse el caso. Será ahí cuando su defensa alegue que no sahe han respetado sus derechos como diputado y que se le comenzó a investigar antes de que el Congreso hubiera dado permiso.

Por tanto, a pesar de que ya no goce de aforamiento, esta parte de la investigación que ya está terminada se queda en el Supremo. Ábalos cree que la instrucción que le ha hecho el alto tribunal ha sido completamente desventajosa: “La celeridad del proceso podía haberle brindado garantías para defender su inocencia, pero insólitamente en esta instrucción no se ha admitido ninguna diligencia pedida por las defensas ni se ha valorado ninguna prueba de descargo. Las garantías de estar en el Supremo han ido cayendo como en un castillo de naipes y le han perjudicado”, analizan fuentes de su entorno. Incluso aseguran que de haber renunciado antes al acta y haber destinado su causa a la Audiencia Nacional no hubiera entrado en prisión provisional.

Así las cosas, fuentes del Supremo aseguran que por mucho que hubiera querido Ábalos, el acta de diputado no le hubiera durado mucho más. El juicio oral se celebrará entre marzo y abril, y apuntan a una sentencia condenatoria “antes del verano”. Es decir, que probablemente hubiera perdido el aforamiento dentro de unos meses abocando la segunda parte de la investigación a la Audiencia Nacional donde se juzgan los casos de corrupción de gente que ya no ostenta un cargo público.

Las consecuencias para Cerdán

En esta segunda pieza se indaga en el amaño en la contratación de obra pública, y aquí está imputado también Santos Cerdán. En consecuencia, la renuncia de Ábalos tiene efectos para el otro exsecretario de Organización socialista que ya no será investigado por el Supremo.

Fuentes de su defensa lamentan este giro porque creen que en la Audiencia Nacional la causa se puede prolongar hasta quince años y eso le sustrae la posibilidad de demostrar su inocencia: “Le perjudica, esto se puede prolongar hasta el infinito”, aseguran.