Todo parte del registro en casa de Antxon Alonso, el dueño de Servinabar, amigo de Santos Cerdán e imputado en la Audiencia Nacional por estar implicado en una trama de amaño de adjudicación de obra pública. Allí, la UCO de la Guardia Civil encontró las conversaciones del grupo Hirurok, “nosotros tres” en castellano.
Un canal de comunicación a través de Threema, una aplicación de mensajería más segura que Whatsapp. Los participantes eran Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y Antxon Alonso. Según los investigadores, actuaban de forma coordinada para interferir en operaciones vinculadas a la Administración Pública con intereses económicos de por medio.
El hallazgo de los agentes llevó a la Fiscalía Anticorrupción a abrir otra causa que conduce ahora el juez Santiago Pedraz. La semana pasada se levantó el secreto de sumario, y ahora Artículo 14 ha tenido acceso al contenido de lo encontrado por los agentes. En el análisis de las conversaciones se constata que, pese haberse cuidado de utilizar sistemas seguros de comunicación, los protagonistas dejaron absolutamente todos sus movimientos por escrito. Hacían documentos con cada movimiento.
La UCO sitúa en el primer trimestre de 2021 el inicio de su relación, cuando tuvieron una reunión presencial. Al acabar, Leire Díez redactó un texto con los objetivos que se marcaron y con las tareas a realizar cada uno. Ya en esa primera reunión, se analizan los contratos relacionados con la Administración Pública.
“Merkaeuskadi, correos porcentaje de los contratos que lleve Antxon”, decía el word de Leire Díez, en el que había numerosas referencias a empresas públicas participaras por la SEPI que, casualmente, había sido presidida Vicente Fernandez. “Correos, Mercasa, Navantia”, señalan los agentes.
Una de las anotaciones decía: “Leire se encargará de fachear la zona”. En otra de ellas: “Hay que ir a reclamar información a Mercasevilla. Vicente enviará a alguien”.
Para canalizar las mordidas utilizaron Mediaciones Martínez, sociedad propiedad de Vicente Fernández. La UCO alude a que había dos tipos de ingresos los mensuales y los que correspondían cuando conseguían alguna licitación. Los pagos mensuales los llamaban “iguala”, según las conversaciones incautadas, y eran pagos de entre entre 2.000 euros y 6.000 euros. “A éxito” eran las cantidades abonadas ligadas a la “actuación desarrolladas a través de un porcentaje”. Es decir, las mordidas que conseguían cuando conseguían una adjudicación.
Así las cosas, los agentes apuntan a más de 700.000 euros en comisiones. Hablan de contratos entre Servinabar y Mercasa y reseñan “la inncessariedad de la contratación de Servinabar cuyo aparente objeto sería viabilizar a través de documentos técnicos aparentemente mendaces el cambio de domicilio social obteniendo rédito económico”.
En estas maniobras, Leire Díez dejaba constancia en sus apuntes de las conversaciones con los directivos de Mercasa, como María Teresa Castillo y Vicente Fernández hablaba de las mordidas.
Tubos reunidos
Otro de los contratos bajo la lupa son los de Servinabar con Tubos reunidos, que según los agentes “no surgió de la necesidad de tubos reunidos” sino que “se preguntó de antemano qué se podría hacer con Servinabar”. Esto es, la trama buscaba atajos para poder seguir amañando contratación pública.
Asimismo la trama se centró en Erri Berri, una empresa navarra especializada en demoliciones a la que consiguieron una adjudicación de 2,85 millones de euros a cambio de una comisión de 400.000. Maniobras que dejaron reflejadas en sus móviles y que ahora obran en poder de la UCO.
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