La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han sido admitidas como acusación popular en el caso Jardun. En esta causa, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, los abertzales Malen Grünig y Aratz Bilbao están siendo investigados por la presunta comisión de un delito de terrorismo.
Cabe recordar que ambos fueron identificados a las 04:03 horas del pasado 26 de septiembre en la localidad guipuzcoana de Escoriaza durante un control de alcohol y drogas efectuado por la Ertzaintza. Grünig, conductora del coche en el que iban, manifestó a los agentes del cuerpo policial vasco que venían de la Sierra de Urbasa, en Navarra.
En el interior del vehículo, reflejan las resoluciones judiciales emitidas por el magistrado Piña, se localizaron “planos de situación de zulos que fueron de ETA y listados de guardias civiles”. También había una mochila, situada en los pies de Bilbao, en cuyo interior se encontraron “fotografías de entrenamiento para la perpetración de actos violentos, decenas de anotaciones manuscritas de matrículas que pudieran corresponderse con vehículos policiales, informaciones sobre un posible zulo con material, fotografías con banderas de ETA o el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional”. Además, en el asiento trasero del coche se localizó un bolso de tela perteneciente a Grünig, el cual contenía dos walky talkies. Estos dispositivos, indican las resoluciones judiciales -dos autos-, “permiten enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. Asimismo, ella no llevaba su teléfono “para evitar que pudieran ser localizados”.
Es por ello que la AUGC pedirá conocer “con exactitud” cuántos guardias civiles figuran en los listados intervenidos y que cada uno de ellos sea informado de forma “individual y reservada”, así como la adopción inmediata de medidas de protección para los indiciariamente afectados y sus familias. La asociación también reclamará que se esclarezca cómo llegaron a los investigados datos de un funcionario contenidos en documentación entregada a una administración pública, que se “depuren las responsabilidades que correspondan” y que se investigue “a fondo” la posible existencia de una estructura más amplia “dedicada a recabar información sobre agentes”.
“No estaban cometiendo un delito”
Los investigados se marcharon entonces sin ser detenidos debido a que “no estaban cometiendo un delito”. Así lo aseguró el consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, el pasado 21 de octubre. Escasos días antes de la pronunciación de esas palabras, y casi un mes después de la identificación de Grünig y Bilbao, la Ertzaintza emitió un comunicado en el que indicó que ambos se personaron en la comisaría del cuerpo policial vasco de Irún, acompañados por su abogado, se les tomó declaración y fueron detenidos tras la realización de diligencias de investigación.
En ese escrito hecho público el 17 de octubre se informó de que la Ertzaintza identificó el 26 de septiembre a tres personas “que portaban diverso material muy sensible y respecto a las cuales ya se contaba con antecedentes relevantes”. Esos “antecedentes relevantes” serían, según las resoluciones judiciales, que sobre Grünig “constaba un señalamiento Schengen de Italia de control discreto por razones de seguridad nacional”. Algo similar en los casos de Bilbao y Naoise O’Conarain, el tercer integrante del coche. Sobre el primero “pesaba un señalamiento de Francia de control específico por razones de seguridad nacional”, mientras que sobre el segundo “pesaba un señalamiento de Francia de control discreto”.
Una “organización de la izquierda radical violenta”
Lo único conocido hasta ahora de manera pública, tal y como reflejan las resoluciones emitidas por el juez Piña y el comunicado de la Ertzaintza, es la entrada en prisión provisional de dos personas, lo que había en el coche en el que iban ambas o su personación en una comisaría de Irún. Al contrario de lo que ocurre con la investigación policial, cuyo grueso no se ha hecho público. Y es que los autos apuntan a la importancia de los atestados: “El papel desarrollado por los investigados se evidencia en los hechos recogidos en los distintos atestados policiales”.
En el interior de la mochila que tenía Bilbao en sus pies también había documentación relacionada con Jardun Koordinadora. Tanto Grünig como Bilbao, según las resoluciones del juez Piña, forman parte de esta plataforma compuesta a su vez por Jarki, la cual se define como una “organización que promueve la lucha ideológica revolucionaria, independentista y socialista”, y Aske, una “organización independentista, socialista, proamnistía y contra la represión”.
Relacionado con ello, dicha mochila contenía “cantadas de otros miembros de la organización que fueron objeto de detención”. El abogado de los investigados, Aratz Estomba, negó el pasado 20 de octubre que existan indicios contra sus clientes y justificó la posesión de datos sobre agentes policiales en que Bilbao “había detectado varias infiltraciones que iba a destapar”. Además, el letrado señaló que los detenidos participaban en “dinámicas lícitas de lucha política y desobediencia”.
Los autos explican que acorde con el cambio de estrategia del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) en 2010, ETA decretó el cese definitivo de su actividad terrorista en 2011. Sin embargo, militantes del entorno del MLNV, “disconformes con esa decisión”, fueron agrupándose en diferentes organizaciones. Una de ellas es Jarki, que lleva conformada desde mediados de 2013, “habiendo pasado todo este plazo sin haber sido detectada merced de la discreción, medidas de seguridad y pautas de clandestinidad con las que operaban sus integrantes”.
Grünig, indican las resoluciones judiciales, “es una militante activa de Jarki/Jardun, ha participado y ha sido identificada en varios actos violentos protagonizados por esa organización, sobre la que hay un señalamiento de control solicitado por Italia, lo que hace suponer que ha desarrollado una actividad similar en otros países“.
Por su parte, Bilbao ha sido definido por el magistrado Piña como el “motor principal de Jarki/Jardun”. “Se tiene conocimiento de que ha participado muy activamente en su creación y desarrollo, ejerciendo un papel de responsabilidad dentro de esta organización de la izquierda radical violenta“, se especifica en los autos. Además, él “ha sido el principal impulsor y dinamizador, ha llevado a cabo labores de captación de militancia, elaboración de manuales de seguridad, directrices organizativas, ponencias políticas, gestión de finanzas, organización de actos e interlocución con otras organizaciones ideológicamente afines”.
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